¿Podrá el software de Precios Justos realizar el control y reemplazar las inspecciones o denuncias?
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El denominado programa de Precios Justos, que según se anunció días atrás usará ahora un software o sistema elaborado por la compañía pública ARSAT y el gigante multinacional Amazon, no significará que reemplace las inspecciones in situ ni las denuncias con la app.
Así lo dijeron a este medio fuentes del área de Comercio, contrariamente a lo que se creyó al principio.
Precios Justos contempla acuerdos de precios "voluntarios" y fue lanzado el año pasado en adición a Precios Cuidados (fijos y obligatorios), en el contexto de la creencia del Gobierno según la cual la inflación puede combatirse, al menos en parte, con controles o "acuerdos" de precios.
Los precios resultantes de esos "acuerdos", a su vez, impactan en las mediciones oficiales que aunque no resulten falseadas —como se denunció reiteradamente durante la gestión de Guillermo Moreno durante el mandato de la actual vicepresidenta entre 2009-2015—, permiten contabilizar un índice de precios más bajo de lo que resultaría de otra manera.
El presidente Alberto Fernández dijo días atrás que la inflación "es en gran parte autoconstruida" y "está en la cabeza de la gente".
De acuerdo con las fuentes consultadas por iProfesional, "la Secretaría de Comercio opera un sistema llamado CEPA que lleva el registro de todos los productos que se comercializan en supermercados mayoristas y minoristas".
El sistema, agregan, se alimenta de la información que entregan las empresas y los supermercados de las listas de productos o precios, sobre la base de un precio comunicado —como máximo— para las empresas que se adhieran a Precios Justos. "Funciona como declaración jurada", precisan.
Panel de monitoreo
Por primera vez, según se informó, el sistema se implementa de manera tal que alimenta un "panel de monitoreo" central —aquí es donde se implementa el sistema o software de ARSAT y Amazon— que cruza esos datos por "zona, supermercados y tipos de productos.
Las autoridades no proporcionan detalles acerca de cómo funciona ese sistema o software citando "acuerdos de confidencialidad" con Amazon ni tampoco informan cuánto costó desarrollar el sistema en conjunto con esa empresa.
Sin embargo, hay quienes creen que este hermetismo configura una violación a las normas de Información Pública —como si no se revelara el costo de una represa, gasoducto o las características de una licitación de una empresa estatal—, ya que se trata de fondos públicos destinados a un tema de interés público y que claramente impacta sobre numerosas empresas y la vida diaria de millones de argentinos.
Por lo demás, si determinado supermercado comunica que vende una gaseosa a 600 pesos y cuando un consumidor hace la compra, en un momento y lugar determinados, termina pagando 650 pesos —suponiendo que ese precio esté por arriba del valor (o del máximo) que comunicó la compañía— ¿cómo se sabe eso si alguien no lo ve presencialmente?, fue la pregunta que surgió.
"Es que el ‘panel’ no reemplaza la inspección [presencial] y se complementa con las denuncias se hagan a la app [de Precios Justos]", fue la respuesta obtenida.
15 millones de datos diarios
Debido a la citada falta de información, no resulta claro si el sistema permite monitorear en tiempo real todos los precios comunicados. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se limitó a decir que se trata de "un innovador tablero de monitoreo que desarrollamos junto a Amazon y ARSAT".
"Este panel procesa 15.000.000 de datos diarios, permitiéndonos perfeccionar el trabajo de seguimiento y control de precios", acotó el viernes el titular de Comercio —en un tuit que obtuvo al día de hoy menos de 60 likes— y quien a su vez fue presidente de ARSAT durante el año pasado.
"No soy una persona de las telecomunicaciones y estoy aprendiendo", reconoció en esa ocasión en el evento de Internet Day en mayo de 2022.
Para el medio La Política Online, en cambio, el sistema procesa "3.670.000 precios en tiempo real", lo que podría indicar que no lo hace de esa manera en el caso de los 11.330.000 precios restantes.
Se anunció que el programa también "verificará" los precios de ciertos sitios de comercio electrónico online, también sin mayores precisiones y sin que se sepa si trata de simples observaciones humanas o automatizadas o bien de un dispositivo que monitoree la transmisión de los datos de compra y venta.
Si fuera lo señalado en este último caso podría ser violatorio del principio del secreto de las telecomunicaciones, consagrado por todas las leyes argentinas en la materia desde 1875 y numerosos convenios internacionales.
Asimismo, si el software o sistema monitorea "en tiempo real" por un mecanismo no especificado las compras de los supermercados y grandes comercios participantes en el momento de elaborar por medios electrónicos la factura correspondiente —aunque sea una compra presencial—, también podría violar idéntico principio y la privacidad en las transacciones entre particulares (en particular si se paga con tarjeta de crédito).
Más allá de estos puntos, el "acuerdo" de Precios Justos —que se extenderá al menos hasta un mes y medio antes de las elecciones PASO del presente año, en agosto— incluye por ahora 50.000 productos de casi 500 empresas, cuyos precios no podrán tener incrementos mensuales promedio superiores al 3,2% (además de 2000 artículos con precios fijos inamovibles mientras dure esta fase del programa).
Sin embargo, no resuelve algunos temas.
Por ejemplo, la situación de eventuales facturas realizadas de otra forma o cuando no se entrega la factura debida, situaciones estas últimas comunes en algunas empresas que no son parte del acuerdo y en numerosos pequeños comercios de cercanías.
Lázzari: "hay un trade off"
Para el economista Gustavo Lázzari, quien también es empresario pyme de la industria del chacinado y se incorporó al programa pese a ser opuesto a los controles de precios que "siempre fracasaron", hay un trade off con el gobierno.
En esa instancia, señaló ante la consulta de iProfesional que es preferible al menos abrir un diálogo con las autoridades, mantener el acceso al crédito y quizás evitar un control de precios pleno, ya que el programa ha ido permitiendo ciertos aumentos "administrados" de acuerdo a la evolución de la inflación.
Sostuvo que no hay ambiente ni medios para hacer un control "con vocación estalinista" desde el Ministerio de Economía. "Hay 280.000 puntos de venta en el país", dijo, y muchos son pequeños comercios. "No pueden poner policías o inspectores en todos lados" y ya dijeron desde esa cartera algo así.
De todas maneras, reflexiona Lázzari, el carácter "voluntario", es siempre "relativo" en un país donde el Estado tiene semejante peso y capacidad de autorización discrecional de trámites y permisos en cada caso específico.
Dijo que del sector de chacinados del cual es parte y donde operan unas 80 empresas, son 10 las que se incorporaron a Precios Justos.
Por otro lado, un empresario que habló con este medio a condición de no ser identificado se refirió a esa misma noción de "voluntario".
Señaló en tono denunciatorio: "Yo necesito sí o sí insumos importados para elaborar mis productos y me dan a entender que si no me pliego ‘voluntariamente’ al programa voy a tener problemas para que me autoricen esas importaciones".
Lázzari dijo que el programa funciona con una lógica muy simple, más allá del uso o no de softwares. "A las grandes empresas las pueden controlar fácilmente, al almacenero de la esquina no tanto", afirmó.
Economía negra y condonaciones
Ya en 2017 una estimación sobre el peso de la "economía en las sombras" realizada por el Departamento de Economía de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria) —obviamente no vinculada con ningún sector interesado en el país— estimaba que el 28,6% del PBI argentino se factura en negro.
Esto superaba por unos 10 puntos a España e incluso al país con mayor economía informal del mundo desarrollado: Grecia, que tiene un 21,8% de su PBI en negro, de acuerdo al informe.
Una parte de esa economía en negro argentina, corresponde ciertamente a factores como corrupción o narcotráfico.
Pero el grueso se trata de transacciones normales entre pequeños actores privados que no pueden afrontar presiones impositivas y sobrecostos en conceptos burocráticos tan gravosos como los imperantes en un país donde además casi la mitad de sus habitantes vive en la pobreza.
La cifra de economía en negro puede ser hoy más alta, advierten expertos locales.
Mientras tanto, la propia cartera de Economía que maneja el programa Precios Justos, condonará 139.405 millones de pesos de deuda con el Estado (compañía pública Cammesa) a las dos principales distribuidoras eléctricas, acuerdo que el periodista Raúl Dellatorre en el diario Página/12 calificó como una "fabulosa condonación de deuda".
Cerca de la mitad de esa condonación corresponde a la compañía Edenor, recientemente adquirida por capitales vinculados con el Grupo Vila-Manzano, también titular de medios de comunicación y quienes apoyan públicamente la gestión del ministro Sergio Massa.
El usuario de Twitter @gabrielfedev posteó en esa red como respuesta a los anuncios (03.02.2023, 21:23 hora UTC) la portada del libro de 1979 (de un autor británico y otro estadounidense): 4000 años de controles de precios y salarios. Cómo NO controlar la inflación". Argentina, ya en ese entonces, estaba mencionada como caso relevante.