Ley de alquileres: la suspensión, entre presiones del FMI y la interna del oficialismo
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El debate sobre el futuro de los alquileres en Argentina se encamina a reactivarse en las próximas semanas. Será luego del almuerzo que compartieron este lunes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Ambos utilizaron la misma fórmula de noviembre de 2019: se juntaron en una comida en la Casa Rosada, para luego deslizar que analizan suspender la Ley de Alquileres (27.551) o buscar alternativas.
Han pasado tres años del primer intento y la apuesta volverá a estar concentrada en contener, al menos en los gestos, un reiterado reclamo del Fondo Monetario Internacional. Tal como sucedió en 2019, se reactivará la discusión dentro del Frente de Todos porque no hay una posición común.
Ley de alquileres: momento de definiciones para el Frente de Todos
La norma vigente es una reforma al Código Civil en el capítulo de alquileres. Si el Presidente firma un decreto de necesidad y urgencia para derogarla se encontraría con una serie de impugnaciones judiciales por inconstitucionalidad y en el Gobierno reconocen que el cambio debería ser tratado por el Congreso.
En la Cámara de Diputados comenzó en 2022 un debate para reformarla y, luego de un año de trabajo en la Comisión de Legislación General, avanzó el debate sobre 30 iniciativas distintas. Quedaron dos dictámenes que no pudieron llegar al recinto, pero hasta ahora no perdieron estado parlamentario: hay uno de mayoría impulsado por el FdT y otro de minoría, firmado por JxC.
Con ese escenario parlamentario por delante se dispararon los interrogantes en el oficialismo. El tema no pasa inadvertido para el Presidente. Luego del almuerzo de este lunes, en su entorno sostienen que volvieron a cristalizarse las posiciones dentro del frentetodismo con los alquileres: por un lado, está Massa, que ahora aceleró una nueva ofensiva para sacar la ley del camino y los distintos espacios del kirchnerismo que no acuerdan con ese cambio.
No están muy convencidos con sostenerla de este modo, pero sus diputados y diputadas saben que afrontarían un duro costo si levantan la mano para flexibilizarla.
Una muestra de las idas y vueltas en el Gobierno sobre este tema lo vivió el exministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, a quien lo cuestionan por no defender la norma ni controlar su aplicación mientras estuvo en ese cargo.
Es muy cercano a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y regresó hace poco a la intendencia de Avellaneda. También está al frente de la intervención administrativa de EDESUR y considera que la regulación de los alquileres es una cuestión de las provincias y los municipios, no de la Nación.
La ley de alquileres pone a Alberto Fernández entre la espada y la pared
"A Alberto le quedan dos alternativas: o dejarlo sólo a Massa en la anulación de la ley y evitar más debates con el kirchnerismo, o avanzar en un cambio que debe pasar por el Congreso", evaluó una fuente con acceso al Presidente. Por ahora, la salida que más resuena es que se concrete la idea de la "suspensión" que Fernández y Massa hablaron por primera vez en 2019. Entre aquella fecha y la actualidad hay un reclamo que no ha cambiado: el staff del FMI viene advirtiendo contra esta norma. Así refuerza las críticas del mercado inmobiliario, tal como lo hace en Europa contra cualquier regulación de alquileres. También beneficia los argumentos de Juntos por el Cambio, que hizo campaña en las últimas elecciones de medio término con la derogación de la ley de Alquileres y a un paso de los próximos comicios, sigue sin poder hacer un sólo cambio al respecto.
En la Casa Rosada sostienen que el tema deberá ser resuelto por el Congreso. Así resurge el plan de 2019 de reabrir el debate y adecuar el escenario a las provincias. "En una Argentina tan heterogénea tiene que haber leyes más particulares y leyes provinciales, una ley así no se puede aplicar igual en la zona más rica del país que en la más pobre", había dicho Ferraresi hace tres años atrás.
¿Qué opinan los inquilinos sobre la ley de alquileres?
"En caso de la derogación de la ley, más allá de los recursos de inconstitucionalidad, habría una liberalización total de precios y plazos más aun de lo que está sucediendo ahora. El planteo de la suspensión o derogación es la punta de lanza para presionar sobre el Frente de Todos para que accedan a la modificación de la ley", analizó Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos Nacional.
"Hoy se alquila como quiere el mercado, por lo tanto, si se modifica la ley la situación va a seguir empeorando. El gran objetivo es invisibilizar los índices y que los valores aumenten como quieran los dueños. Nadie sabrá lo que está sucediendo. Ahora hay un índice que politiza la discusión y ante esa crisis institucional dicen que la culpa es de la ley", opinó Muñoz ante las consultas de iProfesional.
Desde que se conocieron algunos detalles del encuentro entre el mandatario y el líder del Frente Renovador, los principales representantes de las cámaras inmobiliarias insistieron con la urgencia de anularla y prometen reclamarle al Ejecutivo más resultados en el corto plazo. Todo parece indicar que una eventual suspensión le tiraría la pelota nuevamente al Congreso.
En junio del año pasado, se firmaron dos dictámenes en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. El dictamen del Frente de Todos mantiene los tres años de plazo de contratos y la indexación anual en base a un indicador que fusiona IVS con IPC, agregando un capítulo de incentivos fiscales para alentar la oferta de inmuebles en alquiler.
El dictamen de Juntos por el Cambio junto al interbloque Federal vuelve a los dos años de plazo de los contratos y establece el ajuste de precios entre 3 y 12 meses a acordar entre las partes, al igual que el índice para la indexación entre IPC, IPM y IVS, o una combinación. La iniciativa opositora tenía chances de prosperar y habían buscado una sesión para el pasado 30 de junio, pero se cayó. El consenso interno entre JxC y los bloques provinciales se rompió. Los diputados de Juntos Somos Río Negro y del Frente de la Concordia Misionero retiraron su apoyo ante la aparición de una indexación trimestral que enardeció a las agrupaciones de inquilinos. Los socialistas de Santa Fe, la UCR y la CC aclararon que ellos siempre estuvieron a favor de los seis meses.
En la Cámara Baja hay un río subterráneo de sondeos del oficialismo con la oposición. A principios de marzo el diputado radical y exvicepresidente Julio Cobos presentó un proyecto para que el Congreso derogue la ley. Su propuesta plantea hacerlo y que se restablezca "la vigencia de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación sustituidos por la ley 27.551". Según argumentó, "resulta menester prolongar la discusión de una nueva ley de alquileres con el tiempo necesario, y sin apuro para no repetir los errores del pasado, de ahí que proponemos que hasta tanto ello ocurra, se derogue la ley vigente, reestableciéndose la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación".