Retenciones con daño colateral: empresas de software ya prevén menos inversiones

Una muy mala señal que no atraerá nuevas inversiones y que, además, puede cortar la generación de empleo. Son las dos conclusiones a los que llega el sector del software luego de que el Gobierno decidiera poner en marcha de manera efectiva las retenciones a las exportaciones de servicios informáticos.

La industria del software generó exportaciones por unos u$s1.700 millones en 2017, y la previsión era superar la barrera de los u$s2.000 millones en 2018, de acuerdo con datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI). Se trata de uno de los ámbitos productivos que más dólares le genera al país, luego del campo y de la industria automotriz. Y de los que más empleo calificado demanda.

Quebrar la barrera de los u$s2.000 millones era la estimación de la entidad hasta el primer semestre del año pasado, puesto que las ventas continuaban con indicadores hacia arriba. La recesión del segundo semestre aún no ha sido suficientemente mensurada y de ahí que no haya certezas sobre si se alcanzó el objetivo planteado o no.

A partir de la implementación de las retenciones, el Estado recaudará de u$s180 a u$s200 millones en el año. “Aplicar este impuesto es una señal nada buena para la inversión”, dijo a iProfesional Aníbal Carmona, presidente de la CESSI.

Pero aun en medio del malestar, en el sector se percibió una reacción de relativa calma ante el decreto inevitable. Claro, no los sorprendió porque la medida se veía venir desde septiembre.

Y aunque hay molestia, también hay cautela pues la expectativa es que, en marzo próximo, ingrese al Congreso el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, un texto que es continuador de la promoción del software que se instituyó en 2005 y que se propone como superador.

Sucede que esta iniciativa incluye, además del software y los servicios informáticos, a la industria audiovisual, la biotecnología, los servicios geológicos, la investigación y el desarrollo experimental, la nanotecnología, el sector aeroespacial y satelital, la inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas y todas aquellas áreas vinculadas con la industria 4.0.

La aplicación de las retenciones por un lado, y la supuesta intención oficial de impulsar esta norma, que fue presentada a finales de diciembre por el propio presidente Mauricio Macri, parecen un contrasentido. Esta iniciativa, que contempla bajar la carga tributaria de los aportes patronales de manera significativa y otros mecanismos para promover la reiniversión, se choca con el 12% de los derechos a la exportación ahora vigentes.

“La medida nos sorprendió en septiembre. Y fue un desconcierto porque está a contramano de lo que quiere el Gobierno. Del decreto se rescata que serán exceptuadas de este impuesto aquellas empresas que facturen menos de u$s600.000 al año y que representan el 65% del sector. Es un buen mínimo no imponible”, expresó Carmona.

A esto se suma que aquellas firmas que exportaron por menos de u$s2 millones tendrán más plazo para pagar el impuesto. Se trata de empresas que venden al exterior entre un 20% y un 30% de lo que producen y que, desde ahora, tendrán 45 días para cumplir con esa obligación.

Riesgo de fuga

¿El disgusto del sector IT significa que, a partir de esta medida, se corre el riesgo de que las empresas instaladas en el país migren hacia otras latitudes, como Uruguay, Chile, Perú o Colombia?

Los analistas evalúan que no necesariamente, porque el caudal de talento profesional está afincado en el país. Pero mientras la Argentina se erige como el único país del mundo en gravar al software y los servicios informáticos, Uruguay hace apenas 45 días decidió poner en cero los tributos a este mismo sector. ¿Hay dudas acerca de en qué lugar se asentarían futuras inversiones?

Otro aspecto está vinculado con la demanda del empleo. Es conocido desde hace más de una década que el sector tiene una demanda insatisfecha de unos 7.000 profesionales por año. Esto ya no sucederá en el mismo nivel.

“La presión que impone este tributo es que el mercado se caiga un poco. Y en este año en vez de escasear 7.000 profesionales van a escasear 3.000. Y la demanda se canalizará en otros países. En 2018 ya ocurrió y fueron Colombia, Perú y la India los que capitalizaron esta situación”, añadió Carmona.

La percepción de un mal síntoma generalizada en la industria. “El impuesto a la exportación, aunque sea temporal, es un desincentivo a las exportaciones. Ninguna empresa se va a ir por esto porque, finalmente, el talento está acá. Pero lo que sí va a ocurrir es que no va a aparecer ninguna nueva inversión”, sentenció Carlos Pallotti, quien hoy está a cargo del proyecto TIC en Mendoza y que en la década pasada fuera responsable, junto con otros referentes del sector privado, de impulsar la ley de promoción del software.

En el mismo sentido se expresó Luis Galeazzi, presidente de Argencon, una entidad que nuclea a las proveedoras de servicios de conocimiento que exportan, quien consideró que “para los inversores es una señal de alerta. Unos seguirán con los negocios en la Argentina y otros decidirán por otro lugar”.

Pallotti sostuvo que la Argentina comenzó a traccionar inversiones de empresas extranjeras, como las de Motorola, Intel, Cognizant, IBM, SAP, Oracle, Everis, Indra, entre muchas otras, sin olvidar que las nacionales, como Mercado Libre, Globant o Grupo Assa, lograron insertarse fuertemente en el mercado internacional a partir de desarrollos locales.

La señal de aquellos años fue, justamente, la ley de promoción del software. Pero también las iniciativas previas que, por caso, encararon tanto San Luis como Córdoba en materia de incentivos provinciales. Luego se sumó la Ciudad de Buenos Aires con el Distrito Tecnológico primero y, ahora, con el Parque de la Innovación. Finalmente, comenzó a impulsarse recientemente en Mendoza una iniciativa en sintonía similar.

Retención mata señal

“Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires dieron buenas señales. Pero cuando el Gobierno nacional toma esta otra medida, las mata. Porque es más importante la señal que se da que los efectos concretos que pueda tener. El mundo de los servicios es muy sensible a estos comportamientos y lo que ocurre luego es que dudan de que no se vayan a aplicar más impuestos. No se puede ser cambiante con la política”, lamentó Pallotti.

Las advertencias que exponen los diversos consultados se tornan más profundas cuando se recuerdan las recurrentes historias de imposición de impuestos transitorios que devinieron en eternos. Si bien esta retención tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020, al haberse determinado por la vía del decreto, para prorrogarlo no es necesario hacer un esfuerzo muy grande.

En este escenario es que se recuerda la implementación del impuesto al cheque cuando Domingo Cavallo fue ministro de Economía del ex presidente Fernando de la Rúa, allá por 2001, y que hoy tiene más vigencia que nunca, a caballo de la necesidad de alcanzar el déficit cero.

“La preocupación es que esto sea realmente por dos años. Si el Poder Ejecutivo ve que la situación de emergencia sigue ocurriendo, se podrá prorrogar. Muchos países con economías no poderosas, emergentes, tienen regímenes de promoción. El riesgo que se corre es el de perder nuevos negocios porque la competencia es global y los que ofrezcan las mejores condiciones serán los que los obtendrán”, aseveró el presidente de Argencon.

En la industria entienden que la situación de emergencia económica de la Argentina es muy grande. Pero también que el impuesto no sólo es “malísimo” sino que resulta contradictorio con lo que pretende el Gobierno desde que asumió: que vengan inversiones, que se generen dólares.

Impuestos como una retención no colaboran en la concreción de este objetivo. Mucho menos cuando se propone al 2019 como el “año de la exportación”.

Carmona detalló tres aspectos clave que evalúa una empresa a la hora de definir una inversión:

- Si hay recursos humanos (la Argentina los tiene).

- La macroeconomía del país (el costo argentino es alto).

- El tipo de cambio, aunque sea un aspecto provisorio.

Por eso entiende que esta situación de “mala señal” podría revertirse si en marzo se impulsa la ley de Economía del Conocimiento. Entiende que esto le daría un nuevo impulso a la industria.

“Los distintos sectores involucrados ya hemos acordado, pero ahora falta que el Congreso entienda. Y en un año electoral nada es fácil”, admitió el presidente de la CESSI.

Las dificultades se acrecientan cuando, en muchas oportunidades, los legisladores destilan ignorancia frente a los temas de las nuevas tecnologías, el mundo digital y sus impactos. Esto fue evidente una vez más en 2018, cuando se trató la llamada “ley corta” de telecomunicaciones, que sólo obtuvo media sanción del Senado.

“Si la ley de Economía del Conocimiento no sale va a haber un impacto fuerte en el sector, especialmente a nivel de empleo”, advirtió Carmona. Hoy, la industria del software y los servicios informáticos emplea a casi 100.000 personas con un nivel de distribución de los más equitativos que existen en el país, más allá de las diferencias demográficas existentes.

Las dudas surgen porque, aunque este proyecto de ley fue presentado por el propio Macri, no hubo intención del Ejecutivo en enviarlo para su tratamiento a sesiones extraordinarias. Y, al menos hasta ahora, la pelota quedó en manos del sector privado y del Parlamento. Si no lo envía el mismo Poder Ejecutivo para su aprobación porque, se supone, está interesado en que se apruebe, es lógica la incertidumbre.

Hay temor a que ese proyecto no avance. De ahí que, más allá del malestar y de la coincidencia generalizada en que esta retención no es favorable -aún cuando quedan exceptuadas aquellas empresas que facturan menos de u$s600.000 al año y se reduzca la burocracia-, también se manifesta cierta resignación, cierto “poner el hombro”, porque de no salir esa ley los problemas se agudizarán.

Y no se trata de cualquier industria. Se trata de la que se necesitará para impulsar la economía del presente y del futuro. De la que genera conocimiento, trabajo y divisas, tres variables de las que ningún país puede privarse. Mucho menos en la era digital.