La Corte Suprema ratificó el juicio oral por la privatización de los talleres navales

La Corte Suprema ratificó el juicio oral para media docena de imputados por un presunto perjuicio de más de u$s45 millones contra el Estado Nacional en la privatización de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) durante el gobierno de Carlos Menem.

El máximo tribunal desestimó un planteo de dos de los imputados, los empresarios Alejandro Bofill y Nachat Samman, en una causa en la que también estuvo procesado hasta su muerte el ex ministro de Defensa Antonio Erman González, quien llevó adelante el proceso privatizador.

El fallo implica que el tribunal oral federal número cinco deberá llevar a cabo el juicio oral, en un expediente en el que aparecen investigados además el ex representante del Estado en el directorio de Tandanor Eduardo Tesoriere; los empresarios Gerardo Donato, Delia Lanfranco, Juan Ives Illán Alvarez de Toledo (responsable de Indarsa, la adjudicataria de la privatización), Miguel María de Larminat y Juan Andrés Vlastó, informó la agencia DyN.

El 4 de junio pasado, los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay rechazaron un recurso de "queja" de los imputados; Bofill y Samman insistieron, pero tampoco tuvieron éxito y el abogado que los representa, Jorge Anzorreguy, formuló un de pedido de revisión del fallo.

"Las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno, sin que en el caso se configure algún

supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina. Por ello, se desestima la presentación", indicaronlos jueces de la Corte en su último acuerdo.

En la causa se investiga una presunta defraudación por u$s45.260.094,65 más los intereses correspondientes a los tres primeros años de gracia del contrato que sin descuentos por compensaciones ascendieron a u$s7.982.550.

"Tal maniobra se perpetró en el marco de la materialización del expediente de licitación pública nacional e internacional llevada a partir del dictado del decreto 1957/90, por la venta fraudulenta del 90 por ciento de las acciones que el Estado Nacional poseía en TANDANOR", sostiene la acusación.