Declaró la mano derecha de Leonardo Cositorto: ¿cómo sigue el juicio por Generación Zoe?

Maximiliano Javier Batista, vicepresidente de la empresa Generación Zoe y mano derecha de Leonardo Cositorto, el líder de esa firma acusada de estafas, declaró en el marco del juicio contra los principales responsables de la compañía en la ciudade coreentina de Goya.

Batista habló luego de que los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte anunciaran que los debates por la causa que investiga a la presunta asociación delictiva se realizarían en doble turno.

Como consecuencia de la cantidad de testigos y pruebas reunidos a lo largo de la investigación, los magistrados decidieron que las audiencias fueran realizadas a la mañana y a la tarde, con el objetivo de garantizar que el juicio concluya a mediados de diciembre.

La jornada fue inaugurada por un testigo que fue aportado por los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará y la querella que es representada por los abogados Pablo Andrés Fleitas y Alejandra Soledad Fleitas. Cerca del mediodía el vicepresidente de Generación Zoe fue citado a declarar ante el Tribunal. No trascendieron las respuestas que el acusado brindó a la Justicia correntina.

En la causa contra la organización acusada por presuntas estafas bajo la promesa de otorgar ganancias extraordinarias, brindar cursos de coaching ontológico y el compromiso con cumplir sueños inalcanzables cuenta con un total de seis imputados.

¿Quiénes son los acusados en el juicio por Generación Zoe?

Los acusados son el líder de la organización, Leonardo Cositorto, el vicepresidente Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina.

El juicio contra los sospechosos del funcionamiento de Generación Zoe se reanudó a mediados de octubre luego de que Cositorto presentara una alternativa para evitar los Tribunales. Los representantes del Ministerio Público habían presentado la posibilidad de que los acusados afrontaran un juicio abreviado si aceptaban su culpabilidad y se comprometían a brindar una reparación económica a los 98 damnificados que fuero identificados en Corrientes.

A pesar de esto, la medida fue rechazada por los fiscales de Goya y la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo, por lo que el juicio continuó su ritmo judicial luego de que las partes no llegaran a una definición.

Sotelo puntualizó: "Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial no puede perderse de vista que también se le recrimina a los imputados la comisión del delito de asociación ilícita, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público".

Para el jefe de los fiscales, "no resulta negociable que no se juzgue a los nombrados en un debate oral y público por la comisión de los delitos atribuidos y se trate de arribar a una solución de carácter dinerario, cuando existieron distintos bienes jurídicos que se hallaron comprometidos con el accionar de los encartados, máxime teniendo en consideración la existencia de una causa anterior, de similares características, que se ventiló ante los estrados de esta provincia, donde recayó condena".