La CGT pedirá al Gobierno que extienda el decreto antidespidos y la doble indemnización

La CGT pedirá al Gobierno una prórroga del decreto "antidespidos" y la doble indemnización. De esa manera, buscan reforzar las trabas a las desvinculaciones a partir de junio, cuando se espera una mayor reapertura de la economía. La propuesta es uno de los temas que será tratado este jueves a las 14 en la reunión de mesa ampliada convocada por la central obrera para evaluar el cumplimiento del esquema de rebaja salarial acordado con la UIA, la flexibilización de la cuarentena y el reparto de fondos a las obras sociales.

"Hay que ampliar el decreto que ordena que no se puede despedir y la indemnizacion al 200%. Es una traba, un obstáculo muy alto que se tiene que prorrogar, y lo vamos a discutir mañana en la CGT", confirmó a iProfesional Rodolfo Daer, secretario de industria de la central y hermano del cotitular de la entidad, Héctor Daer. Así, el líder del sindicato de la Alimentación se refirió al DNU 329 que prohibió los despidos por falta de trabajo y fuerza mayor en abril y mayo, y el DNU 34 que duplicó el costo de las cesantías por seis meses hasta fines de junio.

En su última conferencia de prensa, el Presidente aseguró el viernes pasado que continuará evitando que haya pérdida de empleos. "Vamos a seguir suspendiendo los despidos en lo posible", respondió Alberto Fernández ante la pregunta de si renovará la prohibición de las desvinculaciones. "Estamos ayudando a las empresas para que no despidan", sostuvo, mientras aclaró que "hay un nivel muy claro de entendimiento de los empresarios respecto de lo que está pasando".

La dirigencia sindical ve con preocupación "el día después" del abandono de la cuarentena, un camino que el Ejecutivo empezó a emprender con más impetú el fin de semana pasado al habilitar actividades en todas las provincias y 12 ramas industriales, incluyendo algunos rubros del área metropolitana. Pese a las medidas dispuestas para proteger el empleo, se registraron nuevos casos de despidos en las últimos días en el sector financiero, gastronómico, construcción y municipios.

Según un informe reciente de CEPA, un total de 511.162 trabajadores registrados sufrieron algún "riesgo laboral" desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril pasado. Allí, los especialistas incluyen 6.648 desvinculaciones, 11.415 suspensiones y 493.099 empleados que se vieron afectados por atrasos en los pagos de sueldos, reducciones de sus ingresos en forma unilateral y suspensiones con rebaja de remuneraciones. Como el relevamiento no incluye a los asalariados informales, se estima que el impacto fue mayor.

"Vamos a analizar el día después porque hay muchos problemas, hay empresas cerradas, problemas para pagar sueldos y queremos tener una estrategia", dijo a este medio el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sassia. "Vemos que se puede ir poniendo de pie, los que van a pasar la linea de pobreza y perder empleo, y apostamos a mesa de diálogo social en enfocados en que no haya despidos y analizando las suspensiones dentro del artículo 223 bis", señaló el dirigente ferroviario.

El decreto 329 habilitó las suspensiones con recortes salariales en acuerdo con los sindicatos mediante el uso del artículo 223 bis, una reforma intriducida a la Ley de Contrato de Trabajo en el gobierno de Carlos Menem. Pero ante las crecientes tensiones con los empresarios, la CGT firmó un convenio a fines de abril pasado con la UIA para fijar el pago de un piso del 75% del salario neto al personal suspendido, equivalente a una rebaja máxima del 25%.

La medida fue aplicada en comercio, gastronómicos, la industria metalúrgica y alimentación. Mientras que en otros sectores, como el aeronáutico, la construcción y los concesionarios, se registraron casos de quitas de hasta el 50%, por debajo de la pauta acordada con los industriales y respaldada por el Gobierno. En otros rubros, los gremios salieron a rechazar cualquier tipo de reducción salarial, lo que tensó las relaciones con la cúpula sindical. Hugo Moyano es uno de los principales críticos del acuerdo.

La mesa ampliada se reunirá en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, quien también oficia como secretario de relaciones internacionales de la CGT. Junto a una veintena de dirigentes, el dueño de casa analizará la realidad de las obras sociales, un tema que genera preocupación entre los líderes sindicales por la dificultad para pagar los sueldos de sus empleados y los cortocircuitos ocasionados por el reparto discrecional de fondos de los gremios.

De esa manera, estarán representados miembros de los llamados sectores "gordos", independientes, del barrionuevismo y del transporte. La actual conducción, que encabezan Héctor Daer y Carlos Acuña, tenía mandato hasta el 22 de agosto de este año, pero ante la pandemia un decreto de la cartera laboral postergó hasta marzo del 2020 las elecciones en gremios y centrales obreras de forma reciente.

El encuentro encabezado por Martínez contará con la participación de Daer (sanidad) y Acuña (estaciones de servicio) y los miembros de la mesa chica Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Se sumarán también Rodolfo Daer (Alimentación), Omar Viviani (Taxistas), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Omar Maturano (La Fraternidad), así como Juan Carlos Schmid (Dragado), Roberto Fernández (Colectiveros), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Hugo Benítez (Textiles).