Google, bajo presión: las medidas correctivas que podrían transformar su modelo de negocio por completo

La lucha contra las prácticas monopolísticas ilegales de las grandes tecnológicas alcanzó este miércoles un importante avance en los tribunales de Estados Unidos. Los fiscales del Departamento de Justicia y de varios Estados, que demandaron a Google por abuso de su dominio en el mercado de las búsquedas en internet, han solicitado una serie de medidas correctivas que podrían transformar radicalmente la compañía dirigida por Sundar Pichai.

Entre las soluciones propuestas, se encuentra la obligación de Google de vender su navegador Chrome, separar su sistema operativo Android, licenciar su motor de búsqueda a competidores y cancelar acuerdos preferenciales como los que mantiene con Apple. Además, la empresa quedaría sujeta a un control riguroso durante los próximos diez años.

En conjunto, las numerosas medidas planteadas en el caso de Estados Unidos contra Google representarían la intervención más significativa en una empresa tecnológica desde que, en el año 2000, un tribunal ordenó la división de Microsoft, una decisión que más tarde fue revocada por instancias judiciales superiores. No se prevé que el juez Amit Mehta emita una sentencia hasta agosto del próximo año, aunque dicha resolución podría ser apelada.

En octubre, el Departamento de Justicia ya había señalado que se considerarían medidas contundentes, incluida la posible división de la empresa. La medida más destacada de la resolución propuesta es la venta de Chrome.

La propuesta establece: "Google deberá desinvertir de manera rápida y total en Chrome, vendiéndolo a un comprador aprobado por los demandantes, a su entera discreción, y bajo los términos que el tribunal y los demandantes aprueben. Google no podrá lanzar ningún otro navegador bajo su marca sin la aprobación del tribunal durante la vigencia de esta sentencia definitiva".

El objetivo declarado es liberar los mercados en situación de monopolio de las prácticas excluyentes de Google y fomentar la competencia. Los fiscales argumentan que la venta de Chrome es esencial para "detener permanentemente el control de Google sobre este punto de acceso de búsqueda crítico y permitir a los motores de búsqueda rivales la capacidad de acceder al navegador que para muchos usuarios es una puerta de entrada a Internet".

Con tales argumentos, aparte de pedir que Google se deshaga de su navegador Chrome, la resolución asimismo prohibiría a la compañía otorgar acceso preferencial a sus productos de búsqueda en otros servicios o productos relacionados que posea o controle, como Android. En cuanto a este sistema operativo móvil, se plantean dos opciones: venderlo o separarlo de su motor de búsqueda.

De esta manera, Google no podría otorgarse a sí misma un acceso preferente a Android, ni a las aplicaciones o datos que le pertenecen, en comparación con el acceso que brinda a otros motores de búsqueda y productos de inteligencia artificial. Además, no podría aprovechar su propiedad y control sobre Android, o cualquier otro producto o servicio de Google, para beneficiarse de forma exclusiva en su motor de búsqueda.

En efecto, la resolución incluiría una evaluación dentro de cinco años, y si no se observa un aumento en la competencia en el ámbito de las búsquedas, Google podría ser obligada a vender también Android.

Impacto de la resolución: Apple, el gran perjudicado por los acuerdos con Google

La resolución propuesta, que el juez puede aceptar total o parcialmente, o incluso rechazar, incluye un apartado específico para Apple: "Google no debe ofrecer ni proporcionar nada de valor a Apple, ni ofrecer condiciones comerciales, que de algún modo desincentiven económicamente a Apple para competir o entrar en los mercados de motores de búsqueda generales o de anuncios de texto para búsquedas".

Uno de los puntos clave discutidos en el juicio fueron los acuerdos mediante los cuales Google paga miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone, iPad y Mac a través del navegador Safari. En la práctica, Apple renunciaba a desarrollar su propio buscador, pero a cambio recibe una significativa compensación, que asciende a unos 20.000 millones de dólares anuales, por el tráfico que dirige a Google. Si esta parte de la resolución se aprueba, lo cual parece probable, Apple sería el principal perjudicado a corto plazo, más que Google.

En términos generales, aunque exista una cláusula específica para Apple, también se prohíben otros acuerdos en los que Google actúa como el motor de búsqueda predeterminado en diferentes dispositivos.

Las medidas propuestas son extensas. Los fiscales buscan que se impida a Google firmar contratos o acuerdos que le aseguren licencias de datos de editores, sitios web o creadores de contenido, los cuales otorguen exclusividad al buscador o limiten la capacidad del editor para negociar con otros desarrolladores de motores de búsqueda o productos de inteligencia artificial.

La firma tampoco podría vincular el acceso a la Play Store ni a ningún otro producto de Google a un acuerdo de distribución de su motor de búsqueda. Además, Google no debería agrupar, enlazar ni imponer ninguna otra condición que relacione su buscador con otros productos de la empresa. La resolución también prohibiría acuerdos de reparto de ingresos derivados de las consultas de Google, clics en anuncios y situaciones similares.

La propuesta de transparencia en los negocios publicitarios

La propuesta del Departamento de Justicia también obligaría a Google a ceder sus datos de manera masiva y a un costo mínimo, con el fin de eliminar las barreras de entrada para los competidores. Además, se le prohibiría usar o retener aquellos datos que no pueda compartir con competidores cualificados por razones de privacidad o seguridad.

Además, Google tendría que transformarse en un proveedor de búsquedas para terceros, lo que implicaría sindicar y licenciar su contenido para que otros motores de búsqueda puedan ofrecerlo con la misma calidad y fiabilidad que el suyo. Se convertiría en una especie de mayorista de búsquedas.

Cualquier competidor cualificado podría obtener una licencia por 10 años para utilizar su motor de búsqueda como base, de manera similar a cómo los operadores de telefonía virtual utilizan las redes de las compañías que han invertido en ellas. También tendría que permitir acuerdos de sindicación de anuncios de texto de las búsquedas, aunque en este caso con una duración de un año.

Asimismo, se obligaría a Google a adoptar una política de transparencia, revelando los detalles de su negocio publicitario. Para cada anuncio de texto de búsqueda publicado o en el que se haya hecho clic, Google tendría que proporcionar a los anunciantes, a nivel individual de anuncio y para los 18 meses anteriores, datos que incluyan la consulta, la palabra clave que activó el anuncio, el coste por clic (CPC), el posicionamiento, el valor de vida útil y cualquier otra métrica relevante para que el anunciante pueda evaluar el rendimiento de su campaña.

Google, obligada a desprenderse de inversiones en competidores

Además, la política de participaciones y adquisiciones de la compañía también quedaría sujeta a restricciones. Si la resolución se aprueba, Google tendría un mes para identificar las participaciones que posee en posibles competidores, incluidas las empresas de inteligencia artificial que podrían rivalizar en el mercado de las búsquedas.

El texto aclara: "En un plazo de seis meses, Google deberá desprenderse de cualquier participación de este tipo y abstenerse inmediatamente de tomar cualquier medida que pudiera desalentar o desincentivar a dicha empresa a desarrollar productos o servicios que compitan con los motores de búsqueda o los Anuncios de Texto en Búsquedas de Google, los interrumpan o los desintermedien".

Por el contrario, Google no podrá, salvo con el consentimiento previo por escrito de los demandantes, adquirir participaciones en ninguna empresa ni establecer acuerdos de asociación o colaboración, incluidos acuerdos de marketing o ventas, con ninguna compañía que compita con Google en el ámbito de las búsquedas.

Las medidas impuestas tendrían una duración de 10 años. Sin embargo, si los competidores alcanzan una cuota de mercado superior al 50% en las búsquedas y la empresa ha cumplido con las condiciones durante cinco años, podría solicitar que se considere cumplida la sentencia.

La compañía podrá presentar sus propias alegaciones sobre las medidas a adoptar en diciembre. El Departamento de Justicia podrá reforzar su posición en marzo. Posteriormente, se llevará a cabo una audiencia de dos semanas en abril. La demanda contra Google fue interpuesta por el Departamento de Justicia durante el primer mandato de Donald Trump, se llevó a juicio durante la presidencia de Biden y se resolverá nuevamente con Trump en el poder.

Cuando se conocieron los planteamientos generales de los fiscales el mes pasado, Google respondió que la postura de estos es "radical y desmesurada" y advirtió que podría tener "consecuencias negativas e imprevistas para la innovación y los consumidores en Estados Unidos".

Google señaló que obligarla a compartir las consultas de búsqueda, clics y resultados con la competencia pondría en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios. Además, advirtió que "separar Chrome o Android los desintegraría, y afectaría negativamente a muchos otros aspectos".

En sus declaraciones, Google destacó: "Hemos invertido miles de millones de dólares en Chrome y Android". Y añadió: "No nos engañemos: separarlos modificaría sus modelos de negocio, aumentaría el costo de los dispositivos y debilitaría a Android y Google Play frente a la fuerte competencia del iPhone y la App Store de Apple".