Una empresa del Grupo Eurnekian rechaza la oferta de bonos de CAMMESA
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Un grupo importante de empresas generadoras de energía y productoras de gas sigue analizando con mucha desconfianza la oferta realizada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A (CAMMESA).
La oferta consiste en canjear una deuda de unos 1200 millones de dólares por el bono de la deuda pública nominado en dólares, el denominado AE38 que vence en el año 2.038. Muchas empresas consideran que esta especie de canje forzoso podría generar un mal precedente para lo que viene.
El AE38 es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 4,25% anual con fecha de vencimiento el 09/01/2038. Su valor técnico es de 101,42 dólares con un valor residual del 100 % y en la actualidad cotiza a $54.000 la lámina de 100 o el equivalente a 54 dólares lo que representa una paridad del 51 %.
En el sector energético consideran que las condiciones que ofrece el gobierno son difíciles de aceptar. Las productoras de gas guardan cautela, por ahora pero ayer la CGC (Compañía General de Combustible) propiedad del Grupo Eurnekian comunicó que no aceptaría la oferta.
CGC evalúa los pasos a seguir
En el informe de Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2024, enviado a la CNV la empresa del holding del empresario Eduardo Eurnekian detalló que: "a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la sociedad se encuentra evaluando los posibles cursos de acción".
Según destacó CGC, al 31 de marzo de 2024, CAMMESA mantiene una deuda de 56.086 millones de pesos, de los cuales 26.225 millones de pesos es saldo vencido.
El informe detalla además que "considerando las resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía descriptas precedentemente y la valuación de mercado de los bonos ofrecidos, la Sociedad ha registrado una previsión para pérdidas esperadas futuras de $9.000 millones en los créditos con CAMMESA.
Por lo que pudo saber iProfesional a CGC se suman las empresas SCC Power San Pedro S.A. y MSU Energy S.A. que también mostraron el monto que les adeuda la empresa del Estado y podrían avanzar con medidas contra la decisión de la Secretaría de Energía.
Deudas millonarias
La deuda que CAMMESA mantiene con SCC Power San Pedro S.A. asciende a la suma total de 5.455.742.927 de pesos correspondientes a las transacciones de los meses de diciembre de 2023, de enero 2024, y de febrero de 2024.
En tanto, MSU Energy S.A. informó que CAMMESA le adeuda 62.063.927.706,00 de pesos correspondientes a las transacciones de los meses de diciembre de 2023, de enero 2024, y de febrero de 2024.
Las empresas comunicaron a la CNV que tienen una capacidad financiera adecuada para hacer frente a sus obligaciones en general y a sus compromisos financieros en particular, incluyendo sus obligaciones negociables con oferta pública.
Las empresas advirtieron que se encuentran observando atentamente la situación y analizando todos los posibles cursos de acción y que cualquier novedad será notificada a la CNV.
Hasta ahora solo las petroleras YPF, PAE, Pluspetrol y Albanesi aceptaron la propuesta
Hasta ahora solo las petroleras YPF, PAE, Pluspetrol y Albanesi aceptaron la propuesta pero hay otras empresas que no están de acuerdo como Pampa Energía,Tecpetrol, CGC, Central Puerto, MSU Enery, AES.
Hay que recordar que el Ministerio de Economía prorrogó hasta el próximo jueves el plazo para que las empresas productoras y generadoras de energía acepten la oferta para canjear la deuda que acumularon con CAMMESA entre diciembre pasado y febrero de este año,aunque aclara que no se reconocerán los intereses por la mora en los montos adeudados y que los pagos que se realicen por otros períodos no podrán ser computados a los saldos vencidos.
El comunicado del ministerio conducido por Luis Caputo no aclaró qué pasará con los flujos futuros ya que con los bonos se cancelará un stock de deuda acumulado pero no se soluciona hasta ahora el tema de los pagos futuros.
La Resolución 77/2024 que lleva la firma del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial y establece que se prorroga el plazo para aceptar el canje hasta el próximo jueves.
En base a los datos de la Secretaría de Energía el stock de deuda de CAMMESA entre por diciembre y enero llegó a 1,074 billones, de pesos un monto que se busca renegociar con un canje por el bono AE 38, que es título de la deuda pública nominado en moneda extranjera que cotiza al
50%.
CAMMESA: los fundamentos del Gobierno
Desde el Gobierno explican que las empresas quieren cobrar la devaluación de diciembre por la energía generada en octubre y noviembre, antes del último salto cambiario, y que este gobierno tuvo que hacerse cargo con dinero del ejercicio 2024 a deudas de la gestión de Alberto Fernández.
En lo que respecta a las empresas hay que señalar que por el lado de AGEERA, que agrupa a las empresas eléctricas, a través de un comunicado denunciaron la ruptura de contratos y por otro lado las productoras de hidrocarburos también salieron a manifestar su rechazo.
En el caso de Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, esta informó a sus inversores que analizaba medidas legales aunque aclararon que son optimistas en encontrar una salida y descartan riesgo financiero.
Por su parte Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que nuclea a las principales empresas del área energética, hace dos semanas decidio rechazar la propuesta del gobierno de canjear la deuda de US$ 1200 millones que acumuló la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A (CAMMESA) entre diciembre y enero entregando el bono AE38 con vencimiento en el 2.038 agravó la situación del intento de reperfilamiento de esa deuda.
Incumplimientos de contratos
Desde varias fuentes del sector comentaron a iProfesional que la posibilidad de un futuro incumplimiento de contratos en el sector de la energía provocó también una gran preocupación del gobierno de los Estados Unidos y del FMI ya que la empresa americana AES figura entre las damnificadas.
Las productoras agrupadas en la CEPH entre las que figuran Total Energies, Tecpetrol, Pampa Energía, Wintershall Dea, CGC y Capsa-Capex rechazaron la oferta del gobierno, al igual que lo hicieron el miércoles las principales generadoras de energía nucleadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA).
Las petroleras advirtieron al Gobierno que la normativa publicada afecta a los derechos contractuales de los productores al amparo de los contratos celebrados con CAMMESA en el marco del Plan Gas. Y que además afecta a su derecho de propiedad.
Una decisión que afecta la seguridad jurídica
La decisión oficial afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la administración pública modifica unilateralmente los contratos de abastecimiento y los PPA (Power Purchase Agreement). El problema es que de acuerdo a la opinión de los principales especialistas jurídicos del sector la resolución del Ministerio de Economía afecta la seguridad jurídica de los contratos de demanda mayorista y de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes térmicas y renovables celebrados bajo las rondas de los PPA y las Resoluciones S.E.E 21/2016 y S.E.E. 287/2017.
En particular, se presentan ciertas premisas legales y regulatorias que son aplicables a los PPA de cara a la seguridad jurídica y confianza en el sector privado y financiero. El PPA es el activo subyacente de proyectos de generación de energía eléctrica, y ha sido el método ideado por el regulador para viabilizar el desarrollo de nueva potencia instalada. Las empresas, en su mayoría, sostienen que la conducta del Estado Nacional y la instrucción que imparte a CAMMESA viola los contratos celebrados por los productores, de los términos del Plan Gas.Ar, debido a que CAMMESA adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica S.A, tiene por objeto el despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El paquete accionario de la misma es propiedad de las asociaciones que agrupan a los distintos Agentes del MEM en un 80%. El 20% restante está en poder del Estado Nacional, personificado por la Secretaría de Energía, el que asume la representación del interés general y de los consumidores atendidos por los Agentes Distribuidores.
Los distribuidores pagan, o mejor dicho, deberían pagar, un precio estabilizado trimestralmente, el cual surge del costo medio previsto para el período y que contempla las pérdidas en la red de transporte. El problema es que debido al congelamiento de las tarifas residenciales, en el gobierno anterior,las distribuidoras eléctricas acumularon hasta enero una deuda con CAMMESA por unos 400.000 millones de pesos, cifra equivalente a 2,5 veces lo que deben abonar mensualmente. Esa deuda del Estado con las empresas del sector energético como Pampa, Central Puerto, AES, MSU y Albanesi, entre las generadoras, e YPF, PAE, TotalEnergies, Wintershall Dea, CGC, Tecpetrol y la propia Pampa, entre los productores de gas, se generó como consecuencia de la posición que tomó el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre pasado.
A partir de ese día el Estado dejó de hacer el pago de los compromisos la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que pese a tener una estructura mixta es controlada por la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodriguez Chirilo.