La concesionaria de la Ruta del Mercosur cuestionó al Gobierno por ahogo financiero deliberado

Luego de que el Gobierno decidiera cambiar el operador de la principal autopista del Mercosur convocando a una licitación para sellar un nuevo contrato, el actual grupo concesionario de la ruta se prepara para una batalla legal con el objetivo de conservar el negocio.

Se trata de una decisión tomada luego de que Vialidad Nacional emitiera un confuso comunicado anunciando la creación de una nueva red federal privada para la operación y mantenimiento de rutas.

En este marco, además de informarse que se privatizarán los caminos actualmente en manos de la sociedad estatal Corredores Viales, el organismo incluyó en la misma medida al trazado en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato se encuentra vencido pero que fue ampliado por el propio gobierno libertario hasta el 9 de abril del 2025.

La empresa opera el trazado que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria.

Al inicio del contrato CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.

Ruta del Mercosur: para la empresa, hay atraso preocupante de tarifas

En ese contexto, el grupo empresario insiste en que el acuerdo tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.

A través de un comunicado, la sociedad concesionaria salió a manifestar públicamente su "preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos". Desde la empresa advierten además que dicha situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún, con sus más de 550 empleados derivando la situación en la apertura de un proceso concursal.

Dicha situación comenzó en el 2023 cuando los abogados de CRUSA solicitaron la protección judicial argumentando no poder hacer frente al pago de sus pasivos debido a la falta de adecuación de sus tarifas, congeladas o poco actualizadas por los anteriores gobiernos y también por la actual gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

Desde la compañía aseguran que dicho ahogo financiero es "deliberado" y deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados.

La intervención judicial

En la justicia parecen haberle dado la razón a la compañía ya que hace poco tiempo se homologó su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.

En su comunicado, CRUSA sostiene que "los incumplimientos contractuales incurridos desde el año 2009, en especial por la falta de ajuste y por no realizarse la renegociación comprometida, llevaron a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria".

El proceso contra el Estado se inició en el 2022 por incumplimiento de contrato y CRUSA reclama una indemnización por u$s300 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

Mucho tiene que ver en esta causa la desidia del Estado Nacional, que nunca cumplió con el compromiso de la Renegociación Tarifaria Integral, que se debía encarar en el 2006, y tampoco asumió la obligación de actualizar tarifas de acuerdo a una fórmula, además de que no se pagaron algunas inversiones.

Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se de comienzo al proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició.

A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur.

Futuro incierto

Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta.

Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones.

De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año próximo seguirá en manos de Caminos del Río Uruguay.

Luego de esa fecha, la situación será incierta, más allá del anuncio oficial de convocar a un nuevo proceso licitatorio, teniendo en cuenta que desde Vialidad Nacional no se dieron mayores detalles sobre los pliegos y más que nada sobre si se le permitirá a la empresa participar de la convocatoria.

Desde CRUSA aclararon que, a pesar de la disputa, mantienen su vocación conciliadora de encontrar soluciones y ratifica su intención de cumplir los compromisos asumidos, dentro de los cuales califica como "relevante" completar el proceso de renegociación acordado.

El objetivo es establecer las condiciones que permitan mejorar las condiciones de tránsito del corredor, y corregir errores cometidos en el pasado por los anteriores gobiernos.

"El país merece un nuevo marco, como el anunciado por las autoridades, que brinde a los privados oportunidades en un sistema de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia", señala el comunicado de la concesionaria que parece querer dar a entender que concuerda con las banderas libertarias y que por ese motivo reclama que se le respeten los derechos que no fueron tenidos en cuenta por el anterior gobierno kirchnerista.

Agregan sentirse cómodos con la política de superávit fiscal y de reducción de la inflación adoptadas por la gestión libertaria y que en la empresa consideran como condiciones indispensables.

Creación macrista

Lo paradójico es que se trata de los mismos postulados utilizados por Vialidad Nacional para intentar quitarle a CRUSA la concesión de la llamada "Ruta del Mercosur" a partir del 2025 para conformar una nueva red federal de caminos privatizados que sumará las operaciones actualmente a cargo de la sociedad estatal Corredores Viales, creada en el 2017 por el gobierno de Cambiemos.

En ese momento, el objetivo era que se dedicara a la construcción, la mejora y el mantenimiento, entre otras cosas, de todas las rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional.

La sociedad estatal nació de la mano del Decreto 794/2017 del entonces Ministerio de Transporte, en el cual se explicaba que el 51% de la nueva empresa quedaba en poder de la cartera que conducía Guillermo Dietrich, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad sería tenedora del restante 49%.

Al asumir, Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables" y que opera todas las autopistas, salvo tres: la Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y la ruta 14, que tiene a su cargo CRUSA.

Según el organismo oficial, la licitación de esos caminos y del trazado operado por esta empresa se llevará a cabo "a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas".

Hace referencia también al avance "en la reorganización administrativa del Estado con el objetivo de mejorar su funcionamiento, reducir el sobredimensionamiento estructural y disminuir el déficit fiscal".

De igual modo, el anuncio menciona la implementación de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como punto de partida para "poner en marcha la transferencia de la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas al sector privado, que actualmente está mayormente a cargo de Corredores Viales S.A.".

La "nueva" red

La idea es crear un esquema que promueva una mayor competencia ya que permite la participación de empresas que no necesariamente pertenecen al sector de la construcción vial, generando mayor transparencia y confianza en el sector privado.

En este sentido, Vialidad Nacional divide el proceso licitatorio en dos etapas, siendo la primera la concesión de dos tramos del Corredor 18, que pertenece a CRUSA, empresa que no tiene intenciones de abandonar la operación sino que, por el contrario, entiende que las autoridades nacionales deberían abrir un proceso de renegociación contractual para extender su operación más allá del 9 de abril del año próximo.

Sin embargo, Vialidad Nacional incluye en la licitación, principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Es más, CRUZA se "salvó" de formar parte de la red de autopistas de Corredores Viales gracias a un fallo de octubre del 2023 de la Justicia Nacional Comercial que frenó la estatización de su concesión.

La medida judicial dispuso que CRUSA continúe operando las rutas y los enlaces viales con el cobro de peajes por un plazo inicial de seis meses, tal como se describe en el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9 que se fundamentó en el hecho de que "el Estado Nacional no abrió aún la instancia de renegociación del contrato con la empresa concesionaria, ni interpuesto en los términos adecuados la finalización de la concesión".

Sin embargo y a partir de la decisión que acaba de anunciar Vialidad Nacional este jueves 10 de octubre, es más que probable que este consorcio deba presentarse al proceso licitatorio si pretende la operación.

En el caso de la segunda etapa, contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio del mismo año.

El informe de Vialidad Nacional explica que "con este nuevo esquema, el Estado Nacional logrará un ahorro proyectado a veinte años que rondará los u$s5.600 millones, además de que las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa de peaje una vez que la totalidad de la ruta concesionada esté en condiciones seguras de transitabilidad, asegurando así que los usuarios reciban un servicio de calidad".

Vialidad Nacional anticipa además que en los próximos días, se publicará la información preliminar en los sitios web del Ministerio de Economía; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte para que los interesados puedan consultar los detalles del proceso de licitación y participar en las convocatorias.