La primera ley de Milei: consecuencias inmediatas para el ciudadano común

La reciente aprobación de la Ley Bases, con el apoyo de los bloques dialoguistas y tras más concesiones de las previstas inicialmente, marca el inicio de una nueva era en la administración de Javier Milei. Esta primera ley libertaria, que incluye la restitución del impuesto a los bienes personales y la gabela a las ganancias, afectará a más de un millón de asalariados, una contradicción si consideramos la postura del presidente respecto a la presión fiscal que soportan los ciudadanos.

Es evidente que esta ley, a pesar de los recortes sufridos, establecerá un nuevo rumbo en la vida de todos los argentinos. Tanto el denominado "paquete fiscal" como las reformas a la legislación laboral y los cambios en materia impositiva (ganancias y bienes personales) introducen nuevas reglas de juego a las cuales los argentinos deberán adaptarse rápidamente.

Facultades extraordinarias y reestructuración del Estado

El presidente de la nación ha obtenido facultades extraordinarias como consecuencia de la declaración de emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 365 días. Esta disposición le otorga la potestad de reestructurar todo el andamiaje del Estado Nacional y los organismos dependientes. En este contexto, se ha anunciado la llegada de Federico Sturzenegger como el encargado de ejecutar esta tarea monumental.

Reducción de la burocracia y mejoras en la administración pública

Uno de los paradigmas fundamentales de la nueva legislación libertaria es la conceptualización del "ciudadano" como el principal beneficiario de la actividad pública. En este sentido, los organismos administrativos no estarán facultados para solicitar al ciudadano documentación que ya se encuentre en los antecedentes del Estado. Esta medida busca combatir la burocracia estatal, donde los trámites suelen ser interminables y requieren la presentación de abundante documentación, a menudo innecesaria.

Además, la implementación del "silencio administrativo" acelerará los tiempos de respuesta del Estado al ciudadano. Si el Estado no responde en un tiempo razonable, se presumirá que se ha expedido en favor de lo solicitado, salvo en temas relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos o bienes de dominio público.

Reformas laborales en el sector público

Un punto crucial de la nueva legislación es la modificación de las relaciones laborales de los empleados públicos. Estos podrán ser reestructurados y quedar disponibles para ser trasladados a otras dependencias de la administración pública.

La reforma laboral trae varios cambios relevantes en la relación empleador - trabajador

Durante un año, los empleados podrán ser readecuados o desvinculados, con derecho a una indemnización equivalente a un mes de su mejor remuneración por cada año de trabajo o fracción mayor a tres meses. Se exceptúan de esta medida a los delegados sindicales y aquellos con licencia por enfermedad, accidente, matrimonio o embarazo. Se respeta el derecho a huelga de los empleados públicos, pero con el correspondiente descuento proporcional al tiempo no trabajado. 

Cambios en las relaciones laborales del sector privado

En el ámbito laboral no estatal, las reformas también son significativas. Se implementa un período de prueba para los nuevos trabajadores, que ahora será de seis meses. Si el vínculo no continúa al finalizar este periodo, el empleador no deberá abonar indemnización alguna. Para empresas con entre 6 y 100 trabajadores, el plazo puede extenderse hasta ocho meses, y hasta un año en el caso de empresas con hasta 5 empleados. Además, se permite la contratación de tres trabajadores independientes para realizar una determinada actividad para los monotributistas.

Otro aspecto relevante es la causal de despido justificado sin indemnización por participación en actividades de bloqueo empresarial o toma del establecimiento laboral. Asimismo, se concede a los sectores empresariales y trabajadores la potestad de acordar en negociación colectiva un formato de Fondo de Despido, financiado con un aporte mensual máximo del 8% del salario a cargo del empleador. También se prevé una indemnización especial para despidos por causa de discriminación, con un incremento del 50% y un tope máximo del 100% sobre la condena.

Epílogo: el rol de la Justicia en la nueva ley

Una vez sancionada y promulgada la presente ley, seguramente será objeto de discusión judicial a través de diversos instrumentos, como los recursos de amparo. Este proceso permitirá a los ciudadanos y organizaciones cuestionar aspectos específicos de la ley en los tribunales. Eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá la responsabilidad de brindar la palabra final, evaluando la constitucionalidad y coherencia de las reformas con el marco legal vigente.

Este escrutinio judicial será crucial para garantizar que las nuevas normativas respeten los derechos fundamentales y promuevan un equilibrio justo entre las necesidades económicas y sociales del país. La intervención del Poder Judicial asegurará que las medidas implementadas bajo esta ley se alineen con los principios constitucionales y los valores democráticos que rigen nuestra sociedad.

Reflexión final

Este artículo constituye una primera aproximación general al texto de la Ley Bases y sus puntos esenciales. Sin embargo, dada la complejidad y el alcance de estas reformas, es fundamental que tanto empresas como particulares busquen asesoramiento especializado para comprender plenamente las implicaciones legales y fiscales de esta nueva normativa. Contar con el apoyo de abogados y asesores legales expertos será crucial para navegar este nuevo escenario legislativo y asegurar el cumplimiento adecuado de las disposiciones establecidas.