Causa Vicentín: dictan prisión preventiva para cuatro exdirectivos de la empresa

El Tribunal de Rosario, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana, dispuso la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa Vicentín: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de estafa y asociación ilícita.

De acuerdo a lo relevado por la fiscalía, los directivos imputados habrían desviado casi $6.000 millones de la empresa para gastos personales y se habrían autoasignado retiros voluntarios por cerca de $2.000 millones entre 2019 y 2024. Este accionar habría afectado el patrimonio de Vicentín, que se encuentra concursada y debe pagos a acreedores externos y a sus trabajadores.

La fiscalía sostiene que la situación de crisis de la empresa excede el contexto económico, sino que se debe a maniobras fraudulentas del directorio, que incluso habría falseado documentación para obtener créditos que no podía cubrir. La causa involucra a 19 exejecutivos de Vicentín.

El juez Foppiani señaló que "la pluralidad de hechos atribuidos, la gravedad presunta de los delitos, así como la extensión patrimonial muy significativa estimada en cientos de millones de pesos, puedo decir de dólares, así como la sofisticación y la organización de las maniobras delictivas, a través de la utilización de complejas maniobras que involucraron a personas jurídicas. Estas permiten prever que la escala penal se puede ampliar y teniendo en cuenta la escala penal y el concurso de delitos, no puede descartarse que se les imponga a estas personas una pena de prisión de cumplimiento efectivo en caso de llegar a ser condenados".

Además, se sostiene que los imputados habrían desviado fondos de Vicentin para pagar honorarios profesionales para su defensa y seguros de caución fijados como fianza, por el monto de $40 millones, con el objetivo de no ir a la cárcel. Todo eso a pesar de que la empresa atraviesa un concurso preventivo de crisis, entre otras razones, por una deuda en torno a los 1.600 millones de dólares.

La Justicia también investiga el accionar del exdirector de la AFIP Carlos Vaudagna, quien admitió haber intervenido durante el ejercicio de su cargo para evitar sanciones fiscales a la agroexportadora en los años previos al default, lo que habría resultado en un favores a los exdirectivos.

Mientras que a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti se les fijó prisión preventiva, a Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti y Fernando Estanislao Bougain se les impuso una caución de medio millón de dólares. Por otro lado, a Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia se les fijó una una caución de 400 mil dólares, la prohibición de salir del país sin autorización y la firma mensual en sede judicial de Reconquista o Rosario.

Vicentin: la Justicia intervino con allanamientos y detenciones

Paralizada por la falta de granos para moler, y sin fondos frescos para cubrir la totalidad de los sueldos adeudados, Vicentin parece encaminarse a un precipicio sin retorno. La compañía en cuestión, que acumula una deuda post concurso superior a los $5.000 millones, continúa intervenida por la Justicia desde mediados de este mes 

La decisión judicial de detener a los ex directivos llegó como corolario de una veintena de allanamientos promovidos por la fiscalía la semana pasada, todos concretados en el marco de la investigación que se le sigue a la mesa directiva de Vicentin.

Respecto de estos procedimientos, la compañía emitió un comunicado manifestando su rechazo a los allanamientos y alegando que ese tipo de acciones complica aún más la posibilidad de que la compañía retome cierto grado de producción y, a partir de eso, cumpla con sus obligaciones con empleados y acreedores.

"Ante los graves hechos acontecidos el día de ayer (21 de marzo), por los que la Fiscalía a cargo del fiscal Narvaja procedió a allanar 20 domicilios de personal jerárquico de la sociedad, incluyendo a su Presidente, a su VicePresidente y a tres altos gerentes respecto de quienes se ordenó su detención, hacemos saber que los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso de la sociedad…", expuso la firma.

Para luego añadir: "… y que -de acuerdo a trascendidos, ya que la empresa no ha recibido una comunicación fehaciente al respecto- la investigación se habría ampliado ahora a la administración actual, en particular al período comprendido entre agosto de 2024 y la actualidad, con base a la pérdida de caja que ha sufrido la sociedad".

En otro apartado del texto, Vicentin señaló: "No deja de asombrar que estos allanamientos y detenciones fueron ordenadas en el momento de máxima tensión para la sociedad, que es público y notorio, cuando intenta procurar los fazones que permitan reunir los fondos para terminar de pagar los salarios atrasados, y cuando ha obtenido recientemente un dictamen favorable del Fiscal de Cámaras en su Recurso Extraordinario para alcanzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Con estos dichos, la compañía coloca a la Justicia como otro de los actores que, a partir de una intervención periódica, dificulta los intentos de la empresa por encontrarle una salida a su crisis productiva y la instancia de convocatoria de acreedores que atraviesa Vicentin.