Denuncian que Cristina cobraba un adicional en su jubilación de $6 millones al mes

Luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner, a raíz de la ratificación de una condena en su contra, un nuevo capítulo se suma a la polémica.

Es que la expresidenta fue denunciada ahora por defraudación contra la administración pública, por cobrar un suplemento adicional de $6 millones mensuales por haber radicado su domicilio en Río Gallegos.

Jubilación de privilegio: la nueva denuncia contra Cristina Kirchner

La presentación judicial de este la hizo la Fundación Apolo que, en conjunto con la legisladora porteña Graciela Ocaña, fueron quienes pusieron en foco los beneficios jubilatorios de la actual presidenta del Partido Justicialista.

"Fundación Apolo denuncia a Cristina Fernández de Kirchner por fraude y pide que se restituya lo obtenido en forma ilegal", dice el comunicado de la ONG y señalaron que "la presentación se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en Río Gallegos a pesar de vivir en la CABA".

La Fundación Apolo denunció a Cristina Kirchner por el presunto delito de "defraudación contra la administración pública", y pidió que se apliquen "las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas" que se le atribuyen.

La presentación judicial, que lleva las firmas del legislador porteño Yamil Santoro y el abogado José Magioncalda, con el patrocinio del letrado Ignacio Falcón; "se fundamenta en los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido de manera indebida al declarar su domicilio en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, pese a residir habitualmente en la Ciudad de Buenos Aires".

Según lo informado, la exmandataria habría recibido un suplemento correspondiente a la "zona austral", destinado a quienes habitan en regiones patagónicas, como parte de su asignación vitalicia. Este beneficio habría significado un incremento en sus ingresos de más de $6 millones al momento de su suspensión, "afectando de manera directa a las arcas públicas".

Y en ese sentido, los denunciantes piden "las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas" y también investigar a los funcionarios de ANSeS que le otorgaron ese suplemento de "zona austral" a Kirchner, un dato revelado por el actual director del organismo, Mariano de los Heros, recién luego de que el Gobierno decidiera cortar el pago de las jubilaciones de privilegio por la condena en la causa Vialidad, que la expresidenta cuestiona en Tribunales.

La estrategia Cristina Kirchner para seguir cobrando su jubilación de privilegio

Después de que el Gobierno oficializara la baja de su jubilación de privilegio, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso para mantener el cobro de las dos pensiones honoríficas que percibe como exmandataria y viuda de un expresidente. El total supera los $35 millones en bruto.

Fue su abogado, Facundo Fernández Pastor, quien presentó un recurso administrativo en el que calificó la quita de las jubilaciones como un error material. Argumentó que la resolución de ANSeS que le quitó el beneficio "viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Para el representante legal de Cristina, el retiro de las pensiones en "un acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo". Es por eso que solicitó la revocación de la resolución y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados.

Según la Ley 24.018, sancionada durante la primera presidencia de Carlos Menem, los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo.

Según señalaron desde el Gobierno, esas condiciones fueron contradichas el pasado 13 de noviembre, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina a seis años de prisión por la causa Vialidad, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.