Estos son los primeros proyectos que se aprobarán en remoto en las comisiones de la Cámara de Diputados
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La receta digital y la economía del conocimiento serán los dos primeros dictámenes que saldrán este lunes y martes de manera remota de parte de las comisiones de Salud y de Comunicaciones e Informática respectivamente, con el objetivo de ser tratados en el recinto de Diputados en la próxima sesión virtual, que podría realizarse entre miércoles o jueves.
La comisión de Salud sesionará este lunes por la tarde mientras que la de Comunicaciones lo hará el martes. La primera buscará emitir dictamen favorable del proyecto de ley que regula la prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas, además del sistema de telemedicina, es decir, la atención a través de plataformas digitales, camino por el que se tuvo que optar en el medio de las restricciones que impuso la cuarentena por el coronavirus.
El martes, en tanto, será el turno de la comisión de Comunicaciones, presidida por Pablo Carro, del Frente de Todos. Ese día se buscará emitir el dictamen para la economía del conocimiento, cuyo texto volvió a tener modificaciones respecto al que había ingresado en febrero al Congreso.
Uno de los cambios se concentra en el artículo 4 en donde se establecen los requisitos de inscripción para acceder a los beneficios. Para ello, el 70% de la facturación de las empresas deberá corresponder a actividades promovidas o que las desarrollen para incorporar conocimientos derivados de avances científicos y tecnológicos en sus procesos, productos o servivios.
Para ello, las empresas deberán reunir dos de los tres requisitos exigidos, tales como la acreditación de las mejoras continuas en la calidad de lo que producen, de las erogaciones en actividades con capacitación (que es del 3% para las microempresas, de 5% para las pyme y de 8% para las grandes empresas) o de investigación y desarrollo cuyos porcentajes son menores pero que siguen la misma proporción según el tamaño de la empresa.
El otro artículo que se modifica es el 2 vinculado con los porcentajes que deben acreditar los distintos tipos de organizaciones, en relación con su tamaño, para acceder a los beneficios. Asi, las micro empresas deberán acreditar al menos un 4% de exportaciones de las actividades promovidas, las pyme deberán hacerlo en un 10% mientras que las grandes empresas deberán acreditar un 13% de exportaciones de esas tareas.
"Estas modificaciones se alcanzaron a través del diálogo y con el consenso del Poder Ejecutivo, la oposición y los distintos sectores de la industria, lo que hacen viable la aplicación del régimen al facilitar tanto los requerimientos de capacitación como la transición de estos tiempos difíciles de la crisis y la post pandemia, especialmente para las pequeñas empreas que ven aliviados los requisitos", dijo a iProfesional el diputado Pablo Carro.
Para el legislador, estas modificaciones precisaron el alcance y el foco del mismo para que los recursos que los argentinos inviertan en las desgravaciones del sector tengan el mejor impacto en la cadena de valor, la competitividad y el empleo del sector.
Alertas por modificaciones
La semana pasada, las grandes multinacionales reunidas en Argencon, la cámara que representa a las empresas que prestan servicios de conocimiento, pidieron que los requisitos para adherir al régimen harán lenta la implementación de la ley.
En diálogo con iProfesional, el directivo consideró que "la implementación del régimen debería ser rápido para enfrentar la recesión. Pero si el proceso de alta dentro de la ley es lento el impacto también y es la principal debilidad que tiene el texto".
Galeazzi no cuestionó los beneficios que, en el nuevo proyecto, son más amplios para las empresas medianas y pequeñas que para las grandes, sean o no multinacionales. Pero sí dijo que, cuando se avanzó con el nuevo texto, en febrero pasado, todavía no se vislumbraba lo que provocaría la pandemia y que, por esa razón, hay requisitos que, mientras duren las medidas por la emergencia sanitaria, deberían flexibilizarse.
"Obligaciones como tener prácticas de calidad o determinado nivel de inversión de I+D no se van a poder producir en el medio de la emergencia sanitaria. Por esa razón, consideramos que debería establecerse un régimen transitorio en emergencia que postergue esos cumplimientos hasta que se vuelva a la normalidad", apuntó.