Por qué AySA puede encabezar la lista de empresas estatales que van camino a ser privatizadas

A fuerza de aumentos tarifarios y ajustes internos, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) logró alcanzar, después de varios años en rojo, un equilibrio operativo entre ingresos y gastos mensuales y se perfila para ser una de las primeras empresas estatales de servicios públicos que podría pasar a manos privadas.

Mientras termina de cargar en su sistema de facturación el último aumento tarifario del 5,16% promedio que autorizó la administración de Javier Milei y que regirá a partir del primer minuto de agosto, la empresa salió a mostrar los resultados económicos del primer semestre del año que ha dejado la gestión libertaria.

Según los números difundidos por la conducción de AySA que encabeza Alejo Maxit -exfuncionario en la administración porteña y la ANSES y ex director de Telecom-, la empresa ha conseguido, tras casi un lustro de cuentas negativas, un equilibrio operativo y va camino a tener en los próximos meses un superávit en la prestación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento.

El aumento tarifario promedio del 209% aplicado a partir de abril y las posteriores actualizaciones mensuales le han permitido a AySA incrementar su recaudación en la primera mitad del año un 22% en términos reales con respecto a igual período de 2023.

AySA en la mira del Gobierno para ser privatizada: cuáles son sus ingresos

A esa mejora en la caja, que implicó un ingreso adicional de $33.000 millones, se agregó una reducción en los gastos devengados de operación bruta del 16% equivalente a $40.700 millones.

Las planillas de la empresa señalan que en mayo los ingresos netos escalaron a $52.300 millones frente a un total de gastos operativos brutos--sin amortizaciones y costos financieros-- de $51.700 millones.

Tras destacar que durante el año pasado los ingresos tarifarios cubrieron solo el 52,2% de los gastos operativos, los técnicos de AySA apuntaron que ahora --por la combinación de los incrementos en los servicios facturados, la reducción de pérdidas de agua en las redes y los recortes de gastos internos--los costos operativos han vuelto a cubrirse con la recaudación propia de la empresa.

Esa mejora en la caja representó una menor asistencia del Tesoro para atender los costos operativos del orden del 35% con respecto al año pasado, destinándose los fondos recibidos por esa vía solo a gastos extraordinarios, obligaciones negociables y contingencias no operativas.

AySA: se redujo el déficit financiero total

Los resultados económicos del período enero-mayo muestran que, tomando en cuenta los recursos y gastos de capital, el "déficit financiero total" de AySA se redujo un 69% comparado con igual período del año pasado.

Con respecto a los gastos de capital previstos para este año, la empresa siguió los lineamientos fijados a otras compañías estatales y procedió a paralizar la mayor parte de las obras y proyectos en marcha para evaluar cada caso en particular y establecer un nuevo orden de prioridades. A su vez, puertas adentro la conducción de AySA tiene en ejecución un programa de reducción de costos que apunta a lograr un achicamiento anual de erogaciones en términos reales comparado con el año pasado del 45% en el rubro vigilancia; del 43% en limpieza; 37% en telefonía y del 27% en la utilización del parque móvil.

En el plano laboral, la conducción de la empresa implementó un reordenamiento de tareas para reducir un 35% el pago de horas extras, junto con la implementación de un programa de retiros voluntarios destinado a podar en un 20% la cantidad de empleados. A comienzos de la gestión mileísta la empresa contaba con un total de 7.700 trabajadores y, según los datos oficiales, ya se han adherido al retiro voluntario alrededor de 1.200 personas. Para afrontar los desembolsos de esas salidas, AySA recibió del Gobierno una partida específica de $ 36.000 millones.

En lo que respecta a una futura privatización, AySA –junto con Intercargo, Correo Argentino, Enarsa, SOFSE, Belgrano Cargas y Corredores Viales, integra el lote de las seis empresas estatales que ya cuentan con la vía libre otorgada por la "Ley Bases" para pasar total o parcialmente a manos privadas cuando el Gobierno lo considere conveniente. Si la empresa sigue mejorando sus números y no se interrumpen los aumentos mensuales que le permiten mantener actualizados los ingresos, no se descarta que en los primeros meses de 2025 pase a encabezar los llamados a licitación para ser transferida a operadores privados.

Tarifas geolocalizadas más caras

A diferencia de los servicios de luz y gas donde rige una segmentación y quita de subsidios según los niveles de ingresos de los clientes residenciales, en el caso de AySA los niveles tarifarios se basan en un esquema geográfico y de valuación inmobiliaria que diferencia tres bloques de usuarios que viven en "zonas de valor alto, medio y bajo".

La zona de alto valor comprende los barrios porteños de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito, Puerto Madero y Retiro. A ellos se suman los barrios privados y countries ubicados en la zona norte del Conurbano. Como hogares de nivel medio quedaron incluidos, entre otros, los que están localizados en Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Almagro, Balvanera y San Nicolás. Y dentro de la categoría más baja aparecen los usuarios que habitan en Mataderos, Villa Soldati, Villa Lugano y en la gran mayoría de las localidades del norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires.

En abril, el Gobierno aprobó una actualización en el denominado "Coeficiente de Ajuste Tarifario K" junto con una quita de subsidios que dio paso a un aumento final promedio del 209% en las boletas residenciales, comerciales e industriales. A partir de mayo, entró en regir un ajuste tarifario mensual automático basada en una fórmula polinómica que toma en cuenta el índice de mejora salarial (45%); la variación de los precios mayoristas (44%) y la inflación a nivel minorista (11%).

El aumento derivado de esa actualización directa que entra a correr en agosto alcanza al 5,16%. Con esa suba, el aumento acumulado en lo que va del año trepa al 255%.

Según los cálculos oficiales, la factura media mensual sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos de $21.051 a $22.137. Para los hogares de la zona media, la boleta promedio de $19.118 se va a $20.104; mientras que para los usuarios residenciales de la zona más baja (1,2 millones), la factura promedio trepará de $15.362 a $16.155.  Los únicos hogares que aún tienen un subsidio tarifario del 15% son los correspondientes a los sectores bajos; mientras que para los clientes residenciales de las zonas alta y media rige la tarifa plena sin ninguna clase de bonificación.