Síndrome de Edesur: empresas condicionan la inversión a que haya señales de respeto por la propiedad privada
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Casi como al pasar, en la recién difundida encuesta de expectativas de IDEA elaborada por la entidad empresarial en base a la mirada de los hombres de negocios sobre el futuro económico del país luego de la pandemia del Covid-19 se coló el respeto por la estabilidad institucional como factor predominante para la atracción de inversiones.
Como la encuesta fue realizada entre fines de junio y principios de julio, se puede inferir que la mención está teñida del conflicto por el fallido intento del Gobierno de expropiar Vicentin, fuertemente criticado desde el ámbito empresario argentino precisamente por entender que se trató de un intento de avance del Estado sobre el sector privado.
Con la sorpresiva aparición de un nuevo embate, ahora contra Edesur, el establishment vuelve a mostrar sus dudas sobre las verdaderas intenciones dialoguistas que el presidente Alberto Fernández dice tener.
O por lo menos, sobre las presiones que recibe de sectores del kirchnerismo oficialista para retomar las banderas del estatismo. Una reivindicación que plantea más Estado única solución para salvar al país del inevitable derrumbe al que se encamina.
Los ultra K consideran que la culpa de todos estos males no es la tiene solamente la pandemia del Covid-19 sino también "diabólicos" empresarios que durante el gobierno anterior se confabularon para "llenarse los bolsillos a costa del hambre del pueblo" y que, entonces, se los debe castigar quitándole sus bienes y traspasando sus empresas bajo el manto celestial del Estado.
Señales preocupantes
En ese marco, el reclamo de un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires para que se le quite la concesión a la principal distribuidora de electricidad del país le suma preocupación e incertidumbre a las ya fuertes dudas sobre el futuro de la economía.
Pero no solamente a partir de los factores de la macro economía con los que se debería aumentar la competitividad, como las reformas impositiva y laboral, o la baja de la inflación. También a partir de una agenda institucional que respete la propiedad privada y el trabajo del mundo empresario, como predominante para asegurar nuevas inversiones en un marco de estabilidad y respeto por las reglas de juego.
Es por eso que a partir del pedido de rescisión del contrato de concesión de Edesur es que ejecutivos de diferentes sectores vuelven a manifestar su preocupación ante la falta de apego por la propiedad privada y las leyes que regulan el proceso de inversiones que la Argentina necesita para salir del colapso al que fue llevado, primero por la recesión, y ahora por las medidas sanitarias usadas para combatir el coronavirus.
El último caso es el de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que acaba de expresar su preocupación ante los pedidos para que le sea quitada la concesión del servicio eléctrico a Edesur.
"El respeto por la propiedad privada y la normativa vigente son elementos claves para fomentar la inversión productiva, materia en la que Argentina registra un rezago notable y que es un pilar fundamental de los procesos de crecimiento de las naciones", remarca la entidad a través de un comunicado.
Desde la CAC se advierte que este tipo de acciones tendientes a incumplir los contratos resultan negativas no solamente para las partes directamente perjudicadas "sino también para el conjunto de la Nación, que de este modo se aleja del progreso económico y social al que aspira".
A modo de reclamo y ante los reiterados cambios en materia regulatoria que afectan al sector eléctrico, reclaman que el Gobierno inicie un proceso de negociación que no afecte la seguridad jurídica, a partir del diálogo como canal para resolver esas diferencias.
De todos modos, también le piden a Edesur que procure una adecuada prestación del servicio para el público usuario y a las autoridades que respeten los derechos de la empresa concesionaria.
Desde la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina también hicieron referencia a la situación de Edesur, teniendo en cuenta que la propiedad de la empresa está en manos de Enel, un grupo con sede en ese país europeo.
"Expresamos nuestra fuerte preocupación con respecto a la información que en los últimos días está circulando, según la cual se podría revocar la concesión y estatizar a Edesur, perteneciente al grupo italiano Enel, cuyo principal accionista es el Estado Italiano", sostiene el documento.
La entidad va más allá y se coloca del lado de la distribuidora en esta disputa al asegurar que el compromiso de la compañía "con la prestación de un servicio de calidad en las comunidades donde opera, que incluyen las áreas más críticas y vulnerables del conurbano, ha sido ampliamente demostrado con u$s720 millones de inversión en los últimos cuatro años".
Edesur se defiende
El de la inversión es un argumento que la propia Edesur ya esgrimió ante el avance de los intendentes mediante un informe en el cual se enumeran las acciones destinada a optimizar la red de tendido eléctrico, incluyendo obras de re-potenciamiento de 10 subestaciones, 359 centro de trasformación, 1.032 telemandos y 1.100 km de red en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado de las obras, según la compañía, desde 2016 a la fecha se han reducido los cortes de energía en un 40%, aunque todavía queda por resolver el problema estructural de las 81 bocas de expendio en las que es necesario que las autoridades municipales normalicen los barrios carenciados, que además adeudan su consumo desde el 2011, por un monto que asciende a los $3.000 millones, que con el congelamiento tarifario reducirá las posibilidades de la empresa de encarar nuevas inversiones.
A partir de estas cifras, la cámara italiana reclama al Gobierno que respete la seguridad jurídica, cumpla con los compromisos contractuales y las concesiones otorgadas por el Estado, y busque soluciones que apunten a la sostenibilidad económica, actual y futura.
"Estas condiciones son necesarias para atraer inversiones extranjeras, una pieza fundamental para la reactivación y el crecimiento sostenido del país, más aún en el marco de la crisis mundial causada por el Covid-19", remarca el comunicado.
Un mensaje similar que ya había sido expuesto por ADEERA, la entidad empresaria que agrupa a las distribuidoras de energía eléctrica y desde donde se le pide a las autoridades que se les garantice el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional, "de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo".
Hace unos días, ADEERA difundió un documento en el cual retrata la crítica situación que atraviesan las empresas de este sector en el marco de la actual pandemia pero procurando siempre preservar a sus clientes y sus operaciones.
"Es por ello que la calidad del servicio eléctrico se mantiene en parámetros de eficiencia, aun en las actuales circunstancias, hecho absolutamente comprobable por los distintos organismos de control del sector", señala el informe haciendo referencia a los datos que maneja el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Este escenario se sostiene a pesar de la importante caída en la recaudación de los últimos meses y de las dificultades que las actuales circunstancias producen sobre la operación del servicio, teniendo en cuenta también la tarea de las distribuidoras para asistir a muchos de sus usuarios, a través de planes de financiación, postergación de los cortes por falta de pago e inclusive reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, y la implementación en tiempo récord de sistemas de atención virtual.
Según ADEERA, del importe total de las facturas de electricidad que reciben los usuarios, sólo el 30%, en promedio, corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que representa el único ingreso que reciben las distribuidoras para operar, mantener y ampliar las redes que permiten mantener el servicio eléctrico.
La entidad empresaria agrega que el VAD no se actualiza desde hace dos años en la mayoría de las distribuidoras del país, ya sean estas públicas, privadas o cooperativas, en un contexto de inflación y generando una problemática de tal magnitud que dificulta sensiblemente la normal prestación del servicio con independencia de quien tenga a su cargo la gestión, sea éste un actor público o privado, produciéndose además graves repercusiones fiscales.