Por decreto, el Gobierno declaró "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas

El Gobierno Nacional declaró a la compañía Aerolíneas Argentinas como "sujeta a privatización", lo que abre el camino para su posible venta en medio de un conflicto con los sindicatos aeronáuticos por reclamos salariales. La decisión del Ejecutivo se fundamenta en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem. Según lo publicado en el decreto 873/24, firmado por el presidente Javier Milei, este es el primer paso para iniciar un proceso que deberá ser ratificado por el Congreso de la Nación.

La declaración se da en un contexto complejo, marcado por constantes paros y protestas de los gremios aeronáuticos que exigen mejoras salariales y rechazan despidos en la compañía estatal. El Gobierno sostiene que la privatización es una salida necesaria ante el déficit crónico que arrastra Aerolíneas Argentinas y el impacto que tiene en las finanzas públicas.

El decreto justifica la medida argumentando que el Tesoro Nacional no puede seguir soportando las pérdidas de "una empresa altamente deficitaria". Según lo expresado en el texto oficial, el financiamiento de Aerolíneas Argentinas ha requerido la inyección de cientos de millones de pesos provenientes de los impuestos de los ciudadanos, algo que, en la actual situación económica del país, resulta insostenible.

El Gobierno asegura que la privatización de la compañía permitiría una mejora en la prestación del servicio y reduciría el impacto en las arcas públicas. Además, sostiene que los recursos fiscales que actualmente se destinan a cubrir el déficit de la aerolínea podrían ser redirigidos hacia áreas más urgentes, como la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, el decreto subraya que la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%.

La privatización de Aerolíneas Argentinas: el antecedente de Marsans y el rol del Congreso

La posible privatización de Aerolíneas Argentinas trae a la memoria el antecedente de la empresa española Marsans, que se hizo cargo de la aerolínea en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La gestión privada terminó en 2008, cuando el Estado argentino decidió reestatizar la compañía ante una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra.

 Desde entonces, Aerolíneas ha permanecido bajo control estatal, con un historial de resultados económicos deficitarios.

Para avanzar con la privatización, el Gobierno necesitará la aprobación del Congreso, dado que la decisión de declarar a Aerolíneas como "sujeta a privatización" es solo el primer paso del proceso.

El Poder Ejecutivo debe remitir ahora el decreto al Poder Legislativo, que será el encargado de dar la última palabra sobre el futuro de la compañía. Los partidos de la oposición ya han presentado sus propios proyectos relacionados con la venta de la aerolínea, lo que asegura un intenso debate parlamentario en las próximas semanas.

El futuro de Aerolíneas Argentinas: los proyectos de la oposición

En el Congreso ya se han presentado dos proyectos que buscan avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Uno de ellos, impulsado por el diputado del PRO Hernán Lombardi, declara a la compañía "sujeta a privatización" bajo los términos de la Ley N° 23.696, que establece el marco legal para la venta de empresas estatales. Este proyecto también faculta al Poder Ejecutivo para definir el proceso legal necesario para concretar la privatización.

El otro proyecto pertenece al jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. En su iniciativa, López plantea que la privatización de Aerolíneas se realice respetando las normativas establecidas en la Ley 23.696 y sus modificatorias, así como las disposiciones de los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos. Ambas propuestas han generado divisiones en el ámbito político y serán discutidas en un plenario de comisiones del Congreso.

Rechazo de los gremios

El anuncio de la privatización no fue bien recibido por los gremios aeronáuticos, quienes han llevado adelante varias medidas de fuerza en las últimas semanas. Los sindicatos reclaman mejoras salariales y rechazan los despidos que, según ellos, son consecuencia de la política de ajuste implementada por el Gobierno.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) han sido los principales actores de los paros y protestas.

Los gremios denuncian que el plan de privatización es una excusa para justificar despidos masivos y que, bajo una gestión privada, las condiciones laborales empeorarán.

Además, argumentan que la venta de la empresa no garantizará mejoras en la calidad del servicio ni en la rentabilidad de la aerolínea, y que el Estado perderá una herramienta clave para el desarrollo de políticas de conectividad en el país.

Aerolíneas Argentinas: la estrategia del Gobierno

En declaraciones recientes, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó la estrategia del Gobierno, afirmando que Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico debido a las gestiones de gobiernos anteriores.

Según Adorni, las administraciones "populistas" fueron responsables de la situación actual, que obliga al Estado a realizar constantes transferencias de recursos públicos para cubrir las pérdidas de la empresa.

El Gobierno planea avanzar con la privatización en el corto plazo, argumentando que es la única solución viable para evitar que la aerolínea siga siendo una carga para el presupuesto nacional. El próximo mes se espera que el proyecto sea debatido en comisiones, y el oficialismo buscará obtener un dictamen favorable para enviar la iniciativa al recinto.