Milei decidió intervenir la empresa estatal Corredores Viales, 45 días después de haber anunciado su privatización

Mientras lleva adelante un proceso de privatización que viene demorado y con varias dudas e interrogantes sobre el alcance de los pliegos y potenciales interesados; la administración de Javier Milei resolvió intervenir la empresa estatal Corredores Viales SA que tiene a su cargo las concesiones de las autopistas Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y otros diez tramos de las rutas nacionales con peajes.

La intervención dispuesta por medio del decreto 244/25 implicó la salida del macrista José Luis Acevedo, el ex titular de AUSA (Autopistas Urbanas) que había asumido al frente de la empresa en diciembre de 2023 con el apoyo del diputado nacional Diego Santilli y que desde hace dos semanas ocupa el puesto de subsecretario de Ciencia y Tecnología. 

Con el nuevo cargo de interventora, la que ahora toma las riendas de Corredores Viales es Anastasia Adem, que tiene entre sus antecedentes haber sido vicepresidente del BICE Leasing y Nación Leasing durante la gestión de Mauricio Macri y gerenta general administrativa de Casa de Moneda en el gobierno de Alberto Fernández. 

Su desembarco en la empresa vial vendría de la mano de Lule Menem, el subsecretario de Gestión Institucional y hombre de confianza de Karina Milei que en julio del año pasado logró nombrar como titular de Vialidad Nacional, al menemista riojano, Marcelo Campoy.

En los fundamentos del decreto de intervención, la administración libertaria señaló "resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por dicha empresa".

Destacó, además, que "deviene menester disponer la intervención de la empresa con el fin de definir su conducción para la operación y mantenimiento de la sociedad, de modo de optimizar la gestión con miras a contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumple y sostener su sustentabilidad, designando un interventor y facultándolo a tomar las medidas excepcionales que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines mencionados".

La interventora tendrá las facultades que el estatuto de la empresa le confiere al directorio y deberá llevar adelante las siguientes acciones:

• Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención dispuesta.

• Evaluar e informar sobre el estado financiero, su estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa.

• Elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad, con la eventual modificación del estatuto societario vigente, el cual deberá ser puesto a consideración del Ministerio de Economía.

• Revisar la administración de compras y contrataciones.

• Disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales.

• Operar y mantener la sociedad, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a sostener la empresa durante el período de transición, previo a su disolución y posterior liquidación.

• Designar y remover a funcionarios y personal de la sociedad.

El decreto establece que "en caso de detectarse alguna anomalía, la interventora deberá informar al Ministerio de Economía con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar".

Origen macrista

Corredores Viales SA fue creada en octubre de 2017, durante la administración macrista, por iniciativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Tenía como objetivo inicial hacerse cargo de la estatización del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas que estaba en manos de un consorcio liderado por el empresario kirchnerista Cristóbal López. Pese a las promesas de disolución de quienes conformaban los equipos técnicos y de especialistas viales del Frente de Todos durante la campaña electoral de 2019, la administración de Alberto Fernández mantuvo en pie a Corredores Viales y la convirtió en una operadora clave del negocio de los peajes.

Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Estado (51%) y a Vialidad (49%), la empresa se hizo cargo de las concesiones de rutas nacionales que venían de la época menemista y de los PPP viales heredados de la gestión de Mauricio Macri.

En el segundo semestre del año pasado, la empresa quedó en la lista de las empresas a privatizar incluidas en la "Ley Bases", junto con Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Enarsa, Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).

Según datos difundidos en febrero pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la empresa Corredores Viales tuvo en 2023 un resultado económico negativo con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Durante ese año, había recibido una asistencia del Tesoro Nacional por un total de $301.000 millones.

Privatización demorada

Anunciado en octubre y vuelto a poner en agenda febrero, el proceso de privatización de la denominada "Red Federal de Concesiones" contempla la licitación de las rutas con peaje que están bajo la órbita de Corredores Viales y la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA).

El cronograma que armaron las autoridades de Vialidad Nacional y del ministerio de Economía comandado por Luis Toto Caputo prevé dos etapas de licitaciones.

La primera -que ya está en curso- contempla la reprivatización de las rutas de CRUSA. Abarca el "Tramo Oriental" de 617 kilómetros conformado por la autovía del Mercosur de las rutas nacionales 12 y 14 y el "Tramo Conexión", que comprende el puente Rosario-Victoria de 59 kilómetros, que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

La próxima semana expira la concesión de CRUSA y por un plazo inicial de seis meses Vialidad Nacional se hará cargo de las tareas de mantenimiento de banquinas, luminarias y servicios de auxilio y dejará de cobrar peajes en las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada que pertenecen al "Corredor Vial 18" y al enlace vial Rosario-Victoria. El levantamiento de las barreras de peaje se extenderá hasta que una nueva concesionaria privada se haga cargo de los dos tramos que dejará de operar CRUSA.

La segunda instancia licitatoria—que se iniciaría en junio—engloba 8.700 kilómetros de las autopistas Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y otros diez tramos de las rutas nacionales con peaje que opera Corredores Viales.

Los pliegos de bases y condiciones con los que la gestión libertaria saldrá a buscar a los futuros concesionarios viales privados tienen como objetivo esencial los trabajos de "conservación, mantenimiento, rehabilitación y explotación de infraestructura vial mediante cobro de peaje". 

A priori, no están previstas grandes obras nuevas de ampliación para transformar las rutas en autovías o la construcción de carriles de sobrepaso. De esta forma, los futuros concesionarios sólo estarán obligados a mantener la infraestructura actual cumpliendo con la realización de tres tipos de obras: las "Iniciales de Puesta en Valor", las denominadas "Obligatorias" y las de "Rehabilitación".