Recorte en la asistencia salarial: Alberto decidió que no hay más margen para dar dinero estatal
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El Gobierno empezó a rediseñar su millonario plan económico de emergencia con el que intentó hasta ahora mantener a flote a empresas y familias. La preocupación por la fuerte caída de la recaudación llevó este miércoles al gabinete económico encabezado por Santiago Cafiero a avanzar en un recorte de los subsidios destinados a las empresas y descartar finalmente la posibilidad de asistirlas con nuevos fondos para pagar el medio aguinaldo de junio.
Las medidas coinciden con la decisión de escalonar en hasta cinco cuotas el sueldo anual complementario a los empleados estatales de mayor jerarquía, una medida que ahora buscará replicar el sector privado mediante acuerdos con los gremios pese a que la Ley de Contrato de Trabajo limita su pago hasta en dos tramos.
Por estas horas, la palabra clave preferida por los funcionarios es la "readecuación". Así se refieren a los cambios puestos en marcha en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para reducir su impacto fiscal y sustituir los fondos destinados al pago de salarios por líneas de crédito con tasas subsidiadas.
Con ese objetivo, los funcionarios ratificaron ayer el lanzamiento de una variante "low cost" denominada ATP 3, priorizando a los sectores con alto nivel de contagio y menos actividad, tal como había anticipado iProfesional. Mientras que en el resto de los rubros los fondos estarán disponibles solo para empresas de hasta 800 empleados y con un menor porcentaje de sueldo cubierto.
Desde sus inicios, el beneficio estuvo destinado a cubrir la mitad de los salarios en 250.000 empresas, con un tope de hasta $33.750. Pero ya en mayo el Ejecutivo empezó a sumar restricciones con el ATP 2. Ante la sospecha de que las había un desvío de fondos, se prohibió a principios del mes pasado a las firmas beneficiadas con más de 800 trabajadores hacer operaciones financieras (dólar bolsa, contado con liquidación y giro de utilidades).
Luego, esas limitaciones se extendieron en el tiempo (hasta dos años desde el acceso al beneficio) y a todas las empresas, lo que llevó a unas 250 compañías encabezadas por Techint a bajarse del programa y devolver subsidios, reduciéndose la nómina de firmas alcanzadas a 196.000. Esa cifra ahora sería de 180.000.
Los cambios responden en parte a la fuerte interna con el kirchnerismo. Ese sector del gobierno forzó un endurecimiento en la relación con el empresariado frente a las presiones para levantar la cuarentena y la ola de rebajas salariales y despidos, pese a la prohibición de las cesantías. Por otro lado, los ingresos no acompañan la fuerte expansión del gasto. Por efecto de una inflación del 45% en los últimos doce meses, la recaudación de mayo cayó en terminos reales un 22,5% interanual.
Por el contrario, el impacto financiero del Covid-19 hasta el 18 de mayo fue de $1.324 millones, un 4,7% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. De ese total, se repartieron $800 millones a las empresas a través de los ATP y diferentes líneas de créditos subsidiados, $180 millones a las 9 millones de personas beneficiadas por el IFE y $200 millones a las provincias en transferencias y obras públicas. El resto fue a otros sectores. "El costo fiscal de las medidas es muy alto", reconoció ayer una fuente oficial.
En ese escenario, los funcionarios coinciden en avanzar en una "transición" mediante la concentración de los recursos en los sectores "rojos" o más afectados y una reducción de los fondos en las zonas con actividad, los 18 distritos en "blanco" del mapa que revisa una vez por semana el comité técnico encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Dentro del primer grupo, se encuentran los hoteles y el turismo, sin perspectivas de apertura en el segundo semestre. En este caso, evalúan una mayor reducción de las contribuciones patronales. Mientras que en el segundo grupo figuran las actividades autorizadas para funcionar, como las fábricas que empezó a visitar el Presidente en Buenos Aires. "Son industriales en su mayoría, pero se recuperaron", explicaron.
El ajuste empezó con el aguinaldo
La otra señal que envío ayer el Gobierno fue la decisión de no auxiliar a las empresas con el pago del medio aguinaldo de junio, un reclamo creciente en las últimas semanas por parte de las cámaras privadas.
"No nos vamos a hacer cargo de los aguinaldos, lo más importantes para las empresas es que los ayudemos a pagar los salarios", sostuvo una fuente oficial.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había evaluado la posibilidad de otorgar un crédito a tasa cero, pero finalmente esa opción fue desechada. En su entorno, sin embargo, tampoco plantearon reparos a los acuerdos que ahora impulsarán las empresas con los gremios para fraccionar el sueldo anual complementario.
"Lo que negocien es entre la empresa y los empleados o el sindicato como representante del trabajador", señalaron desde esa cartera, aunque advirtieron que no los homologarán.
Por las restricciones fiscales, la idea es que las empresas se orienten hacia el financiamiento ya existente y a la vez dependan cada vez menos de la ayuda estatal para cubrir sueldos. "Ahora necesitan capital del trabajo, otra cosa que no va por el salario", señalaron fuentes oficiales.
Las empresas necesitan más "flexibilidad", aseguran, respecto a la disponibilidad del dinero. Por ello, la orden que se bajó es la de ampliar el crédito al 24%, complementado por la línea Pyme Plus de hasta $500.000 y una nueva para cooperativas con tasas al 18%. Pero los bancos ya informaron a las pymes, según la CAME, que los préstamos son para aquellos en situación crediticia "normal" o que nunca recibieron financiamiento.
El debate continuará este jueves en una nueva reunión del equipo económico de Alberto Fernández. Allí afinarán números, evaluarán el costo de cada medida y aplicarán "filtros" a partir de la base de datos en manos de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la ideóloga del plan de "desdolarización" que entre otras medidas contemplaba una baja de tasas, la disminución de las Leliqs y una mayor emisión del Banco Central.
Buena parte de ese programa se cumplió, pero la contracara fue la disparada del dólar paralelo y un mayor endurecimiento del cepo. Esas presiones devaluatorias junto con el deterioro de la recaudación habrían llevado al ministro de Economía, Martín Guzmán, a desacelerar el ritmo del gasto.
En cuanto al IFE, la semana pasada se empezó a pagar junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) a 2,5 millones de personas. En términos económicos, señalan en el comité técnico, se trata de más de una masa de más de $25.000 millones circulando en comercios de proximidad. "Eso va a alimentos", aseguraron.
La primera etapa del segundo pago concluirá la semana próxima y se arrancará con aquellos que tienen CBU. El Banco Central ya dispuso la atención obligatoria de los bancos a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia con clave bancaria. Este jueves también se evaluará la posibilidad de un tercer pago en julio, aunque tampoco se descarta aplicar nuevos filtros que podrían reducir la masa de beneficiarios a partir de la reducción de la cuarentena.
Cautela sindical
El Gobierno dio a conocer esta semana su intención de desdoblar en hasta cinco cuotas el medio aguinaldo de los empleados públicos, una medida que afectará al 35% de la plantilla de la administración nacional, incluidos los funcionarios, junto con otros sectores del Estado. El escalonamiento representará un alivio transitorio para las cuentas fiscales superior a los $4.000 millones.
El decreto alcanzará a más de 100.000 trabajadores con salarios superiores a los $80.000 brutos ($60.000 de bolsillo) de la administración central y los organismos descentralizados, incluyendo a las instituciones de la seguridad social. También al personal de empresas y sociedades estatales (Aerolíneas e YPF, entre otras) y al de entes públicos excluidos del sector público nacional, como el Banco Central y la AFIP.
El fraccionamiento del aguinaldo implica un desafío para la CGT. El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, se pronunció en contra de esa posibilidad en los últimos días. La decisión sorprendió a los gremios estatales y gatilló reuniones de urgencia.
La tensión ya había aumentado la semana pasada cuando el Gobierno decidió posponer sin plazo la paritaria estatal y la revisión del año pasado del sector público. Allí interviene la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), representada por Andrés Rodríguez, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada a nivel nacional por Hugo "Cachorro" Godoy. En los últimos cuatro años, estiman que perdieron más de un 35% del poder adquisitivo.
Si bien todos rechazan el decreto, la reacción hasta ahora fue más bien de cautela. Cerca de Godoy advirtieron que "no se pueden hacer protestas ni paro". Mientras que desde el sindicato ATE Capital, encabezado por Daniel Catalano, también se mostraron expectantes y anticiparon que esta semana realizarán asambleas, aunque "por ahora no se baraja una movilización o una medida de fuerza". Por lo pronto, emitieron un comunicado con la consigna "el aguinaldo no se toca".
En las paritarias, ATE suele tener planteos más duros que UPCN. Esos alineamientos se corresponden con la ubicación de sus líderes: Godoy es el líder de la CTA Autónoma y Catalano integra la CTA de los Argentinos encabezada por Hugo Yasky, mientras Rodríguez integra la mesa chica de la CGT. Pero en esta ocasión el juego de roles sería al revés por el mayor impacto de la medida sobre los afiliados sobre el gremio de personal civil.
"Su base justamente es de salarios más altos que los de la nuestra y esta medida afecta más a esos trabajadores", apuntaron desde los otros dos gremios. Por ello, todas las miradas están puestas ahora sobre Rodríguez, un dialoguista histórico que todavía no definió cuál serán sus próximos casos.
El escalonamiento repercutirá además en los organismos descentralizados y las empresas del Estado, donde también se concentran empleados con antigüedad y salarios elevados. Ese es el caso del fisco, Aerolíneas Argentina e YPF. Allí también los gremios apelan a la prudencia. "Los estatales por lo menos cobramos el sueldo, media argentina está en el horno así que para dentro agradecemos cobrar el 100%", dijeron en la AFIP.
A diferencia del sector privado, los empleados públicos no sufrieron rebajas salariales. Los gremios aeronáuticos acordaron la suspensión de 4.000 empleados en Aerolíneas con el pago del salario neto íntegro. "Si no queda otra, hay muchas empresas que ya no pueden afrontar más pagos y hay que ser racionales", señalaron desde un sindicato aeronáutico.