La gestión Fernández acumuló casi 30 pedidos de juicio político: cuáles fueron, uno por uno

Desde que inició su gestión como presidente de la Nación, Alberto Fernández, su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner; y varios de sus ministros, fueron señalados por la oposición por irregularidades en sus funciones. En ese sentido, tanto Juntos por el Cambio (JxC) como la Unión Cívica Radical (UCR) impulsaron varios pedidos de juicio político.

Cuáles fueron los casi 30 pedidos de Juicio Político durante la gestión de Alberto Fernández

Uno de los últimos pedidos de juicio político fue impulsado por el diputado de la UCR Mario Negri que alude al intento del exjefe de Estado de disolver la Corte Suprema de Justicia, también a través de un pedido de juicio político. En ese contexto, Negri y todos sus compañeros de bancada indicaron: "Es nuestro deber evaluar la falta de idoneidad en el manejo de la cosa pública, más cuando se torna repetitivo el violentar la Carta Magna  por parte de quien ejerce uno de los poderes del Estado".

Claramente, este intento de Fernández de disolver la Corte Suprema generó un revuelo a nivel nacional, tal es así que días antes de Negri, el diputado Ricardo López Murphy había presentado otro pedido de juicio político. En este último caso fue por "mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones", ante el intento de llevarse "puesta la República". "No hay espacio para dudas. 

López Murphy hizo eco de su pedido de juicio político en diciembre de 2022.

No nos rendiremos ante un gobierno golpista", había expresado Murphy vía redes. Este pedido fue acompañado por Martín Tetaz y Fernando Iglesias, aunque fue rechazado por Facundo Manes, uno de los líderes de la UCR, lo que generó grandes asperezas internas.

El ex presidente y su defensa a Milagro Sala

Ese mismo día, José Luis Espert, diputado -en ese entonces- de Avanza Libertad, presentó tu propio pedido de juicio político a Fernández. En esta oportunidad, Espert apuntó contra la "interferencia en el poder judicial jujeño por parte del presidente". Según detalló en su pedido, el jefe de Estado había brindado una conferencia de prensa en la que calificó a Milagro Sala, dirigente social condenada por malversación de fondos públicos, extorsiones y agresiones físicas, como una "perseguida política". 

Por tales afirmaciones, aseveró: "La falta de conducción política pone en serio riesgo la situación económica de argentina y pone en riesgo el tejido social, al extremo, la crisis política generada por la misma coalición de gobierno, pone en jaque las instituciones de la República, por ello, resulta necesario llevar adelante este proceso constitucional".

Alberto Fernández insinuó que el fiscal Diego Luciani podría suicidarse

Anteriormente, los jefes del interbloque de Juntos por el cambio, liderados por Cristian Ritondo, presentaron otro pedido de juicio político contra el exjefe de Estado por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Aquí, estuvo ligado a unas desafortunadas declaraciones de Fernández sobre el fiscal Diego Luciani -el mismo que condenó a la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad-, donde dio a entender que este podría "quitarse la vida" tal "como lo hizo Nisman".

En ese sentido, Ritondo, Negri, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, y varios integrantes del interbloque de Juntos, consideraron "temerarias y amenazantes" las expresiones del entonces presidente ante los medios y lo acusaron de querer "limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales". Por el mismo motivo, la diputada Graciela Ocaña también presentó un pedido de juicio político con su firma y opinó que "el peso de las palabras cobran mayor gravedad al reconocer que lo que conecta a estos fiscales es su trabajo exponiendo los ilícitos de un gobierno del mismo signo político que el del presidente".

Bajo esa misma línea, Ricardo Buryaile elevó su presentación, donde fue acompañado por Pablo Torello y José Luis Espert. A su consideración, que Fernández haya salido a defender a su vicepresidente, condenada por malversación de fondos público y jefe de una asociación ilícita y a contradecir la decisión de la Justicia, denota un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada uno de los poderes del Estado.

Juicio político por la pandemia de Covid 19

Los escándalos que salpicaron el mandato de Fernández, tales como la "Fiesta en Olivos", las reuniones con periodistas y modelos, y el "Vacunatorio VIP", impulsaron varios pedidos de juicio político por parte de los congresistas. En agosto del 2021, Negri, acompañado por Cristian Ritondo, Gustavo Menna y Omar De Marchi, entre otros, elevaron una presentación contra los incontables Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) registrados durante la pandemia por coronavirus. 

Puntualmente, los diputados arremetieron contra el expresidente porque lo consideraron "hipócrita" al obligar a la población a someterse a largas cuarentenas, sacrificar meses de trabajo y, a los más jóvenes, de clases, para que luego trasciendan imágenes suyas celebrando cumpleaños y participando en reuniones con grandes convocatorias. "Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebalsó el vaso", consideraron los firmantes ante la viralización de la foto del "Olivos Gate".

Luego, se sumaron dos pedidos más, uno de José Luis Patiño, por el contenido de la carta que se envió al representante del Fondo Ruso de Inversión Directa Anatoly Braverman, que relevaba un interés particular del Gobierno en promover, únicamente, la inoculación a nivel nacional, con la Sputnik, y por descartar la llegada de otros laboratorios que podrían haber reducido el tiempo de vacunación masiva. Otro pedido, el primero que impactó a Fernández, fue de Álvaro de Lamadrid, quien le atribuyó al expresidente y a su vice haber atentado contra el orden democrático al pedir que cederle facultades extraordinarias en el DNU "Emergencia Covid". 

Alvaro Lamadrid fue otro de los dirigentes que pidió juicio político contra Alberton Fernández.

La pandemia fue un gran disparador de pedidos de juicios políticos, puntualmente tras darse a conocer la foto del cumpleaños de la exprimera dama y el "Vacunatorio VIP". En este período, tanto el exministro de Salud, Ginés González García, como el de Educación, Nicolás Trotta, y el de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, cargaron con pedidos de juicio por "mal desempeño de funcionario público".

Cristina Kirchner, también en la mira del Congreso

Pero, el ex mandatario no fue el único que acumuló pedidos de juicio político, su vicepresidente también fue señalada por los diputados en plena gestión. El primer pedido contra la líder del kirchnerismo fue presentado el 17 de diciembre del 2020 y fue presentado por Coalición Cívica encabezados por Juan Manuel López. 

Éste se respaldó en "un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento". Puntualmente, a Fernández de Kirchner le atribuyeron la ideación de "un plan orquestado y ejecutado por funcionarios vinculados a ella que tiene por finalidad garantizar su impunidad", dijeron sobre la  modificación de la Ley de Ministerio Público impulsada dicho año.

Otra petición que la involucró fue presentado por López Murphy tras la condena en la Causa Vialidad. Concretamente, el diputado consideró que, un funcionario condenado por desvíos de fondos en perjuicio del Estado, no podía continuar ejerciendo sus funciones "aunque la condena aún no se encuentre firme, justifica plenamente la destitución de la vicepresidente de la Nación".

Los ministros con juicio político en su contra

Quienes se desempeñaron como ministros de Alberto Fernández también cargaron con varios pedidos de juicio político. Uno de ellos fue Aníbal Fernández, exministro de Seguridad de la Nación, debido a que amenazó al caricaturista "Nik" vía X (ex Twitter), dando a entender que podría increparlo, pues sabe dónde vive.

Pero no sería el único, también elevaron pedidos de juicio contra el exintendente de Quilmes por desligarse de responsabilidad ante el avance de las mafias narco en Rosario, Santa Fe, y por mentir con los datos sobre los homicidios entre el períodos 2017-2019 en la misma provincia.

También, la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, acumuló 3 pedidos de juicio político durante su breve gestión. El primero lo promovió Elisa Carrió, debido a unas expresiones sobre el terrorismo internacional y el supuesto financiamiento del grupo Hezbollah. El segundo lo elevó Francisco Sánchez ante la inacción de Frederic frente al conflicto mapuche en el sur del país, y el tercero lo presentó José Luis Patiño por haber promovido la toma de tierras en el territorio bonaerense. 

El exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, también acumuló pedidos de juicio político. El primero, cuando aún no había asumido como ministro de Culto, fue por no presentar sus informes ante el Congreso en su rol como jefe de Gabinete. Luego, Waldo Wolff, elevó un pedido por su total desinterés en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA; y presentó otro más meses después por el caso del exembajador argentino en Israel Sergio Uribarri, quien presidió un acto gubernamental que debería haber sido comandado por Cafiero. 

Es decir que, en cuatro años de gestión, el expresidente acumuló 13 pedidos de juicio político, su vice 6, y 10 sus ministros, entre Aníbal Fernández (6); Santiago Cafiero (2); Martín Soria (1) y Eduardo "Wado" de Pedro (1). Los otros pedidos de juicio político quedaron sin valor, dado que los entonces ministros renunciaron a sus cargos.