Choferes exigen suba de sueldo y empresas de transporte, más subsidios: ¿se viene un paro de colectivos?
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La paritaria de los choferes de colectivos (de corta, media y larga distancia) tiene un efecto de "doble pinza" entre el gremio y el sector empresario hacia el Gobierno. Por un lado, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) reclama el aumento salarial a las cámaras pero, estas, a su vez, condicionan la posibilidad de dar una mejora en tanto y en cuanto el Estado pague los subsidios correspondientes. En ese marco, la discusión salarial hoy está empantanada y no se descarta que estalle un conflicto que involucre a las dos partes.
En enero, el gremio encabezado por Roberto Fernández parecía tener todo cerrado en el AMBA para que se firme una mejora del 31 por ciento para el primer semestre del año, fraccionado en tramos del 10 por ciento desde enero, 10 por ciento en marzo y 7 por ciento en mayo. Si bien la suma de las tres cuotas da un 27 por ciento, al tener carácter acumulativo se convierte en el citado 31 por ciento.
El acuerdo se inscribía en el plan del Ministro de Economía, Sergio Massa, quien proyecta (según el presupuesto) una inflación del 60 por ciento. Con ese número, pretende que haya un techo salarial que les permita a los empresarios cierta previsibilidad en el rubro salarios. Desde la CGT, dos de los cotitulares, Pablo Moyano y Héctor Daer y el líder del gremio de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, coincidieron, cada uno en su estilo, en que será difícil ponerle un tope a las demandas salariales frente a un proceso inflacionario que no cede.
Preocupante demora de la homologación de acuerdo
Voceros gremiales explicaron a por iProfesional que "el Gobierno cuenta con el apoyo de la dirigencia en sus medidas contra la inflación, pero descree del accionar de los empresarios, de los formadores de precios que obtuvieron ganancias descomunales en los últimos años y se niegan a parar con esta remarcación diaria que sufrimos, sobre todo en la canasta básica". Remarcaron que "el Ejecutivo también tiene su parte de culpa, porque habilita aumentos de los combustibles, de los colegios o de las prepagas que golpean el bolsillo de la clase media".
La demora de la homologación de la paritaria se dio desde el sector empresario, cuando detectaron que desde el Palacio de Hacienda buscan bajar el aporte del Estado en el sector. Las patronales sostienen que además necesitan un aumento de los subsidios para el transporte en el AMBA, por la suba de costos y para hacer frente al aumento de los salarios.
La falta de un acuerdo, entonces, podría derivar en medidas de fuerza de la UTA mientras que las cámaras podrían repetir el recorte de servicios, sobre todo en el horario nocturno, una práctica que se repitió en el segundo semestre del 2022.
Abismal diferencia entre el Gobierno y las patronales
Por ahora, desde Economía ofrecieron a las patronales del transporte un adicional mensual de 5.000 millones de pesos durante el primer semestre, pero las cámaras sostienen que necesitan una recomposición de 27.000 millones de pesos, diferencia enorme que deja a las claras otro frente de conflicto para el Gobierno en general y Massa en particular. Pero esto es solo el principio, porque resta iniciar las negociaciones para los choferes de larga distancia y el interior del país.
Según las fuentes consultadas, esta semana tendría que darse una definición sobre todo porque desde la UTA esperan la recomposición salarial de enero (tendría que haberse liquidado en los últimos días del mes pasado y hasta el 10 de febrero), lo que además genera malestar e inquietud en las bases. No se descarta algunas comisiones internas opositoras a Roberto Fernández recurran a medidas de fuerza en distintas líneas del AMBA para expresar su descontento con la falta de una mejora salarial.
Para justificar el acuerdo del 31 por ciento para el primer semestre del 2023, Fernández indicó: "Debemos dar una señal desde la dirigencia gremial, colaborando para bajar los costos y la inflación". En caso de finalmente llegar a un acuerdo, el salario inicial de los choferes llegará a 210.000 pesos y beneficiará a unos 80.000 trabajadores y trabajadoras, aproximadamente, del área metropolitana.