Crí­ticas y adhesiones al proyecto de reforma judicial impulsado por Felipe Solá

El proyecto de reforma judicial penal impulsado por el Gobierno bonaerense para "acelerar los procesos y mejorar el funcionamiento del sistema" ya cosecha las primeras adhesiones y rechazos de distintos sectores. La crí­tica más dura partió del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que advirtió que la iniciativa sólo parece apuntar a "reivindicar, para una gestión que termina, la aventura de una modificación procesal", mientras que la propuesta cosechó respaldos principalmente en la Legislatura.

La entidad que nuclea a los jueces bonaerenses expresó además su "preocupación y asombro" frente al anuncio del Ejecutivo, al señalar que la reforma "no fue consensuada" con los distintos sectores del Poder Judicial. El pronunciamiento del Colegio de Magistrados se constituyó así­ en la primera crí­tica pública al proyecto de ley que el gobernador Felipe Solá envió ayer a la Cámara de Diputados para realizar reformas en la justicia penal, que incluyen, como se ha informado, la eliminación del Tribunal de Casación (donde actualmente se apelan las sentencias) y la división de los tribunales penales, que dejar n de ser de tres miembros y pasar n a ser juzgados unipersonales, pasando así­ de 70 "unidades" a 210.

Según el cálculo oficial, esta medida permitir aumentar fuertemente la cantidad de audiencias orales para causas con penas menores a los 20 años de prisión, ya que esos casos serán juzgados por un solo magistrado, mientras que en las causas en las que podrí­an caber penas mayores seguir n funcionando tribunales de tres miembros. El proyecto también dispone que los jueces deberán cumplir tareas rotativas para cubrir vacantes en cualquier juzgado sin importar a qué tipo de ellos pertenecen, "para equilibrar las demandas". Y las tareas administrativas dejarán de ser responsabilidad de magistrados y estarán a cargo de las Secretarí­as Administrativas de Gestión (SAG) que se crearán en los departamentos judiciales, que además administrarán las agendas de los jueces para audiencias y visitar cárceles.

Además se generalizará en la Provincia el procedimiento de flagrancia, en el que en un proceso totalmente oral, que no dura más de 100 dí­as desde que se cometió el hecho, se llega a sentencia en casos en los que la persona fue hallada cometiendo en delito "in fraganti". Actualmente, este sistema funciona en 3 de los 18 departamentos judiciales. En su crí­tica al proyecto, el Colegio de Magistrados sostuvo también que "una vez más enfrentamos el riesgo cierto de que una causa inatacable -la necesidad de mejorar el desempeño del Poder Judicial, adecuando sus órganos y procedimientos- fracase a manos de la improvisación y el apresuramiento". La entidad cuestionó el hecho de que se actuó "de manera inconsulta, privilegiando la sorpresa donde deberí­an primar la seriedad, el conocimiento técnico y la responsabilidad". Agregó que esa decisión "no puede menos que llenarnos de desazón a quienes ya hemos vivido repetidas veces el ciclo de 'ensayo y error', que nos condena a las permanentes marchas y contramarchas, parches y excepciones, que no hacen otra cosa que embestir contra todo lo que pudiera aportar a la calidad institucional en nuestra ya maltratada Justicia provincial".

Finalmente, invitó a las autoridades de los tres Poderes del Estado provincial a "trabajar, con seriedad y responsabilidad, en la construcción de una Justicia adecuada a las demandas de nuestros conciudadanos y los desafí­os de futuro". Por su parte, jueces de la Casación consultados por este diario prefirieron "no opinar" sobre el proyecto enviado por el gobernador Sol a la Cámara de Diputados. El presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Auge opinó que "en principio, la propia Cámara de Casación se mostraba superada, al mismo tiempo que hay un clamor popular con respecto al atraso de causas que ha permitido libertades tan pol‚micas como por ejemplo, la de la 'Garza' Sosa".

"Es bueno también tener en cuenta que se dar solución a un reclamo que venimos haciendo desde el Colegio de Abogados, como es la cobertura de las vacantes en la Cámara Penal platense", precisó. Además, destacó que "con respeto a los procesos de flagrancia, en La Plata no hay experiencia pero sabemos que la prueba que se está realizando en Mar del Plata tiene muy buenos resultados". En cambio, el reconocido abogado penalista platense Alfredo Gascón Cotti afirmó que "se trata de un nuevo intento evidente de corregir la implementación del nuevo sistema (el que rige desde 1998), que ha sido objeto de distintas reformas precisamente por falta de correspondencia con necesidades jurisdiccionales en materia penal".

Consideró que "vamos a caer en el peligro de los jueces unipersonales, y no hay que olvidar que una de las condiciones del proceso oral es la existencia de los tribunales" y afirmó que "los jueces individuales en procedimientos donde no se puede revisar la prueba son sumamente peligrosos".