Ni celulares ni vehículos: arrancó el "plan motosierra" en una de las obras sociales más grandes del país
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad parece haber replicado la política de acortar gastos que el gobierno nacional promueve, y a la que denominó "plan motosierra".
Según el presidente de la entidad, Oscar Sagás, se ha iniciado un proceso de auditoría para detectar aquellos gastos improductivos, generando un ahorro de recursos, para destinarlos a la mejora de servicios dirigidos a los más de 550.000 afiliados.
Obra social inicia su plan de ajuste: qué gastos recortará
"Desde el primer momento en que llegamos empezamos a hacer un relevamiento de todos los sectores", señaló Sagás, quien llegó a ser funcionario por su fuerte vínculo con el ministro de Defensa, Luis Petri.
Y añadió: "Nosotros hemos empezado a ver en los lugares en los que había bolsones de ineficiencia y en eso estamos trabajando. Empezamos con el tema de los contratos, dando de baja aquellos de personas que habían sido contratadas en 2023".
Asimismo, Sagás aseguró que decidió desvincular a 16 asesores, y que dieron de baja al 70% de las 200 líneas de celulares que se habían contratado en IOSFA. A este detalle, se le suma el recorte en el pago de combustibles para vehículos.
"Empezamos a ver detenidamente el tema de los vehículos en todo el territorio porque no había hoja de ruta, ni GPS ni ningún sistema de control del uso de combustible. Pero fundamentalmente tampoco se aclaraba quiénes usaban los vehículos y para qué", detalló Sagás. Y sostuvo: "Con nuevas normativas que sacamos se apunta a disminuir esos gastos para poner esa plata en las prestaciones".
"También nos encontramos 60 sumarios a los que les vamos a dar respuesta a la brevedad. Hemos empezado a trabajar en sistema de premios y castigos", concluyó.
DNU: prepaga se incorporan al régimen de obras sociales
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y presentado en cadena nacional el miércoles a la noche, establece un nuevo marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga y obras sociales, en el que se destaca, entre otros puntos, la modificación de la Ley 23.660, poniendolas en pie de igualdad con las empresas de medicina prepaga, por lo que se se descuenta que este punto será muy resistido por la CGT.
A partir de ahora, ya sean sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, las obras sociales "funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa".
Se trata de una modificación clave porque el DNU pone en igualdad de condiciones a las empresas de medicina privada con las obras sociales. Se descuenta que este punto será muy resistido por la CGT.
Actualmente, muchos empleados de mayores ingresos tienen una prepaga porque derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con la prepaga, pagando eventualmente la diferencia entre el costo del plan y el aporte. En adelante, las prepagas podrán captar afiliados de ingresos bajos o medios recibiendo los aportes obligatorios al sistema de obra sociales del cual formarán parte. La clave de este cambio depende de si las prepagas otorgarán la cobertura al trabajador y su grupo familiar con el aporte obligatorio o cobrarán algún adicional para alcanzar el costo del plan médico, o fijarán planes diferenciados, cubriendo como mínimo el Plan Médico Obligatorio.