Tras los dichos televisivos de la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación del Gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, la gestión de Javier Milei redobló la apuesta y se sumó, formalmente, a la causa judicial, que involucra a más de 20 dirigentes sociales del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha –FOL-. Se trata la investigación que encabeza el juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó al organismo que lidera Pettovello como querellante, tras negarle esa posibilidad a Patricia Bullrich como representante del ministerio de Seguridad.

Por estas horas, el fiscal Gerardo Pollicita analiza el material encontrado en los 27 allanamientos realizados la semana pasada a comedores vinculados al Polo Obrero y a Barrios de Pie y a la asociación civil que lleva el nombre del espacio político de izquierda. En esos operativos fueron secuestrados 76 mil dólares en las casas particulares de varios de sus integrantes, entre ellos Jeremías Cantero, cercano a Eduardo Belliboni.

Comedores fantasma: funcionaria de Capital Humano se presentó en Comodoro Py

El mismo día, la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, Leila Gianni, se presentó en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores "fantasma". Se trata de 1.201 comedores que los funcionarios del área de Gianni terminaron de auditar. Muchos de ellos se encontraban inhallables, otros ya no existían más y, en los casos más singulares, existían en barrios privados o funcionaba una escuela de pole dance –el famoso baile del caño-.

La decisión que tomó la integrante del Gabinete de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida, que se realizaban a través de las organizaciones sociales. Esto es, eran los dirigentes sociales –devenidos en funcionarios- quienes definían cuánta mercadería se enviaba a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían. No existía control alguno.

La funcionaria declaró ante el fiscal Ramiro González en la causa que recayó en el juzgado de Ariel Lijo. En la declaración testimonial a la que accedió iProfesional, la funcionaria aseguró que "estas organizaciones sociales, levantando la bandera de la justicia social, lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables". Gianni añadió que "muchas de estas cooperativas eran creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES-".

Leila Gianni pasó de militar a Sergio Massa a ser subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano.

El esquema era el siguiente: luego de recibir la inscripción y habilitación correspondiente, las cooperativas amigas del poder solicitaban un subsidio ante los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por guardapolvos, alimentos, entre otras materias. "Esto pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables".

De Tolosa Paz al Polo Obrero: el riguroso plan que incluía comedores y bolsones

Sobre los comedores fantasma, la funcionaria aseguró que no existía un control y que había comedores que estaban inscriptos correctamente, pero que no habían recibido alimento alguno durante los últimos cuatro años de Alberto Fernández: "No existía una base de datos sistematizada que nucleara toda la información". El sistema funcionaba de tal manera que se naturalizaba la corrupción pues era la organización social la que solicitaba la cantidad de kilos de alimentos que quería al Estado.

Nadie controlaba, aseguró Gianni, que los titulares de las organizaciones o de los comedores fueran o no, funcionarios públicos.

Una vez recibidos los bolsones de alimentos o el dinero en efectivo, explicó la funcionaria, el Estado "presente" no controlaba si llegaba la ayuda a los comedores. Conforme a la investigación de Capital Humano, muchos de esos comedores que militaban en organizaciones sociales afines al kirchnerismo, no funcionaban como tal.

Es el caso del famoso comedor fantasma inscripto en country privado de Quilmes que pertenecía al Movimiento Evita de esa localidad. Las autoridades del Evita del distrito de Mayra Mendoza están imputados por la Justicia. Se trata de la concejal kirchnerista, Patricia Iribarne. La causa judicial duerme una siesta en el juzgado de Luis Armella.

Para el Ministerio de Capital Humano, el descontrol tenía una razón: la militancia partidaria beneficiando a comedores o supuestos comedores "amigos" y el delito.