La presión como ley: por qué Bayer Monsanto puso en suspenso su negocio de soja en la Argentina
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En medio del blindaje que el Gobierno asignó al agronegocio desde que inició la pandemia, la alemana Bayer, dueña de Monsanto desde 2018, jugó fuerte con la sed de regalías de la exportación que predomina en el oficialismo y el último fin de semana informó su decisión de ponerle pausa a la venta de transgénicos -OGM, en la jerga- de soja en la Argentina.
A través de un comunicado, la compañía, que también pesa fuerte en el negocio de los agrotóxicos, notificó que suspenderá "su negocio de semillas y biotecnología de soja en la Argentina a partir de la campaña 2021/22".
En el texto, al que iProfesional accedió en las últimas horas, se añade que "la compañía buscará una transición ordenada para acompañar a sus clientes y socios y permanece totalmente comprometida con sus negocios de maíz, protección de cultivos y agricultura digital en el país".
La empresa también dejará de vender en el país sus variedades de semillas Asgrow.
Si bien Bayer dio a entender que el movimiento responde a la poca penetración de su OGM Intacta RR2 en el mercado doméstico, fuentes cercanas al Ministerio de Agricultura alegan que la postura que tomó ahora la multinacional es una suerte de "demostración de fuerza" ante la falta de interés del Gobierno en avanzar con una nueva ley de semillas que el agronegocio viene reclamando desde el inicio del 2000.
Ya en 2016, frustrada porque no conseguía una legislación a su medida, Monsanto amagó con quemar o destruir 3.000 hectáreas sembradas con variedades de su soja transgénica RR2 Xtend. La acción no pasó del anuncio mediático.
En Argentina, la normativa vigente impide la propiedad privada de las semillas, considera que se trata de un organismo vivo que no puede pertenecer a una compañía, habilita el uso propio por parte de los agricultores e impide los controles compulsivos por parte de los actores privados.
Bayer estuvo a un paso de hacerse con todos estos beneficios durante la gestión de Mauricio Macri, quien en agosto de 2019 incluso barajó la posibilidad de imponer un nuevo marco por decreto ante el rechazo que generó entre varios diputados el proyecto oficial que reunía esos ingredientes.
Motivos de fondo
Con el Gobierno actual, la empresa volvió a la carga con sus pedidos y en el último día de mayo recibió un revés de parte de la cartera que encabeza Luis Basterra que aceleró la decisión ahora informada de salir del negocio de la soja OGM. Esto último, y en tanto la europea sólo habla de "suspensión", hay que leerlo en clave de presión.
La estrategia queda en evidencia a partir de dichos de ejecutivos de la misma multinacional, quienes en declaraciones recientes remarcaron que la firma no cambiará ningún aspecto de su negocio de comercialización de soja en Brasil, Paraguay y Uruguay. En estos países rigen marcos que satisfacen las exigencias de la alemana.
El 31 del mes mencionado, y mediante la resolución 141/2021, Agricultura resolvió extender la aplicación del sistema Bolsatech para la campaña de soja. Entre otros aspectos, la disposición estableció como potestad exclusiva del Instituto Nacional de Semillas la concreción de análisis para detectar el uso ilegal de la tecnología Intacta, registrada por Monsanto –hoy controlada por Bayer–.
En concreto, el oficialismo volvió a negarle a la alemana la posibilidad de efectuar por su cuenta una labor de policía que Bayer pretende ejercer para, en algún momento, accionar judicialmente contra aquellos productores que presuntamente no habrían comprado el OGM a la productora de transgénicos.
En el ámbito del agronegocio pro transgénicos no dudan en vincular la decisión de la firma a la ausencia de una ley acorde a sus pretensiones.
"Pone de relieve, una vez más, la carencia de no tener una ley de semillas moderna, que contemple el respeto a la propiedad intelectual tanto de germoplasma como biotecnología", publicó, en su espacio en la red social Twitter, Santiago del Solar, exjefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de Macri.
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En distintas cuentas, sendos consultores no dudaron en apelar a expresiones como "falta de seguridad jurídica", "desaliento a la inversión" y "vigencia de políticas anti empresa", para justificar una decisión que no hace más que volver a poner en evidencia cómo negocia una compañía acostumbrada a imponer sus condiciones ahí donde se instala.