Diputados reflotará discusión de la ley corta de telecomunicaciones, con DNU de Arsat vigente

La ley corta de telecomunicaciones va por otra oportunidad. Iniciado el período de sesiones ordinarias del Congreso, y con un DNU que libera el espectro de Arsat vigente, aún con el rechazo de la Bicameral de seguimiento de los decretos, desde la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados intentarán avanzar con la ley cuyo tratamiento quedó sin resolver a finales del año pasado.

El proyecto de ley corta enviado por el Ejecutivo al Congreso, vía el Senado, obtuvo la aprobación en esa cámara y pasó a Diputados. Se inició el mismo proceso de consulta que ya se había realizado en los meses previos y, a la hora de tomar una decisión, no hubo acuerdo y su sanción quedó trunca.

En el medio vino el DNU 58 que modificó el artículo 11 de la ley 27.208 de la industria satelital a fin de que sea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el encargado de asignar en forma directa a Arsat las frecuencias que necesite para cumplir con sus objetivos y a abrir esa disponibilidad a prestadores regionales o locales, públicos o privados, para el despliegue de nuevas redes 3G y 4G. En otras palabras, a poner el espectro a disponibilidad del mercado, insumo básico para el despliegue de infraestructura.

En febrero, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, rechazó este DNU en conjunto con los de extinción de dominio, la agencia de deportes y uno de carácter tributario. Para que el rechazo sea efectivo se necesita al menos la negativa expresa de una de las dos integrantes de la bicameral eso aún no ocurrió. Por ende, el DNU sigue vigente.

En el mientras tanto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, Juan Brugge, tiene la intención de convocar a una reunión, preferentemente la próxima semana –porque con los feriados del Carnaval, esta ya se da por perdida- para avanzar con el resto de la ley corta que queda por resolverse.

"Cuando se trató el proyecto en la comisión la mayoría de los puntos fueron acordados entre Argentina Federal y Cambiemos, excepto el referido a las frecuencias de Arsat. La Bicameral rechazó el DNU pero queda resolver el resto de la ley corta, saber si hay voluntad de avanzar o no. Y en caso de que, en estos días, se rechazase el DNU volver a tratar el tema en el ámbito de la comisión", dijo a iProfesional, Juan Brugge.

Cada cámara de la Bicameral debería expedirse de manera expresa para determinar si se rechaza de manera definitiva o no. Pero no tienen plazo para hacerlo. Por lo general, esta determinación se toma en la primera reunión posterior a la que, en esta ocasión, se decidió por la negativa. Pero no hay certezas sobre si esto sucederá.

Es sobre ese camino de incertidumbre que Brugge intentará convocar a la reunión.

¿Qué proponía la ley corta de telecomunicaciones?

Como objetivo general, acelerar las inversiones del sector, tal como declamaron siempre desde el Poder Ejecutivo, a través de la figura de Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización.

El texto promovía, en ese marco

-compartir infraestructura para agilizar los despliegues de red –a través de postes, ductos, y otras alternativas-,

-que los grandes prestadores de telecomunicaciones, como Telefónica y Claro, puedan dar televisión paga mediante la tecnología satelital,

-postergar hasta 2021 y 2022 el inicio de la competencia plena en todo el país –que de acuerdo al decreto 1340/2016 vigente, arranca el próximo 1° de julio

-dar protección a las pyme de telecomunicaciones que operan en zonas de menos de 100.000 habitantes

-disponer de las frecuencias de Arsat para ofrecerlas en el mercado.

Como el texto sólo logró la media sanción del Senado, y lejos de lograr un trámite corto en Diputados, tal como se pretendía, su tratamiento quedó trunco en esa instancia, el Gobierno decidió apelar a un nuevo decreto de telecomunicaciones a finales de enero de 2019 donde se dispuso el tema de las frecuencias de la empresa satelital estatal.

Su avance dependerá, ahora, de la voluntad de los legisladores que de otra cosa en el inicio ya declarado del año electoral.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) representan el 2,6% del PBI y son uno de los sectores más dinámicos de la economía, en la Argentina y en el mundo. Se trata de un sector clave puesto que cruza a cualquier otra actividad, más en este momento de la historia donde todo está mediado por el facto digital.

De hecho, en el inicio de las sesiones del Congreso, el presidente Mauricio Macri, se refirió a las comunicaciones en diversos párrafos de su discurso. Y puso énfasis en lo avanzado en materia de cobertura de servicios móviles.

Cuando el Gobierno actual asumió, las redes 4G alcanzaban a un 16% de la población -hacía un año que se había iniciado su construcción formal- y desde entonces hubo diversos intentos para agilizar sos despliegues, más producto de diálogo, acuerdos y compromisos que de letra escrita.

Sí hubo avances en materia de despliegue de red puesto que, con la liberación del cepo, también se facilitó la compra de equipamiento que es principalmente importado. Y hasta finales de 2018 la cobertura de 4G, que suplió las graves falencias de despliegue de su antecesora, la 3G, alcanzó un 53% de cobertura, de acuerdo a los datos oficiales.

Existe, desde finales del año pasado, un nuevo compromiso entre el Gobierno y los principales prestadores, Telecom, Telefónica y Claro, de agilizar las nuevas redes, más allá de las leyes en danza. La meta es, en materia de telefonía celular, lograr la cobertura del 93% de la población a finales de 2019, meta prevista en la licitación de frecuencias 4G de 2014 para finales de 2020.

Y si bien hay una voluntad de la industria por impulsar la construcción de sus redes dado que es más fuerte de la demanda de los usuarios que el pedido político, las operadoras también acusan el impacto de la recesión y dosifican sus inversiones en virtud del contexto.

De hecho, los planes previstos para estos años se mantienen en montos pero a un ritmo más lento. Tal el caso de Telecom, que prevenía desembolsar u$s5.000 millones entre 2018 y 2020 y, sobre finales del año pasado, la compañía ratificó el desembolso aunque advirtió que, producto de la crisis, se extendería en el tiempo.

Para este 2019 las prestadoras no han efectivizado nuevos anuncios. Todo indica que se mantendrá en los mismos niveles, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, más allá de los cambios de Gobierno.

En el medio de este proceso se plantean las nuevas decisiones de mercado, vía resoluciones, decretos o proyectos de ley. Desde el lado de los jugadores del sector se vislumbran otras situaciones, que van desde las constantes trabas para obtener permisos de habilitaciones de antenas móviles con los diversos municipios hasta rispideces y chicanas entre los competidores para compartir la infraestructura, comenzando por los postes, tal como informó iProfesional en este artículo.

Ahora Brugge planteará una nueva instancia de discusión de la ley corta en Diputados. ¿Lo logrará?