Con apoyo internacional, la CGT denunció que Bullrich busca "criminalizar la protesta"

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió enfrentar al gobierno de Javier Milei como si fuese una partida de ajedrez. Por eso piensa cada jugada, entendiendo que una gran parte de la población, además de respaldar el plan "motosierra", ven a la dirigencia gremial como parte de la "casta".

Después de advertir que las medidas lanzadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntan a un ajuste que lo pagará la clase trabajadora, la central obrera denunció que "el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social" en la Argentina, y remarcó que aseguró que "la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho".

En tanto, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condenaron de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por la cartera de Seguridad, argumentando que esta medida, bajo el pretexto de establecer un "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación," otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales".

CGT no tomará medidas de fuerza

Fuentes cegetistas explicaron a iProfesional que "Milei ganó con un importante respaldo de la clase trabajadora. Un 50% de los empleados estatales lo votaron sin importarles que había prometido que venía con un plan de despidos en la administración pública" y agregó que "lo mismo se registró en otras actividades y en empresas que hoy anuncian, serán privatizadas".

Para un histórico dirigente del sector industrial, "debemos mantenernos en alerta y unidos, inclusive con otras centrales y organizaciones sociales", aunque admitió que "por ahora no vamos a convocar a medidas de fuerza, porque no queremos que se nos acuse de afectar la gobernabilidad, aunque esto es responsabilidad del gobierno".

La CGT sostiene que el plan de Bullrich estrategia para criminalizar la protesta social 

Sin embargo, admitió que "los tiempos se acortan dado el vértigo con el que se están desarrollando los hechos, con una gestión que parece decidida a avanzar sobre los sectores más desprotegidos, la industria nacional, el empleo y los jubilados, entre otros".

La conducción de la CGT, que encabeza Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, sostuvo que "la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho. El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical" y sostuvo que "la medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical"

"Ese protocolo procura subordinar la acción de la justicia a las fuerzas policiales y de seguridad. Más allá de las evidentes reservas constitucionales de la medida, la central ratifica que los trabajadores siempre fueron los primeros en respetar la ley, porque saben que ello es la mejor garantía para que sus derechos sean respetados", puntualizó.

Aseveró que "el respeto a la ley involucra a todos, es decir, a los ciudadanos y a las autoridades, que tienen que comprometerse de manera plena con la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional", relató que "la vigencia del Estado de derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo", y ratificó que "la consolidación de ese sistema de gobierno con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social".

Rechazo de centrales internacionales a la resolución del Gobierno

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) alertaron sobre las medidas anunciadas por Bullrich, señalando que "es particularmente alarmante que esta resolución prescinda de garantías judiciales posibilitando la identificación de los/as manifestantes, introduciendo una burda discriminación por razones de nacionalidad, creando un registro de organizaciones participantes de movilizaciones y abriendo el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".

En forma contundente, destacó: "Más aún, este paso autoritario se da en medio de un contexto económico tenso, donde el gobierno implementa un brutal ajuste fiscal que sin lugar a duda traerá consecuencias sociales devastadoras".

Para las centrales "resulta evidente que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar "el impedimento al tránsito, el gobierno argentino la verdad busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas".

Llamado de atención a Milei

En este marco, la CSI y la CSA denunciaron firmemente estas acciones como "un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales". Por eso, "exhortamos al gobierno argentino a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras".

Además, llamó a la comunidad internacional "a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina".

Esta resolución no solo es un ataque directo a las libertades fundamentales, sino también un intento descarado de silenciar la voz del pueblo argentino en un momento crucial para el país. La CSI y la CSA instan al gobierno a rectificar su curso y a comprometerse verdaderamente con la protección de los derechos democráticos y sociales en Argentina. Finalmente expresamos nuestra solidaridad y total apoyo al movimiento sindical y social del país y en especial a nuestras centrales afiliadas CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma.