Echale la culpa al cepo: crece el número de empresas tecnológicas que deciden establecerse en Uruguay
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Mientras en el Senado sigue sin comprenderse por qué no avanza la discusión de la ley de economía del conocimiento pues pareciera que no hay oposición de nadie, crece el éxodo de empresas del sector que deciden establecer la sede administrativa en Uruguay para poder realizar las operatorias de comercio exterior sin inconvenientes.
Los datos sobre la cantidad de empresas que prefirieron operar en Uruguay son extraoficiales pero dan cuenta de unas 300 firmas que prefirieron establecer la sede ese país que cobra arancel 0 al establecimiento de compañías del conocimiento. Se trata, sin embargo, de un fenómeno que ya tiene un año y que se profundiza cuando de este lado del charco se toman medidas que tienen que ver con limitaciones al movimiento de divisas.
"Ya había empresas que tenían personería en Uruguay porque hacían exportación. Este proceso arrancó en agosto del año pasado cuando se profundizó el cepo porque las empresas buscan tener las operaciones de comercio exterior por afuera, una situación que también se había dado en 2014 y 2015 ante situaciones similares. Eso fue lo que hizo que las exportaciones cayeran unos u$s200 millones en ese entonces", dijo a iProfesional, Sergio Candelo, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).
La CESSI representa a más de 1600 empresas, de manera directa e indirecta a través de la Red Federal compuesta por 30 polos y clusters tecnológicos de todo el país. El 60% de las empresas exporta, de acuerdo a datos del Observatorio de Software y Servicios Informáticos.
Facilitar el dólar
Si bien el objetivo de las empresas del conocimiento es exportar, cuando la inestabilidad política se vuelve una constante en la Argentina la búsqueda del modo de facilitar su operatoria se traduce en la radicación en otros lugares. Una situación que, al mismo tiempo, se da entre los profesionales independientes del sector que, quedándose en la Argentina, trabajan para empresas del exterior y cobran sus ingresos de manera completa con una cuenta de PayPal o una alternativa similar. Hecho que, al mismo tiempo, se convierte en un factor de competencia para las empresas argentinas que quieren contratar a esos profesionales y que, en este contexto, les resulta difícil encontrar suficientes motivos para seducirlos.
Candelo expresó que lo complejo de este escenario es que "con un dólar y otro se pierde el 80% del valor de lo que cuesta el dólar en el mercado. Y lo mismo sucede si yo le pago u$s1.000. No va a cobrar ese dinero por todas las deducciones que debe hacer, mientras que si lo hace en Uruguay va a recibir los u$s1.000 limpios", describió.
"Los que más rápido y fácil se van del país son los profesionales que pueden vender al exterior sus servicios. Les basta con trasladar sólo una parte de su estructura tomando como contratistas independientes al personal de la Argentina", señalaron desde la gerenciadora FDI, como una muestra más de este panorama.
Esta es una de las razones por las que tanto desde este sector como del resto de la industria del conocimiento piden que se apruebe la ley que nadie sabe por qué a esta altura está frenada en el Senado. Las compañías que entre 2005 y 2019 tuvieron la promoción de la ya extinta ley del software, si bien se mantuvieron con actividad en la pandemia, están preocupadas por el futuro por venir.
Los datos macroeconómicos anticipan un deterioro aún mayor de las distintas actividades hacia adelante y crece la preocupación porque, si bien hasta ahora se mantuvieron haciendo frente a las obligaciones, están vislumbrando meses más sombríos para el país. De ahí que desde esta cámara volvieran a expresar la necesidad de que la norma sea tratada y aprobada en el Senado tal como vino de Diputados para que puedan empezar a implementarse los beneficios fiscales que, aseguran, les permitirá continuar creciendo y esquivando la tentación de establecer bandera en otro país.