Milei cumplió un año de gestión sin poder concretar su primera privatización

Para evitar que el fantasma de la quiebra se convierta en realidad, el Gobierno nacional busca una fórmula que le permita cerrar lo que sería la primera privatización de una empresa estatal desde que Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre del año pasado.

Se trata del traspaso de las acciones que el Estado Nacional posee en IMPSA, la metalúrgica mendocina que fundó la familia Pescarmona y cuyo futuro operativo depende de que pueda culminar con éxito el proceso de traspaso de ese capital accionario que es del 63,7% para la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo.

Hay otro 21,2% en manos de la provincia de Mendoza, que también tiene cartel de venta, mientras que un 15,1% es de propiedad privada; 9,8% del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso controlado por los Pescarmona.

El plan B para la primera privatización en la era Javier Milei

Hasta ahora, las autoridades nacionales y las mendocinas negociaron con el grupo ARC Energy, que presentó la única propuesta en el marco del proceso licitatorio abierto en noviembre pasado.

Sin embargo, esa oferta pende de un hilo, ya que el Poder Ejecutivo Nacional entiende que no es atractiva y busca que el holding que posee capitales venezolanos y norteamericanos la mejore.

Pero, mientras estas conversaciones se llevan a cabo, las autoridades nacionales abrieron lo que llaman un "Plan B", por si el diálogo fracasa y la empresa mendocina se queda sin la posibilidad de operar mediante la inyección de fondos frescos.

En ese esquema, desde el Ministerio de Economía realizarán una nueva convocatoria de inversores con la intención de mejorar la propuesta de ARC Energy.

Para eso, el ministerio que dirige Luis Caputo comenzó a convocar nuevamente a las otras empresas que participaron del anterior proceso y compraron los pliegos de condiciones para la privatización, entre las que se encuentran capitales chinos, brasileños suizos.

Cruzada complicada

De todos modos, en el Gobierno saben que no será fácil encontrar nuevos interesados, teniendo en cuenta que la primera iniciativa solamente logró atraer a ARC Energy, con una oferta que las autoridades nacionales consideran "hostil" por lo frágil y condicionante para el Estado que evidencia.

Es más, desde Economía se considera una propuesta "inaceptable" y tratan de convencer al grupo extranjero de mejorarla, al tiempo que intentan salvar la privatización con el "Plan B".

Ocurre que si en las próximas semanas no se encuentra comprador para las acciones del Estado Nacional ni para las de Mendoza, IMPSA corre el serio riesgo de ir a la quiebra, con un pasivo superior a los u$s500 millones y sin contratos importantes que permitan generar fondos para que siga operando.

Salarios impagos

Incluso, la empresa debió afrontar un conflicto interno con sus 700 trabajadores por el pago de los salarios, que fue cancelado en dos partes, mientras que el aguinaldo de fin de año todavía es una promesa de pago que el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), intenta negociar para que sea cancelado lo más pronto posible.

El pasado lunes 9 de diciembre, dirigentes sindicales se reunieron con ejecutivos de la compañía mendocina en la sede de la Subsecretaría de Trabajo para evitar un paro general de actividades y negociar una fórmula de pago del dinero adeudado al personal.

Hasta ahora, solamente lograron una promesa de cancelación de ese incumplimiento y la posibilidad de volver a mantener un encuentro el próximo 16 de diciembre para determinar cómo hará IMPSA para abonar no solamente el aguinaldo sino también los incrementos salariales acordados desde abril pasado que nunca fueron cancelados.

En ese marco, la UOM también intenta generar un contacto con ARC Energy vía zoom para determinar la seriedad de la propuesta de este grupo extranjero y los planes que pretenden llevar a cabo con el personal de IMPSA.

Contratos caídos

Es así como tanto la Nación como el gobierno mendocino y la UOM buscan casi en forma conjunta que el único inversor interesado en quedarse con la metalúrgica ceda en su propuesta inicial y mejore las condiciones que busca imponer como un aporte de u$s27 millones para capital de trabajo y no hacerse cargo de negociar la deuda, entre otros pedidos.

También le reclaman al gobierno nacional un compromiso de contratos del Estado Nacional para que IMPSA pueda recuperar su parálisis operativa, como una obra eólica en La Rioja; la entrega de una turbina para Yacyretá y de un generador a YPF.

De esa manera, la venta de la metalúrgica mendocina está atrasada y no podrá ser usada por Milei como "bandera" del proceso privatizador de empresas públicas que anunció ni bien ocupó la Casa Rosada, exactamente un año atrás.

La quiebra, un fantasma posible

Es más, existe la posibilidad cierta de que la salida del Estado del paquete accionario de IMPSA quede en la nada si es que en los próximos días no se resuelven los graves problemas que podrían afectar el resultado de la operación.

De igual forma, IMPSA no posee recursos propios para hacer frente a sus necesidades de capital ni para cumplir con sus obligaciones financieras, teniendo en cuenta que la paralización de la obra pública también dispuesta por el gobierno libertario la dejó sin contratos que había cerrado con varias áreas del Estado nacional y el provincial.

En varias oportunidades, los ejecutivos de ARC Energy anticiparon que su propósito al ingresar a IMPSA es el de aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, teniendo en cuenta que posee tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.

A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.

Además, se pretende potenciar el Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza de IMPSA para hacerla crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo.

El problema es que la propuesta monetaria del grupo extranjero no convence a las autoridades nacionales que tampoco están dispuestas a salir de IMPSA "a cualquier costo".

En la actualidad, la ex empresa de los Pescarmona se encuentra con un patrimonio neto negativo tal como surge de analizar un documento enviado por el Directorio de IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que su responsable de relaciones con el mercado admite que, tal como se observa de los estados financieros de los primeros nueve meses del año "la Sociedad resulta encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550".

Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.

En el informe, sus ejecutivos destacan que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.

Agregan que la pérdida del ejercicio, que se elevó a $56.634 millones, fue consecuencia de los costos financieros que llegaron a $22.984 millones, y al impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677 millones.