Créditos UVA: cuotas impagables y reclamos empujan al Gobierno a decidir el futuro del sistema

La polémica por los créditos UVA continúa. La decisión del Gobierno de no prorrogar el congelamiento de la cuota de un amplio grupo de deudores hipotecarios impactó en diversos sectores.

Los deudores se quejan porque el presidente Alberto Fernández incumplió una de sus promesas de campaña y consideran que llegará un momento en que les será imposible hacer frente a sus obligaciones.

Al mismo tiempo, si bien el Poder Legislativo se encuentra en receso, distintas fuentes parlamentarias consultados por iProfesional señalaron que es casi un hecho que las iniciativas que pretendían que se cambiara el mecanismo indexatorio -y usar el índice de actualización de salarios en lugar de la inflación- quedarán fuera de la agenda parlamentaria, tanto en la cámara de Diputados como en el Senado.

Las fuentes oficialistas destacan que "no es el momento" para debatir una iniciativa de esas características y que la única chance que hay para que el Estado nacional vuelva a intervenir en el tema es que la inflación continúe en aumento.

En concreto, un proyecto consensuado y unificado -que había sido impulsado por legisladores que ocupaban bancas de la oposición y hoy son oficialistas- buscaba "proteger la capacidad de pago de los deudores" y suspendía los desalojos de las familias de morosos que tomaron estos préstamos por 365 días.

Además, dicha emergencia se iba a renovar de forma automática, siempre que el coeficiente de estabilización de referencia (CER) superase el coeficiente de variación salarial (CVS).

Al mismo tiempo, el sistema UVA para aquellos que quieran adquirir una nueva propiedad se encuentra en veremos. Es que si bien hay una corriente de economistas que le sugieren al Gobierno que, en el futuro, se revise el índice y que las cuotas evolucionen como el salario promedio y que se les permita a los clientes que puedan contratar un seguro, hay un sector importante de funcionarios que le recomiendan que se finalice este sistema y se busque uno nuevo.

A este último grupo no le convence la posibilidad de que el deudor pague un seguro que cubra la diferencia entre lo que sube el salario y la inflación. Es que para esto, el deudor debería pagar mensualmente un extra que se destina a un fondo que cubre las diferencias cuando sea necesario. Para contrarrestar esas opiniones, muestran los datos de los distintos bancos públicos desde que tomaron el control el pasado 10 de diciembre: los préstamos bajo el sistema UVA fueron muy pocos.

Marcelo Satulovsky, profesor titular de Marketing Estratégico y Comercialización Inmobiliaria en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), le dijo a iProfesional que "a priori, se deberían pensar esquemas que rompan los círculos viciosos que se puedan ir consolidando, como que cuando hay inflación suben los costos de construcción, aumentan los precios de la vivienda y las cuotas, mientras los salarios quedan desfasados".

"Es decir, si ya sabemos que esto cíclicamente va a seguir pasando, por lo menos durante un buen tiempo más hasta que se logre bajar la inflación, tenemos que ver cuáles son los resortes y mecanismos que se pueden ir implementando para hacer más sustentables a las UVA", explicó el especialista.

En ese sentido, indicó que "la vía que miraría con mayor atención es tratar de tenerlo vinculado lo más posible a la economía real, y no tanto a la economía financiera, para estar más cerca de los costos reales de producción como de la capacidad de pago de la gente".

"Uno de los grandes debates con esto es si las UVA se deberían actualizar con relación a la inflación general o a salarios. Y me parece que cuanto más acompañen a los salarios, más cerca está de la capacidad real de acceso de la gente", enfatizó.

Esfuerzo compartido insuficiente

Los deudores se muestren desilusionados con la postura del Presidente, quien había prometido revisar este tipo de préstamos, a los que calificó de "estafa".

En ese sentido, remarcan que el año pasado la inflación anual llegó al 53%, por lo que está creciendo la cantidad de familias que se ven imposibilitadas de pagar la cuota y se les multiplica en pesos la deuda que tienen con el banco. En dicho escenario, consideran que muchos tendrán montos impagables y que se forzarán desalojos.

Además, remarcan que, tras el "descogelamiento" de la cuota, en los próximos meses aumentará la cantidad de personas que ingresarán en mora. De acuerdo al Banco Central, este porcentaje es de apenas 0,6%, pero los deudores argumentan que ese número aumentará exponencialmente.

"La deuda existe, el contrato existe y dice que hay que indexarlo. Eso acumuló una deuda de $600 millones que pagó el Estado", puntualizó el Presidente, quien remarcó que desde el Ejecutivo hicieron "que esa distorsión no sea tan feroz y que de algún modo, dentro de un año, todo se ponga en orden".

También aseguró que el Estado salió al rescate cuando congeló las cuotas entre agosto 2019 y enero de este año. Para mantener los pagos fijos, el Estado pagó a los bancos, a través de un fondo de cobertura, la suma de 600 millones de pesos.

El propio mandatario indicó que son "créditos complicados" y que él recomendaba "no entrar", al tiempo que remarcó que "no son créditos compulsivos".

Por otro lado, para que la cuota no salte de un mes a otro, el Banco Central y el Ministerio de Hábitat acordaron con los bancos un mecanismo de convergencia para que esos aumentos retrasados se distribuyan durante un año.

Dicha financiación le cuesta a los bancos $1.400 millones y se enmarca en la teoría de "esfuerzo compartido" que fue establecida en la Ley de Solidaridad Social.

El colectivo de hipotecados UVA indicó que "no son viables créditos indexados a 30 años con una inflación por encima del 50 por ciento anual y con ingresos que se ajustan por debajo del nivel de precios". Sobre la fórmula de convergencia destacan que "la asistencia del Estado se redujo a eso, suena a poco, más bien a nada".

Por otro lado, se muestran renuentes a negociar un estiramiento de los plazos de pago a pesar de que los contratos que firmaron les permiten incrementar el período originalmente pautado en un 25% e insisten con la intervención estatal.

Así, indicaron que Alberto Fernández "en 2003 y siendo él jefe de Gabinete, junto al presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad".

Remarcaron que "en ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad", y señalaron que "han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia cambió radicalmente".

Los deudores también señalan que las estadísticas oficiales (canalizadas en este tema por el Banco Central), no toman en cuenta que algunos deudores toman préstamos del sistema financiero (como créditos personales), financian la tarjeta de crédito, le piden dinero a familiares directos o recurren a otros mecanismos por fuera del sistema financiero.

Esto deriva en un sobreendeudamiento (estado en el que cae un consumidor de buena fe, ante la manifiesta imposibilidad de hacer frente a un conjunto de deudas exigibles).

Las cuotas subieron, al evolucionar como lo hacen los precios, más que los salarios para la mayoría de los deudores. Quienes comenzaron pagando una cuota equivalente al 25% del ingreso familiar ahora necesitan (suponiendo que tuvieron un aumento promedio) alrededor de 27 o 29 por ciento de su salario para afrontar la cuota. De esta forma, enfatizan que no existe una solución de "esfuerzo compartido".