Obtuvo dictamen el proyecto que modifica la Ley de Semillas

El Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto la modificación a la actual Ley de Semillas.

El marco en cuestión establece la privatización del insumo a partir de aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973.

En concreto, el “derecho de uso propio” permite al agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la campaña.

La iniciativa, que apunta a convertirse en ley, establece regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación.

“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, advirtió ante iProfesional Enrique Viale, abogado ambientalista.

Varios escalones por encima de multinacionales como Syngenta, Bayer y Monsanto dominan a nivel nacional de las semillas manipuladas para resistir agrotóxicos en lo que hace a soja –a través de las variedades RR e Intacta–, maíz –Mon 810 y NK603– o algodón –Mon 1445 y Mon 531–. Y aguardan por una legislación que les garantice el cobro de regalías para el lanzamiento de una amplia batería de nuevos transgénicos.

“Más allá de otros detalles, lo más relevante es que la ley nueva acotará el uso propio, libre y gratuito, de las semillas. La legislación vigente habilita justamente esta libertad, permite sembrar sin estar pagando regalías todo el tiempo. Si esto se aprueba, los productores ya no podrán contar con esa opción y deberán pagar cada vez que usen la semilla”, dijo a iProfesional Tamara Perelmuter, investigadora del CONICET.

Poder de policía

Con vistas a resultar aprobada antes de fin de año, la normativa otorga poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE), el cual ante el pedido de las compañías que consideren vulnerados sus "derechos de propiedad intelectual" tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre…”.

El texto del proyecto que acaba de obtener dictamen, y al que iProfesional pudo acceder en las últimas horas, anticipa además que el INASE “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.

La iniciativa incorpora figuras a tono con la consideración de la semilla como “material vegetal” antes que una vida. De esa forma, establece categorías como “Creación fitogenética” para definir a los transgénicos, “Obtentor” para los privados que manipulan el ADN de estas especies, “Evento” –la modificación genética en sí misma–, y “Biotecnología” –la técnica de manipulación de ADN utilizada–, entre otras.

Esta variación en la normativa que propone el texto dará respuesta a los reclamos de compañías que en más de una oportunidad han expuesto públicamente la decisión de no lanzar determinadas semillas hasta tanto se garantice el cobro de regalías.

Monsanto sostiene esa queja incluso desde los tiempos de Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. A ese malestar se le sumaron, en los últimos años, incluso compañías de “ADN” local como Bioceres.

Una exigencia longeva

Bayer-Monsanto predomina en toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Las variedades modificadas llegan a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.

Monsanto introdujo su primera semilla transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -"Roundup Ready"-, que incorpora resistencia al glifosato.

A partir del 2000, Monsanto se focalizó en la obtención de regalías por la biotecnología aplicada a los cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir pagos por estas modificaciones genéticas, fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina y de ahí que no pudo alzarse con regalías derivadas de su producto.

Entonces, la firma orientó su negocio a la comercialización de pesticidas, lo cual le garantiza hasta hoy ganancias multimillonarias.

En instancias previas al lanzamiento comercial de otro producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la experiencia que debió transitar en los años 90. Es por eso que en 2014 comenzó a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la “piratería” de su nueva genética.

Mientras tanto, la compañía nunca dejó de pedir por un marco que le garantice cobros por propiedad intelectual.