Final con polémica para la concesión de la ruta del Mercosur

El gobierno nacional llevó a cabo la semana pasada, la audiencia pública convocada para anunciar el cambio de concesionario de la llamada "Ruta del Mercosur", cuyo trazado todavía está en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), pero con un contrato que vence el próximo 8 de abril.

Se trata de un trazado que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria.

Al inicio de la concesión, CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 era de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.

Ruta del Mercosur: un nuevo trazado

En este sentido, el gobierno libertario ya anunció que no renovará el contrato con la empresa y que convocará a una audiencia pública para cambiar al grupo concesionario como parte de un plan mayor para crear lo que se bautizó como la nueva "Red Federal de Concesiones" que Vialidad Nacional, que depende del Ministerio de Economía, licitará en las próximas semanas.

Junto con los trazados que opera CRUSA y el resto de las rutas de la empresa estatal Corredores Viales, la nueva red federal que se licitará abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

En el caso de la concesionaria estatal, fue creación del gobierno de Mauricio Macri en el 2017 y sumó nuevas rutas durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se reestatizaron varias rutas.

Al asumir, Javier Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables" y que opera todas las autopistas, salvo tres: la Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y la ruta 14, que tiene a su cargo CRUSA.

Cambio en dos etapas

El proceso licitatorio se llevará a cabo dentro del plazo de 12 meses, con la modalidad que se estime más conveniente y con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

La primera etapa será la licitación del trazado de CRUSA para luego, en una segunda etapa se contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos. En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa acaba de comenzar , con adjudicación prevista para julio próximo.

Tarifas y obras

Por eso y para atraer a los posibles inversores, Vialidad Nacional asegura que el sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse y destaca que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

En ese marco, el pasado 26 de febrero, Vialidad Nacional organizó en Victoria, Entre Ríos, una audiencia pública para abordar las novedades de la nueva concesión que reemplazará a CRUSA que actualmente mantiene una disputa judicial por la continuidad de la operación.

Durante el encuentro se anunció que el plazo de la operación será de 30 años y se anunció que tendrán ventaja aquellas ofertas que dispongan las menores tarifas para el cobro de peaje o las que menor tiempo presenten para hacerse cargo de la conexión.

Peajes regulados

De todos modos, se aclaró que durante el primer año de concesión el gobierno nacional fijará el precio del peaje mientras que la empresa adjudicataria del proceso deberá terminar con las principales obras y recién entonces cobrará la tarifa presentada en los sobres.

Se mencionaron además las obras que se deberán encarar en el trazado durante los primeros tres meses de operación, poniendo foco en el bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos.

Así lo sostuvo Martín Zangirolami, subgerente de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al abrir la audiencia, funcionario que también detalló las obras a encararse en el calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas y el repintado del trayecto.

De igual modo, se puso en relieve que el pliego presentará la obligación de encarar tareas de infraestructura que deben finalizar en 2027 por su magnitud y que se tendrán que presentar dentro del primer semestre desde que comience la concesión.

Las más importantes son las de la construcción de losa de hormigón en la cabecera Victoria y en el peaje; la reparación y restauración de todo el sistema de iluminación del puente; y la colocación de paneles de mensajes variados.

Concesión vigente

Pero, mientras las autoridades nacionales avanzan en el proceso de cambio de operador de esta ruta, desde CRUSA insisten en sostener la concesión y siguen acusando al gobierno libertario de llevar a cabo maniobras poco claras para quitarles el contrato.

Desde la empresa se asegura que las autoridades de Vialidad Nacional no muestran interés en una prórroga que asegure continuidad para los trabajadores.

De hecho, en el mercado se advierte que la empresa se verá obligada a despedir trabajadores y casi 500 personas perderán su trabajo sin indemnización.

Además, se asegura que, luego de vencido el plazo de la concesión, quienes recorran la ruta y sufran accidentes no van a tener servicios de grúas o ambulancias ya que dependen de CRUSA y desde Vialidad Nacional afirmaron que no se van a ocupar de la operación de las mismas.

Críticas al pliego

La pelea, que ya tiene varios años y se fue incrementando a medida que cambiaron los gobiernos nacionales, también muestra, según los concesionarios actuales, la poca importancia que el Estado Nacional le estaría dando al respeto por la estabilidad y el cumplimiento de contratos, "lo que desalienta la participación de concesionarios serios".

Las críticas también se centran en el nuevo pliego licitatorio que menciona renegociación en caso de desequilibrio económico, pero no establece sanciones al Estado si incumple, mostrando que CRUSA ya padeció esta falta de garantías y terminó en concurso de acreedores a pesar de haber invertido u$s870 millones en obras y mantenimiento.

Sin embargo, sus ejecutivos señalan que la falta de actualización tarifaria los llevó a declararse en concurso en 2023 y que hoy enfrenta el cese de su concesión sin garantías de continuidad ni transición ordenada.

Los cuestionamientos también se extienden al mecanismo para marcar los precios de los peajes que se incluye en el nuevo pliego por entender desde la empresa que no establece tarifas tope, lo que deja a los concesionarios dependiendo del Estado.

"CRUSA ya sufrió pérdidas millonarias por el congelamiento de tarifas y debió iniciar un juicio contra el Estado y sin una actualización automática, el nuevo concesionario enfrentará el mismo riesgo", anticipan las fuentes.

Contrato judicializado

Del mismo modo, señalan lo que consideran "una contradicción", del pliego con el discurso libertario sobre el respeto a los contratos y la seguridad jurídica para inversiones. Además, señalan que va en contra de la Ley Bases, que busca brindar estabilidad y atraer capital privado.

En ese contexto, CRUSA insiste en que el acuerdo de concesión se encuentra vigente y tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.

De hecho, en el Decreto se hace mención al convenio con CRUSA y a la causa judicial iniciada por la empresa en los autos caratulados "CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expediente Judicial N° 1520/2023), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17, para que se le respeten las condiciones del contrato.

En este sentido, el 19 de octubre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, entablada por la concesionaria, para prorrogar la concesión por seis meses, a partir del 31 de octubre de 2023, lo cual fue apelado por Vialidad Nacional, lo cual hizo que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelva admitir parcialmente el recurso deducido por el organismo.

Esa cámara dispuso que la medida cautelar cesaría a los 30 días contados desde su notificación, plazo en que las partes involucradas debían realizar todos los trámites necesarios para finalizar el contrato de concesión el 9 de abril de 2024. Pero la Resolución N° 144/24 de Vialidad Nacional estableció la prórroga de la concesión por otros 12 meses contados a partir de la fecha de culminación de la concesión, lo cual debe culminar el próximo 18 de abril.

Ahogo financiero

Ya el año pasado, y través de un comunicado, CRUSA salió a manifestar públicamente su "preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos".

La empresa también advirtió que dicha situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además la llevó a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún, con sus más de 550 empleados derivando la situación en la apertura de un proceso concursal.

Es más, los ejecutivos de CRUSA acusaron al gobierno de Javier Milei de haber llevado a cabo un proceso "deliberado" de ahogo financiero en contra de la sociedad ya que, según entienden, deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados.

Sociedad en concurso preventivo

La situación derivó en la presentación de la empresa en concurso preventivo y en la homologación por parte de la justicia de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.

De manera paralela, CRUSA reclamó ante los tribunales contra el Estado en el 2022 por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización por u$s300 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se de comienzo al proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició. A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur. Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones. De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año sigue en manos de CRUSA.