El Gobierno ya analiza el futuro de la concesión de Edesur: ¿qué alternativas existen?

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ya comenzó a analizar el futuro de Edesur, tras haber recibido el informe de los intendentes peronistas bonaerenses reclamando la caducidad de la concesión.

El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y entregado al interventor del organismo, Federico Basualdo, durante este mediodía.

El documento, de casi 30 páginas, lleva la firma de Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense y concluye con el pedido concreto de "rescisión de la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur, con el acompañamiento de los informes, notas y relevamientos realizados por distintos municipios dentro del área de concesión de la firma, requiriendo asimismo solicite a los municipios señalados la información detallada y que oportunamente, se de acogida favorable a la pretensión impetrada".

El Defensor del Pueblo bonaerense pidió el fin de la concesión del servicio por diversos incumplimientos

Sin estatización

El pedido no avanza sobre una posible estatización del servicio que actualmente brinda Edesur a 12 partidos bonaerenses y a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se detiene en la rescisión del contrato por el cual la distribuidora todavía tiene hasta el 2087 como operadora de ese servicio público.

"En función de los reclamos recibidos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur y las obras que esta empresa no llevó a cabo, se considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión", demanda el documento.

A modo de justificación del pedido, se hace referencia a "fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que se comprometiera y no llevara adelante", por lo cual la empresa no cumple con la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas en más de un 70% entre marzo y la actualidad.

La Defensoría también estima agotadas las 0instancias de diálogo con Edesur para normalizar el servicio ya que se intentaron mediaciones con los municipios, se promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede de la Defensoría del Pueblo que no llegaron a buen puerto.

A esto le piden sumar las multas que le aplico el propio ENRE en el 2018 y el 2019, y un cúmulo de reclamos crecientes en mayo, junio y julio, "que dan cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio, de los contratiempos y malestares que causa la mala prestación en los usuarios y consumidores del mismo".

En el informe también se cuestiona la calidad de "legalmente monopólico" del servicio y se advierte que esta situación "convirtió a los usuarios en clientes cautivos de las empresas prestadoras, dejando a los mismos sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él".

Según el planteo de Lorenzino, la génesis de dichos reclamos radica en la falta de inversiones por parte de la concesionaria, que no se verifican a la fecha y por lo que le pide al ENRE que certifique ese hecho y le pida precisiones a cada uno de los municipios que integran el área de concesión.

En los últimos tiempos, hubo reiterados cortes en varios municipios del sur del conurbano

Vulnera los derechos de los usuarios

Para el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, los municipios se ven afectados por la deficiente calidad del producto técnico que brinda Edesur, que se traduce permanentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica en vastos sectores de la población que se han visto incrementados en los últimos días, con la agravante de la situación de pandemia, así como la falta de cumplimiento de planes de inversión propuestos, mejora de las zonas y barrios que se encuentran a la espera de tendido de red eléctrica.

"Requerimos al Organismo de Control que arbitre todos los medios a su alcance a fin constatar la situación descripta y eventualmente sancionar a la mencionada empresa con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de dicha concesión", agrega el documento.

Acusa a Edesur de cometer "una flagrante vulneración de los derechos de los usuarios, a partir de la deficiente prestación del servicio, los reiterados cortes registrados en la provisión de energía, los numerosos reclamos por parte de los usuarios, las multas impuestas por el Órgano de Control, la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años, la falta de cumplimiento de los planes de inversión".

La empresa opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).

De acuerdo a lo manifestado por los Jefes comunales, los relevamientos realizados dan cuenta de zonas en las cuales se verifican cortes del servicio que exceden la duración permitida por los pliegos de concesión, y que se reiteran constantemente.

Para Lorenzino, el supuesto cúmulo de incumplimientos "configura un estado de situación grave, que nos lleva a cuestionar la continuidad misma de la concesión a la empresa".

Sostiene además que el derecho a la energía "configura un derecho humano" y que por eso se hace hincapié "en el rol que cumple la energía para el desarrollo económico y social en nuestra sociedad, y que nos permite asimismo el goce de otros derechos -igualmente esenciales- como el de la educación, la salud o, en términos más generales, a una vida digna".