"Imbécil", "idiota" y "retardado": el Gobierno aseguró que fue un "error" usar esos términos en una resolución

El Gobierno anunció  que "modificará" la resolución 187 publicada en el Boletín Oficial hace un mes y medio, luego de la controversia que generó el uso de terminología discriminatoria para referirse a personas con problemas de salud mental.

En el Anexo I del documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se usaron los términos "idiota", "imbécil", "débil mental" y "retardado" para caracterizar a los que sufren problemas mentales, lo que causó rechazo en las organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad.

Tras la polémica por el uso de ese tipo de lenguaje, desde la ANDIS aclararon en un comunicado que fue un "error" haber utilizado esa terminología y sostuvieron que no hubo "ninguna intención discriminatoria".

"Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", explicó el organismo, y añadió que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo.

A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación".

Resolución del Gobierno que generó controversia

La resolución que generó controversia tiene como fin establecer criterios para evaluar a las personas que cobran pensiones por invalidez.

El anexo de la resolución 187/2025 establece una clasificación basada en coeficientes intelectuales (CI) para determinar el grado de discapacidad.

Dice lo siguiente:

CI 0-30: "idiota", sin capacidad de lectura ni escritura, sin control de esfínteres y sin posibilidad de subsistencia autónoma.

CI 30-50: "imbécil", con posibilidad de realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas.

CI 50-60: "débil mental profundo", con capacidad de firmar, vocabulario simple y habilidades limitadas para el manejo del dinero.

CI 60-70: "débil mental moderado", con conocimiento de operaciones simples y capacidad para trabajos de baja exigencia intelectual.

CI 70-90: "débil mental leve", con escolaridad primaria o secundaria y posibilidad de desempeñar tareas más complejas.

Y describe la discapacidad intelectual como un "déficit en el crecimiento mental" y un "trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico".

Fuertes críticas a la decisión del gobierno

La actualización del baremo reemplaza la clasificación previa de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por términos considerados despectivos. Según la descripción del anexo, la categoría de "idiota" corresponde a personas de entre 0 y 30 años, "imbécil" a quienes tienen entre 30 y 50 años, "débil mental profundo" a las de entre 50 y 60 años, "débil mental moderado" a las de entre 60 y 70, y "débil mental leve" a las de entre 70 y 90.

El cambio generó un fuerte repudio de asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones presentaron un reclamo formal al Ejecutivo para que derogue la normativa.

Argumentaron que la medida representa "un retorno al modelo médico de la discapacidad" y "un grave retroceso" en materia de derechos. También cuestionaron el uso de términos como "retraso mental", "idiota", "imbécil" y "débil mental", por considerarlos "discriminatorios, obsoletos y peyorativos".

El doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario Julen Bollain también criticó la medida y aseguró que "viola acuerdos internacionales contra la discriminación". "El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como 'idiota', 'imbécil' y 'débil mental'. Es una barbaridad", declaró.

Por su parte, la Asociación Síndrome de Down repudió la resolución y sostuvo: "Refuerzan prejuicios y son expresiones reemplazadas hace más de 70 años".