El Gobierno reveló una fecha clave para la Hidrovía, mientras prepara el libre ingreso de buques extranjeros

El proceso licitatorio del año, por el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, tiene una nueva fecha clave, que ya está marcada en rojo en las oficinas de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a cargo de Iñaki Miguel Arreseygor.

Se trata de un corredor fluvial de más de 3.400 km de largo que conecta los puertos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, por donde salen los productos que la región comercializa al mundo.

Hidrovía: el Gobierno anuncia fecha clave

El próximo 9 de abril, los referentes más importantes del comercio exterior, la industria y el agro tendrán una cita con los funcionarios de la administración de Javier Milei, en el Palacio Libertad (ex CCK), para recibir objeciones y propuestas que permitan rehacer los pliegos de la licitación, que el Gobierno decidió anular, debido a que solo una empresa presentó una oferta y para garantizar la transparencia y competitividad del proceso. 

La convocatoria, realizada por la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación, se produce a casi dos meses del fallido intento de concesionar la hidrovía, que terminó anulado tras la presentación de una única oferta por parte de la empresa de origen belga, DEME y una sucesión de litigios judiciales promovidos por el Gobierno Nacional que derivaron en denuncias ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Son horas cruciales para la gestión de Arreseygor, que el miércoles visitó las instalaciones de Tec Plata, la primera terminal portuaria en el área de Buenos Aires, habilitada a recibir buques de hasta 366 metros de eslora y 51 metros de manga. En este marco, el funcionario destacó su capacidad operativa, innovación logística y liderazgo ambiental, y que se apresta a realizar importantes cambios en la ley de cabotaje nacional.

Una medida respaldada por las provincias y rechazada por los gremios

Por un lado, desde la gobernación santafesina de Maximiliano Pullaro y otros funcionarios provinciales de estados con intereses en la hidrovía, venían solicitando las modificaciones para que se cambie la normativa y se permita a embarcaciones de bandera extranjera hacer cargas y descargas en distintos puertos nacionales.

Por el otro, gremios del sector portuario y sectores nacionalistas, que apoyaron a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, y suelen señalar que se trata de una medida que atenta contra los intereses nacionales y, hasta, de defensa del territorio.

Desde luego, los cambios en la ley de marina mercante, que son y serán resistidos por sectores de la logística y de la industria, que suelen expresar que los paraguayos tienen menores costos impositivos y laborales para emprender, se producirán antes que tarde y podrían ser parte de una nueva tanda de decretos del Poder Ejecutivo durante este mes.

El instrumento legal por el cual se realicen los cambios podría traer repercusiones entre la Casa Rosada y la Casa Gris, sede de gobierno de Santa Fe.

Ley de cabotaje nacional: la propuesta de Maximiliano Pullaro

Mientras que el team Milei promoverá un decreto, el equipo de Pullaro prefiere que se sancione una nueva ley de cabotaje nacional, para una actividad que tiene a pocos empresarios y trabajadores argentinos ocupados en la actualidad.

En declaraciones a Rosario3.com, el ministro de Desarrollo provincial, Gustavo Puccini, expresaba que "..es clave trabajar en la apertura del sector para que puedan operar embarcaciones nacionales y extranjeras bajo ciertas condiciones, maximizando el tráfico comercial proveniente de Brasil, Paraguay y Bolivia", lo que permitirá una mayor actividad en los puertos de la capital provincial y en Rosario.

El decreto, en análisis, establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional podrán ser realizados por buques registrados tanto en Argentina como en el extranjero y los barcos de bandera extranjera podrán operar por períodos de hasta 180 días, renovables. Además, se elimina la obligatoriedad de contratar tripulaciones argentinas, permitiendo la contratación de personal de cualquier nacionalidad, siempre que estén habilitados como personal marítimo o fluvial.

La normativa permitiría a los armadores registrados en el Registro Nacional de Armadores, solicitar el cese de bandera provisorio ante la Prefectura Naval Argentina, para inscribir sus buques en registros extranjeros sin considerarse una exportación. Esta disposición excluye a los buques destinados a la pesca y tendrá una vigencia de hasta diez años, con reingreso automático sin costos adicionales.

Junto a estos anuncios, empresarios y trabajadores portuarios tomaron nota de la frase de Iñaki Arreseygor, cuando afirmó, recientemente, en la Bolsa de Comercio de Rosario que "…el gobierno viene a desregular la actividad y lo va a hacer, pero obras no van a haber".

Las obras serán de los privados y la desregulación llegará vía decreto, como suele suceder en esta gestión nacional y, a través, del análisis de ministerio de Transformación del Estado de Federico Stuzenegger.

En ese encuentro, el funcionario nacional aseguró que un dragado más profundo al norte del puerto de Timbúes, un departamento de la localidad de San Lorenzo a 135 km de la ciudad de Santa Fe, fue descartado por el funcionario al argumentar que el tránsito río arriba al gran Rosario es estrictamente barcacero y no amerita el gasto de tener una vía navegable apta para grandes barcos.