Un sector petrolero "extraña" el barrill criollo y pide que no se libere la exportación
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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei sigue cosechando rechazos en sectores empresarios que, durante los años de gobierno kirchnerista, se habían acostumbrado al intervencionismo estatal al punto de, en algunos casos, mostrarse conformes con las medidas que adoptaba la anterior gestión.
Varias son las industrias y los sectores económicos que salieron a cuestionar y hasta presentar recursos de amparo ante la Justicia para impedir la vigencia de la llamada "ley ómnibus" que el Congreso se apresta a debatir en las próximas semanas.
Un caso es el de parte de la industria petrolera que rechaza la eliminación del bautizado "barril criollo" y la liberación de las exportaciones de crudo, dejando que el valor del insumo sea negociado por el mercado.
Si bien no son todas las productoras las que suscriben estas críticas, desde algunos sectores entienden que no es bueno que la economía se rija por el libre mercado y parecen pretender mantener las prebendas que el Estado todopoderoso gestionaba a su antojo, aportando millones de dólares en subsidios para igualar los valores a los que el barril se cotiza en el exterior contra lo que se paga de manera doméstica.
Estas empresas, que prefieren el anonimato, recuerdan que Milei incluyó dichas medidas en una amplia ley que envió al Congreso con la misión de desregular la economía de Argentina, que está bajo un estricto control.
Sumistro "accesible"
Si bien admiten que el proyecto de ley tiene consecuencias de gran alcance para una serie de sectores, cuestionan el capítulo que aborda específicamente el petróleo con cláusulas de libre mercado con las que el Presidente busca reemplazar regulaciones que datan de la década de 1960 y que, según los críticos, priorizan garantizar un suministro accesible de combustible en el país.
Una de esas regulaciones que desde parte del sector petrolero defienden otorga a las refinerías el derecho de preferencia sobre los cargamentos de exportación y permite al Gobierno intervenir en la fijación de los precios del crudo y la nafta.
En cambio, la iniciativa de Milei permite que las ventas al exterior sean libres y prohíbe al Poder Ejecutivo intervenir o fijar precios en ningún eslabón de la cadena del negocio.
En un informe sectorial escrito por el consultor energético y ex Secretario de Hidrocarburos de la Nación, José Carbajales, se asegura que "el nivel general de precios energéticos se acoplará a los valores internacionales" y destaca que el cambio más radical es la eliminación de la obligación de satisfacer las necesidades del mercado interno. "Es una ruptura histórica con nuestra tradición centenaria", dice el experto en su trabajo.
Además, se espera que el Gobierno deje de actuar como intermediario en las negociaciones entre productores y refinerías, que deberán fijar los precios del crudo y las naftas a sus propias conveniencias.
De hecho, los valores de la nafta súper, la Premium y del gasoil ya aumentaron varias veces en pocas semanas desde que se eliminó la intervención estatal, aunque en el sector entienden que todavía que un trecho para poder establecer precios que se acerquen a los razonables.
Ley "madre" modificada
Los críticos del DNU oficial aseguran que el proyecto del presidente Milei "modifica la ley madre del universo de hidrocarburos" y señalan que provincias petroleras como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Mendoza, ya manifestaron su desacuerdo con los cambios.
También, los sindicatos rechazan parte del decreto con la decisión de que los salarios vuelvan a pagar el Impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta que los empleados de este sector llegan a cobrar por encima del nivel establecido para la vuelta de este tributo que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, había eliminado.
En el caso del llamado "barril criollo", las nuevas medidas desregulatorias implican la desaparición de esta herramienta que viene siendo utilizada para que las refinadoras le compren a las petroleras petróleo a un valor menor al internacional. La diferencia era aportada por el Estado Nacional con millonarios subsidios que salían de las arcas del Estado y cuyo objetivo era mantener "pisado" el precio de los combustibles en los surtidores, escenario que ya cambió de manera radical.
El artículo 258 de la ley ómnibus reemplaza al artículo 6 de la ley de hidrocarburos y estalece que permisionarios y concesionarios "tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación".
Libertad para exportar
El mismo artículo autoriza a los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores a "exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, conforme la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, quien establecerá las condiciones para su efectiva entrada en vigencia".
Esto también elimina la obligación que tenían las autoridades nacionales de abastecer primero al mercado interno que figura en la Ley de Hidrocarburos y que data de 1967. En el caso del barril criollo, quienes rechazan los cambios del líder libertario extrañan la postura de que ese precio diferencial "permitía desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales". Y cuestionan que, de ser votado el proyecto favorablemente, las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación.
Más polémica
Los detractores de la libertad de mercado en el sector petrolero además señalan que el proyecto modifica el actual Artículo 35 de la ley 17.319 que permitía a las operadoras acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones.
"Esto genera un cambio sustancial dado que todas las áreas que lleguen al fin de su concesión deberán ser licitadas, abriéndose ese proceso con un mínimo de un año de anticipación, lo que pone en duda todos los proyectos de inversión", señalan los críticos.
Sostienen también que el cambio generó algunas preocupaciones en provincias como Neuquén y Río Negro, donde decenas de áreas hidrocarburíferas vencen entre 2025 y 2027. O en Mendoza, que se quejó de la anulación de la llamada "ley corta" que entregaba a las provincias la potestad completa para administrar los recursos petroleros.
En cambio, Milei quiere que los permisionarios y concesionarios tengan el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y que puedan transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente.
La reacción sindical
En cuanto a los gremios de hidrocarburos, la situación ya venía caldeada por la intención de volver a imponer nuevas categorías para pagar el Impuesto a las Ganancias.
Al respecto, Gabriel Matarazzo, secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca (SPGyB) señaló que el personal del sector "es quien más han cargado durante mucho tiempo el peso del tributo por lo que rechazamos cualquier idea de volver a pagar Ganancias porque perjudica directamente el poder adquisitivo de los ingresos salariales".
Del mismo modo, el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) de Ensenada, participó de una marcha frente a los tribunales de la provincia de Buenos Aires para demostrar su malestar con el DNU, en una marcha que fue liderada por la CGT.
Los sindicatos petroleros de las provincias patagónicas también se expresaron en contra, ya que la ley podría dejar sin subsidios al gas en la región, aunque el mayor reclamo siguió centrado en la reversión impositiva de Ganancias. Por su parte, los gremios de Neuquén optaron por un amparo colectivo de inconstitucionalidad en contra del DNU de Milei.