El juego de la merluza: malestar de empresas pesqueras con el Gobierno de Javier Milei

En Mar del Plata y en las capitales de las provincias patagónicas con litoral marítimo se viven horas de mucha tensión con la administración de Javier Milei luego de confirmarse la intención de los funcionarios nacionales de renovar por un año las cuotas de pesca en vez de los quince años que pretendían las empresas que suelen repartirse los frutos del sector no sin antes desatar una guerra comercial intensa contra uno de sus competidores.

Lo cierto es que el subsecretario de Recursos Acuáticos, Juan Antonio López Carzola, comunicó la novedad a las empresas pesqueras por lo que la renovación de la CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) será válida por 365 días. En una reunión celebrada el martes 12 con los ejecutivos de las cámaras pesqueras, el funcionario explicó que debido a diversos "frentes abiertos" y la complejidad de la situación actual, no podrá brindar el apoyo esperado para una renovación a largo plazo. "Se va a renovar por un año nomás, y en diciembre de 2025 volvemos a hablar", habría adelantado el funcionario durante el encuentro según el relato de varios que lo escucharon.

La cantidad de frentes abiertos señalada por el funcionario están relacionados, con un supuesto pedido de coima, por el que mostró interés la Embajada de los Estados Unidos, pasando por la intervención de la Justicia Federal en el caso y, por las denuncias de cartelización realizadas por el titular de la empresa Prodesur del empresario chino, con asiento en Tierra del Fuego, Liu Zhijiang. Además, y no se trata de un dato menor, se encuentra la intención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de licitar las cuotas de pesca para que gane la compañía que mejor precio oferte y la que más calidad en el servicio preste. Un pedido que va en línea con lo expuesto por Liu Zhijiang, que dice ser víctima de sanciones de su buque Tai An, ocasionadas por las empresas acusadas de oligopólicas y por funcionarios señalados por operar para ellas.

La decisión anticipada por Cazorla el martes deberá ser ratificada en las próximas horas por el Consejo Federal de Pesca, el organismo que define la política del sector y que se vio conmvido por las denuncias de última hora de la empresa española Conarpesa contra el consejero suplente de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman.

Fernando Álvarez Castellano, representante de Conarpesa tiene una querella judicial contra el funcionario de La Cámpora y envió una nota al titular del CFP, Juan Antonio López Cazorla, pidiendo que aparte a Liberman "de intervenir y tratar todas cuestiones relacionadas con todas las empresas que represento y de decidir sobre cualquier cuestión que me involucre de manera personal y/o a mis empresas". Además de Conarpesa es titular de Agropez.

La denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, de Sebastián Ramos, involucra a Liberman, ex subsecretario de Pesca de la Nación, por amenazas de persecución contra ambas empresas con el objetivo de hacerlas abandonar el país. Un supuesto hostigamiento que habría incluido multas enormes y revocaciones de permisos de pesca de las que gozaba Conarpesa en el pasado sin motivos aparentes alguno.

Pesca: la guerra comercial llega a la Justicia Federal

En un contexto de creciente incertidumbre en el sector de la pesca, uno de los sectores más importantes de la economía por la posibilidad de ventas al exterior, la Justicia Federal y la Procuración de Investigaciones Administrativas avanzan con la investigación de un presunto pedido de coimas que trascendió a la opinión pública y puso en entredicho al Consejo Federal Pesquero y al sistema de reparto de las cuotas de pesca que se extienden por quince años y que beneficiarían siempre a las mismas empresas.

Existe un método tradicional para repartir las cuotas de pesca de los diferentes tipos de merluza en el mar austral nacional.  Y, es el que se ha puesto en cuestión por referentes de la administración de Javier Milei, por una empresa del sector, Prodesur S.A. de Liu Zhijiang y por el escándalo de una denuncia por un pedido de supuestas coimas millonarias. 

Tradicionalmente se reparten las cuotas de pesca a las empresas que participan del mercado asentadas en las provincias que cuentan con litoral marítimo, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en base a criterios de inversiones, antecedentes operativos, generación de empleo y recaudación fiscal provincial. 

Pero, podría haber otro método, que es el que está poniendo nervioso a todo el ecosistema pesquero nacional, y que defiende la Casa Rosada a través de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Un esquema de licitaciones para el reparto de las cuotas, más transparente, en base a las ofertas que se produzcan y que evitarían, según las palabras del propio funcionario nacional, el "robo legal" de las poderosas compañías internacionales de pesca, que abonan escasas regalías en torno al 0,15%. 

A pesar que el gobierno de Milei colocó la lupa en este polémico sistema el Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó la cuotificación para los próximos 15 años para la pesca de merluza negra, merluza de cola y polaca.

Luego de la difusión del supuesto pedido de coimas realizado por funcionarios nacionales en Casa Rosada buscan transparentar un sistema que a lo largo de los años se reveló como opaco.

El caso en cuestión es también investigado por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredón.

Pulti, que preside la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue "la posible comisión de los delitos de cohecho", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" y "exacciones ilegales", porque supuestos intermediarios del Gobierno invocaban la representación de altos funcionarios de Cancillería y Casa Rosada y habrían promovido, en los meses previos al reparto de cuotas pesqueras, encuentros informales con ejecutivos de las empresas pesqueras pendientes del nuevo reparto.

El sistema de repartos continuó como si nada pasara

Lo extraño es que ante la gravedad de la denuncia se avanzó con la cuotificación de la merluza negra. "La joya de la corona" del negocio.

Se trata de ejemplares de merluza que los consumidores asiáticos requieren para sus mercados de lujo. Los ejemplares adultos de la merluza negra se encuentran a profundidades de hasta 2.500 metros, mientras los juveniles habitan aguas más someras. Es de sabor exquisito, de ahí los más de u$s25.000 dólares la tonelada a las que cotiza en el mercado internacional. 

Sin embargo, el reparto realizado recientemente por el Consejo Federal de Pesca recibió el rechazo y la impugnación de la empresa Prodesur del empresario Liu Zhijiang, propietario del buque Tai An, que en la última reunión del organismo presentó un recurso de consideración contra las Actas CFP N° 15/2024 y N° 17/2024. 

Entre los puntos legales presentados por el empresario de origen asiático radicado en Tierra del Fuego, para fundamentar su pedido, explica que "El régimen de cuotificación es una metodología de distribución que data del año 2009, y fue creado mediante la resolución 49/09. Esta resolución dispone que cada empresa, además de contar con el permiso de pesca, debe tener un cupo de pesca por la especie que el Consejo disponga. Este cupo es en términos legales una concesión estatal, que habilita a la empresa a llevar adelante la explotación de la pesca de la especie otorgada".