Potenciar Trabajo: crónica de una derogación anunciada para un plan con un costo de u$s200 millones mensuales
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El fin del plan Potenciar Trabajo está lejos de ser una sorpresa: lo veían venir los líderes piqueteros, que denunciaban el intento del gobierno por "licuar" financieramente este programa asistencial, y que ya en el último año de la gestión de Alberto Fernández se quejaban de que se quería topear el gasto en ese plan que beneficiaba a más de 1,2 millón de personas.
También lo estaban insinuando con claridad los funcionarios del gobierno, que habían avisado sobre su intención de "desacoplar" al Potenciar Trabajo del salario mínimo. Y todo hacía pensar que la intención no sería subir el monto sino hacerlo caer en términos reales.
Ya desde diciembre, cuando en su primer mensaje Toto Caputo anunció el severo plan de ajuste fiscal, dio pistas del nuevo criterio sobre la asistencia social. Anunció que habría una suba del 100% para la Asignación Universal por Hijo y otra del 50% para la tarjeta Alimentar. Es decir, toda la ayuda se focalizaría sobre los programas que priorizan a la infancia y los que van por vía directa a los beneficiarios, sin intermediación de las organizaciones sociales.
En cambio, Potenciar Trabajo no tuvo ninguna mejora. Hasta enero, su monto, equivalente a medio salario mínimo, fue de $78.000. Aun si se hubiese mantenido ese criterio, el plan habría sufrido la erosión inflacionaria, dado que el gobierno solamente convalidó una suba del 30%, en cuotas, frente al reclamo de la CGT por darle al salario mínimo -e, indirectamente, al Potenciar Trabajo-, un incremento del 85%.
Hubo más señales de lo que se venía, como las objeciones públicas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hacia las organizaciones sociales. La ministra insinuaba que había irregularidades y una intermediación injustificada por parte de los líderes de estos grupos, encargados de gestionar el plan, dado que tenían en sus manos la fiscalización sobre el cumplimiento de la contraprestación laboral.
También en ese aspecto había habido conflictos con el gobierno peronista, sobre todo con la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien depuró la lista de miles de inscriptos que figuraban de forma irregular y no se prestaron a un control estatal.
En aquel momento, los piqueteros denunciaban que, detrás del presunto objetivo de detectar irregularidades, había un objetivo fiscal. Y lo hacían saber de manera explícita con acampes en la avenida 9 de Julio y la elocuente consigna: "El FMI ordena, Tolosa ejecuta".
El costo fiscal del Potenciar Trabajo
Hoy, en cambio, el FMI ya no sólo no pide que se recorte el déficit fiscal en el rubro de la asistencia social sino que, más bien al contrario, le recomienda a Javier Milei que no descuide al sector más pobre, de manera de que el plan de ajuste resulte socialmente tolerable.
Sin embargo, queda en evidencia que el gobierno busca, también en este rubro, la manera de ahorrar recursos. En términos fiscales, el Potenciar Trabajo supuso hasta el mes pasado un costo equivalente al 2% de lo que recauda mensualmente la AFIP.
El mes pasado, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Potenciar Trabajo resultó el programa de asistencia con mayor presupuesto, con $159.000 millones, mientras que la AUH implicó la erogación de $156.000 millones y los programas alimentarios costaron $128.000 millones.
Traducido al tipo de cambio oficial de enero, el Potenciar Trabajo costó u$s196 millones en el mes.
En términos porcentuales, el Potenciar Trabajo significó un 23% del presupuesto de programas sociales y asignaciones; fue un 4,8% del rubro de prestaciones sociales -que incluye las jubilaciones y pensiones- y un 3,2% de los gastos corrientes totales.
Los cambios en carpeta
Lo cierto es que hasta las propias organizaciones sociales venían planteando, desde hacía al menos tres años, que la política de asistencia social necesitaba una reforma a fondo. En su momento, habían causado impacto político las definiciones de líderes piqueteros como Emilio Pérsico, que habían dicho que iniciativas como la Tarjeta Alimentar significaban "pan para hoy y hambre para mañana".
Su propuesta era sustituir los programas asistenciales por una incorporación masiva de los beneficiarios al mundo del trabajo. El gobierno peronista compartió el diagnóstico e hizo anuncios en ese sentido, pero lo cierto es que la política asistencial mantuvo su tónica. Y sólo un ínfimo 1,3% consiguió un empleo formal.
Ahora, lo que pretende Pettovello es que desaparezca lo que, desde el punto de vista del gobierno, es un desincentivo para que los "planeros" salgan del mercado informal y se incorporen al trabajo: ya no será incompatible tener un sueldo fijo en un trabajo en relación de dependencia y, al mismo tiempo, recibir una ayuda estatal.
La idea de Pettovello es sustituir al Potenciar Trabajo por un programa de reinserción laboral. Allí se transferirán aquellos que por edad y formación estén en condiciones de conseguir un empleo. Se estima que tres cuartas partes de los beneficiarios cumplen esas condiciones y formarán parte del programa "Volver al Trabajo".
Ya no será obligatorio que los beneficiarios trabajen en las cooperativas gestionadas por las organizaciones sociales, que asumían la tarea de fiscalización. De esta manera, el gobierno cumple su objetivo político de acotar la intermediación de las organizaciones sociales.
El resto de los beneficiarios tendrán asistencia dentro de otro programa denominado "Acompañamiento Social".
¿En qué se parecen CFK y Milei?
En una de las tantas vueltas irónicas de la política argentina, la decisión que tomó el gobierno de Milei hacia el plan Potenciar Trabajo guarda cierta similitud con las críticas que había planteado Cristina Kirchner hace dos años.
La entonces vicepresidente, en un acto con dirigentes sindicales de la CTA, no sólo planteó que el Potenciar Trabajo ya no cumplía los objetivos de resolver los problemas de exclusión social, sino que además implicaban "una tercerización de la política social" que el peronismo no podía permitirse.
Fue entonces cuando propuso que la gestión de los planes sociales volviera masivamente a manos de los intendentes y dejara de estar en las organizaciones sociales, para quienes además pidió una auditoría, insinuando que había irregularidades en la gestión.
En aquel momento, ese planteo produjo un terremoto político en la interna del Frente de Todos, que llevó a que el ex presidente Alberto Fernández hiciera un acto de reivindicación de las organizaciones piqueteras, a quienes agradeció su labor social "aunque hagan algunas picardías que no convalidamos".
Cristina tenía en aquel momento la idea de sustituir al Potenciar Trabajo por un salario universal, con un monto equivalente a una canasta de indigencia, y que llegara a un universo mucho mayor de beneficiarios, que se estimó en unas siete millones de personas que se habían anotado para recibir un bono de ayuda conocido como "el nuevo IFE".
Los economistas habían calculado que eso podía implicar una bomba fiscal porque podría cuadruplicar el costo del plan Potenciar Trabajo. Evidentemente, es en ese punto donde Cristina y Milei dejan de coincidir respecto de cómo resolver el problema, pero al menos sí mantienen una opinión en común: ambos creen que el esquema de asistencia social necesita una reforma a fondo.