Conversión de planes sociales en empleo: a cuánta gente y a qué sectores productivos alcanzará
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/08/540289.jpg)
La transformación de planes sociales en empleo formal se volvió una necesidad para el Gobierno en el marco de la crisis económica y el ajuste de las cuentas públicas que intenta llevar, por lo que la Casa Rosada prevé publicar en las próximas horas el decreto para poner en marcha ese mecanismo y tratar de incorporar a unas 200 mil personas en el mercado laboral.
Al presentarse en el Council de las Américas, el tradicional encuentro empresarial y político que se realiza anualmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para crear el sistema "Puente al Empleo" se publicará este viernes y destacó los objetivos del Gobierno con esta medida.
Massa subrayó que el decreto "habilita a que quien hoy es beneficiario de un programa social pueda acceder al mercado de trabajo" sin perder esa asistencia, mientras que "el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato".
Mientras dure la relación laboral "el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio", señaló el ministro y agregó: "Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo".
Si bien Massa confirmó los detalles que ya habían trascendido sobre la medida, en su exposición surgió como novedad que el Gobierno pone especial atención en la actividad agropecuaria y el sector de la construcción como dos sectores clave para iniciar la transición del plan social al trabajo, porque según afirmó sufren una falta de mano de obra que atenta contra su productividad.
Planes sociales por empleo: sectores clave y escepticismo empresario
Tras indicar a cuánta gente esperan incorporar al mercado del trabajo formal, Massa resaltó: "Los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran una restricción en el crecimiento de algunos sectores porque encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta".
El ministro sostuvo que "en el sector de la construcción, en el sector del agro sobre todo en economías regionales, en el sector tabaco y otros lugares" se encuentran con "la dificultad" de que el temor de los beneficiarios a perder el plan "los lleva a no formar parte de la fuerza de trabajo con derechos sociales que representa ser trabajador formal".
De esta manera el funcionario nacional confió en que la idea de que los beneficiarios puedan seguir percibiendo las asignaciones monetarias y prestaciones de estos programas sociales durante un año mientras el empleador que los contrate completa el resto del monto para que lleguen al salario de convenio.
El sistema "Puente al empleo" también contemplará que para acceder al puesto de trabajo los beneficiarios de planes sociales deberán cumplir con las capacitaciones y cursos de formación que establezca el empleador, según la tarea que se le asigne, lo cual podría ser un punto clave para el éxito o el fracaso de la medida.
Y es que en el ámbito empresarial y especialmente en el de las pymes hay cierto escepticismo sobre la efectividad de este programa, según deslizaron a iProfesional fuentes del sector que remarcaron que "el tema de la capacitación, de que se cumpla, va a ser bastante importante a la hora de contratar".
Si se diera la incorporación al empleo que busca el Gobierno, el trabajador deberá decidir pasados los 12 meses si quiere seguir cobrando el plan social o quedarse con el trabajo formal y los beneficios que otorga el empleo registrado en blanco. Será otro de los factores que medirán el éxito de la medida en el mediano plazo
Un debate instalado en el Gobierno: ¿qué razones económicas y políticas hay detrás de la medida?
La problemática de los planes sociales creció al compás de la crisis económica y también del clima político interno en la alianza Frente de Todos, con las diferencias ya conocidas entre sus referentes: Alberto Fernández, Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El programa que crea el Gobierno a través de este decreto es básicamente una idea de Massa, porque coincide en buena medida con un proyecto de ley que impulsó el año pasado en la Cámara de Diputados y que no prosperó.
Pero en los últimos meses el manejo de los planes sociales se convirtió en un problema tanto económico como político para la coalición de Gobierno. En lo económico, porque la gestión de Fernández encara un ajuste de las cuentas públicas que necesitará verse acompañado por una reducción de esas prestaciones que paga el Estado de la forma menos traumática posible.
En lo político, el problema se relaciona con el poder que ganaron en los últimos años las organizaciones sociales que muchas veces controlan la distribución de esos planes y con el malestar que está situación empezó a generar en intendentes y sindicalistas, algo que Cristina Kirchner puso públicamente sobre la mesa en los días más intensos de su disputa con el Presidente.
La vicepresidenta había exigido que "la aplicación de políticas sociales deje de estar tercerizada", en una clara referencia a organizaciones como el Movimiento Evita, aliado estratégico de Alberto Fernández. Con esa lógica, alineó a gobernadores e intendentes peronistas detrás un intento por reemplazar esos planes por un ingreso universal que se pague directamente por la Anses.
Si bien ese plan se modificó luego de la crisis fiscal y cambiaria que golpeó al Gobierno y obligó a sus tres líderes a repensar casi todos los aspectos de la gestión, el tema de hacer cambios en la estructura de planes sociales quedó instalado.
Auditoría sobre planes sociales: el complemento de la nueva medida
En ese contexto, y en paralelo a la decisión de empezar a buscar formas de incorporar a los millones de beneficiarios de planes sociales en el mercado formal, el Gobierno lanzó una auditoría sobre el funcionamiento del programa "Potenciar Trabajo", uno de los más importantes con 1,2 millones de beneficiarios.
La decisión formó parte de los primeros anuncios de Massa al asumir como ministro de Economía y su ejecución quedó a cargo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien en los últimos días se reunió con intendentes del conurbano bonaerense para poner en marcha la auditoría que durante los próximos 12 meses realizarán universidades públicas.
Lo que busca el Gobierno con esto es un reordenamiento de los planes sociales y, según había adelantado Massa, señaló que se trabajará sobre "tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de trabajo asociativo y cooperativo y protección de los argentinos que viven en situaciones de vulnerabilidad".
En ese sentido, el ministro advirtió que "quien no cumpla" con la auditoría que lleva a cabo el Gobierno para determinar quiénes cobran estos programas y cuál es su situación socioeconómica real, "recibirá la suspensión del plan".