El programa con el FMI nace "sin credibilidad" y hasta podría incumplirse, alerta consultora

El reciente anuncio de acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación del pago de la deuda con el organismo, enciende consensos, dudas e incertidumbres entre los distintos analistas.

En especial, las preguntas que rondan en el mercado se vinculan a cómo Argentina se comprometerá y encausará las reformas necesarias que debe realizar para cumplir con sus compromisos con el FMI, sin siquiera haber presentado un plan económico sustentable.

Además de ello se plantea cómo convivirán diversos ajustes que se deberían realizar en 2023 desde el oficialismo, en medio de un año electoral, donde se elegirá Presidente.

Al respecto, la consultora LCG, fundada por Martín Lousteau, acaba de publicar un informe en el que analiza en detalle qué puede pasar con este acuerdo y con el futuro cercano de la economía nacional.

En el mismo se rescata que los anuncios por parte del Gobierno y del FMI de la llegada a un entendimiento, lograron "cortar con las especulaciones" sobre los pagos de los vencimientos de deuda.

"El relativo éxito del Ministro Guzmán en la negociación con el FMI no se dio justo antes del vencimiento, sino cuando hizo girar la discusión en torno al sendero fiscal. Una vez aceptado eso dentro de la coalición, el Fondo estaba adentro", detallan los analistas de esta consultora.

Y acota: "El ala más dura del kirchnerismo, de hecho, notó esto tarde y empezó recién días antes del vencimiento de enero a decir en voz alta que quizás lo mejor era no pagar".

En este sentido, se analiza que el sendero fiscal "claro que interesa", debido a que el resultado primario condiciona la capacidad de hacer "política electoralista", justamente en 2023.

"Con el FMI adentro y las revisiones trimestrales correspondientes, esas diferencias internas empezarán a marcarse con más intensidad", dicen los economistas de LCG.

Para agregar que "es inevitable que la economía no sufra" en los próximos años, debido al exceso de pesos y la falta de dólares que ya existe, y que "no se revertirán" con el acuerdo con el FMI.

"En todo caso, sólo empeoraba no tener un entendimiento. Pero el riesgo país difícilmente baje a niveles que permitan fuentes de financiamiento alternativas, el nivel de desempleo y pobreza siguen siendo elevados y, en el corto plazo, no mejoran con un ajuste fiscal que sea más acelerado. O bien, más suave", resumen estos expertos.

Ahora bien, opinan que en el 2023 la discusión en torno al tema del FMI será "tragicómica".

"Haciendo futurología, el oficialismo más duro dirá que el organismo no deja que la economía crezca, y hasta posiblemente el Ministro de Economía funcione como un caballo de Troya. En cambio, la oposición más extrema dirá que el ajuste fue insuficiente, y la moderada dirá que el acuerdo debería haber sido distinto", proyectan desde LCG.

Y sentencian: "Como sea, entre dejar el poder y entrar en un incumplimiento con el FMI, el Gobierno optará por lo segundo. De ahí, en parte, que el programa nace sin credibilidad".

En el mientras tanto, el Presidente anunció que el acuerdo con el FMI sólo implicará más gasto en obra pública y en ciencia y tecnología.

El acuerdo del Gobierno con el FMI encierra una serie de dudas sobre el cumplimiento de los compromisos acordados.

Otros desafíos

En medio de este anuncio oficial de acuerdo con el Fondo Monetario, algunas variables económicas empiezan a hacerle ruido a los especialistas, como así también desafíos que se presentarán.

En el informe se menciona que este año Argentina contará con un 5% menos de exportaciones debido al mal clima, no habrá DEGs, y la región, de la mano de Brasil, será "menos dinámica".

A ello se le suma la suba de tasas por parte de la FED, que le quitará fuerza a la recuperación a nivel internacional.

Además, a la existencia de una elevada inflación que reduce el poder de compra al sector privado, se le suma la emisión monetaria y las muy bajas reservas internacionales.

"El Presidente, ahora en una posición incómoda, anunció que no habrá ajuste real del gasto ni devaluación, cosa que le preocupaba al ala kirchnerista. Y dijo que se reordenarán las cuentas públicas, lo que le preocupa a la oposición", detallan desde LCG.

Y completan: "Todo esto es clave para que el Congreso apruebe lo que eleve el Ejecutivo, que difícilmente convenza a oficialismo y oposición".

Claro, se estima que la discusión pasará primero por el inconsistente Presupuesto 2022 que se presentó en el Congreso meses atrás.

"En concreto, el acuerdo pasa por un ajuste fiscal que llevaría al déficit primario de 2,5% en 2022 a 0,9% en 2024, un esfuerzo relativamente leve. Más aún cuando el Ministro Guzmán ya anticipó que lo logrará con algún tipo de reforma fiscal, posiblemente una suba de impuestos; y reorientación del gasto, presumiblemente mediante una reducción del gasto en subsidios a la energía", resaltan los economistas.

También, para los expertos, surgen "dudas" sobra la capacidad de financiamiento del déficit.

"De ahí la necesidad de apuntar a tener una estructura de tasas de interés reales positivas, algo difícil en un contexto de expectativas de inflación volátiles donde se insiste en controles de precios y donde las reservas deberían crecer en u$s5.000 millones. Algo que, difícilmente, se logre con atraso cambiario, sino que se precisa lo contrario, que es una corrección, e incluso con controles cambiarios, que impacten en los precios", subrayan desde LCG.

Uno de los desafíos que tendrá el Gobierno es poder financiar el déficit, en medio del aplazo del pago de la deuda.

En lo estructural, mencionan que el acuerdo no tiene muchas condicionalidades, debido a que por el plazo de duración de 2 años y medio luce como "un intercambio de un programa Stand By por otro Stand By más allá de la terminología que quieran utilizar".

Por eso destacan los expertos que empiezan a surgir dudas sobre el perfil de vencimientos de largo plazo, debido a que se extenderían los vencimientos pendientes, refinanciándolos por 10 años.

En tanto, se reembolsarían los pagos que se hicieron en 2020/21 afrontados principalmente por DEGs por casi u$s5.000 millones.

"Esto implicará nueva deuda. Luego de ese plazo, habrá que pagar u$s44.000 millones en 6 años", alertan los economistas de la consultora.

Y concluye: "Por ahora, lo único que se logró es cortar con el coqueteo de entrar en atrasos o ir directamente a un incumplimiento de pagos, tirando por la borda toda la negociación".

Por eso, resalta que, sin ningún cambio "rimbombante", como el de extender plazos a 20 años, canjear deuda por acreencias ambientales, reducir tasas de interés y otras promesas vacías, el país se encamina a "un nuevo ajuste en un programa Stand By, que implica que su éxito se traduzca en credibilidad".-