"El Señor del Tabaco" sigue acumulando denuncias penales en la justicia
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Además de no haber podido impedir que la Ley Bases incluya artículos que perjudican sus negocios y de que la justicia le rechazó el pedido de una nueva cautelar que "proteja" sus cuestionadas operaciones, Pablo Otero acaba de recibir otra "mala noticia" que se suma al cúmulo de rechazos que viene recibiendo en las últimas semanas.
En este caso, se trata de la presentación de una denuncia penal que deberá ser investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N 6, que se encuentra vacante y cuya titularidad podría pasar a ser del juez Ariel Lijo o de Daniel Rafecas.
La presentación es liderada por los diputados nacionales de la Coalición Cívica María Marcela Campagnoli y Juan Manuel López, quienes acusan al dueño de Tabacalera Sarandí de varios delitos de índole penal en el marco de una posible "perpetuación de hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del Código Procesal, tal como se describe en el documento al que tuvo acceso iProfesional.
Los legisladores piden a la justicia para que se investigue la posible comisión de los delitos de cohecho; facturación apócrifa, y subfacturación; apropiación indebida de tributos; asociación ilícita y lavado de activos.
Otero y compañía: a quiénes denunciaron además del "Señor del Tabaco"
Además del dueño de Tabacalera Sarandí, los denunciantes acusan a otros integrantes de la misma compañía o personas cercanas al bautizado "Señor del Tabaco" como son Carlos Castagneto; Ezequiel Lebed; Daniel Reposo; Javier La Palma y Roberto Modia por los mismos supuestos delitos.
Se trata de la segunda denuncia penal que involucra al también llamado "el Yabrán del Tabaco" ya que la primera fue presentada por Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por supuesto cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir.
En este caso, recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas y también involucra a los mismos personajes, además de Otero, como son el diputado nacional y ex titular de la AFIP (Castagneto); el Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, quien habría tomado intervención en el pago de dadivas (Lebed); al igual que Reposo, actual Subdirector General de Fiscalización de la AFIP.
Además acusan al comandante general de Gendarmería La Palma de haber tomado intervención en el pago de dadivas, de la misma manera que lo habría hecho el oficial de la Policía Federal Modia.
Se investiga desde el 2018 a la fecha
"Hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dadivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos", comienza detallando la denuncia penal en la cual los diputados aseguran que "dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha".
Detallan que este supuesto delito se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases y sostiene que Otero también habría influenciado a personas dentro de la AFIP con el fin de que desaparezca un informe practicado en su contra, en el que se habrían detallado "múltiples ilicitudes".
El eje central de esta denuncia radica en el llamado Impuesto Interno que se le aplica a la industria tabacalera y que no viene siendo abonado por Sarandí dese el 2018, en principio por encontrarse acogido a beneficios otorgados por varias medidas cautelares.
Sin embargo, la dupla Campagnoli-López entiende que, bajo apariencia de licitud, la empresa de Otero estaría involucrada "en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Otero cometiendo múltiples y variados delitos penales".
Cautelares "cuestionables"
En la denuncia se califica de cuestionables a las medidas judiciales logradas por Otero y se recuerda que en el 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la AFIP a que ejecute el cobró de las millonarias sumas que Tabacalera Sarandí S.A. adeudaba por haberse "acogido" a las cautelares logradas en su favor.
El dinero reclamado rondaría los $100.000 millones y, sin embargo, el ente recaudador no aplicó el gravamen ni tampoco se presentó a reclamar el pago de esa deuda y habría permitido a que la cuestionada tabacalera pasara a controlar el 45% del mercado de venta de cigarrillos, sólo por detrás de la líder Massalin Particulares, al comercializar sus productos a precios mucho menores a los del resto de las empresas que lo tributan.
Caída de ingresos tributarios
En este sentido, en la denuncia penal se asegura que el perjuicio patrimonial a las arcas del Estado es significativo por la falta de una decisión de parte de la AFIP "que genera preocupación en las provincias tabacaleras, ya que de los impuestos que rigen al sector, un 8% del precio de la venta de cada atado de cigarrillos se incorpora al Fondo Especial del Tabaco".
Debido a esta caída, quedan afectadas directamente las principales provincias productoras, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Corrientes, con un cálculo de u$s1.650 millones que dejaron de ingresar a las arcas nacionales; otros u$s940 millones no los perciben las provincias, a lo que se suman u$s153 millones más que se recortan de los ingresos del sistema de previsión social y unos u$s560 millones que no ingresan al Tesoro para cubrir gastos presupuestarios del gobierno nacional.
De la denuncia se deduce que "la deuda a esa fecha ya era exigible y la misma subsistiría al día de hoy, sin ser abonada a la AFIP. Dicho extremo obedecería a "favores" y bienes que podrían haber sido entregados a los por aquel entonces responsables, es decir el titular de AFIP (Carlos Castagneto) y sus funcionarios de confianza".
Pero los diputados no se detienen en el no pago de impuestos y el supuesto pago de dadivas, ya que recuerdan declaraciones periodísticas de Otero admitiendo el pago de montos inferiores respecto del real valor comercial de los productos comercializados por la tabacalera.
En este caso, advierten que la distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $625; Master $568; Kiel $525; mientras sus productos se comercializan en alrededor de $1.000 a $1.200 en los kioscos.
Es decir, un 50% de ese valor, entre $600 y $700 por atado, "los ganan de manera informal y por fuera de la Ley", detalla la denuncia.
Influencia "política"
Asimismo, aseguran que Otero también ha sido mencionado por haber "influenciado en diputados nacionales durante la previa al debate de la "Ley de Bases".
De hecho, el gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto, pero los que se referían al negocio tabacalero luego fueron retirados, "confirmando la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos", lo cual y según un informe de la consultora Abeceb, ayudó a generar una "pérdida de recaudación acumulada de u$s5.823 millones, entre los años 2018 y 2023".
En coincidencia y tomando como fuente un artículo periodístico, los diputados argumentan que, a pesar de considerarse un empresario pyme, "Otero pasó de un patrimonio u$s630.000 en 2013 a otro de casi u$s10 millones apenas tres años después".
Estos montos, para la Unidad de Información Financiera (UIF), ese aumento exponencial de su patrimonio "proviene justamente de la evasión impositiva y resulta sospechoso."
"Es decir que, conforme se desprende de las notas periodística el organismo antilavado, sospecha del crecimiento patrimonial de Pablo Otero desde que ha decidido llevar a cabo maniobra cuando menos cuestionables", resalta la denuncia penal.
El rol de las autoridades de la AFIP
Según la demanda, el más claro escándalo que se ha originado en las oficinas de la AFIP y que guarda inmediata y directa relación con Pablo Otero y Tabacalera Sarandí S.A., tiene que ver con el desplazamiento de tres agentes encargados de llevar a cabo su fiscalización.
Es decir, que personal de AFIP detectó la posible participación de Tabacalera Sarandí en el uso de facturas apócrifas, pero, lejos de continuarse el camino habitual y efectuarse la denuncia penal, se apartó a los agentes que tomaron intervención en ella.
"La clara influencia de Otero y su empresa ante las autoridades de la AFIP queda de manifiesto en la nota, en la cual se detalla que "para los agentes de la AFIP involucrados en la investigación, en tanto, el trabajo de campo, el proceso de verificación, el análisis posterior y la redacción del informe insumió al menos tres meses, según reconstruyó La Nación y hacen referencia los diputados.
Entienden además que "resultaría necesario y conducente que se soliciten las declaraciones juradas patrimoniales de todos aquellos que han tomado participación en los procesos de fiscalización sobre Pablo Otero y Tabacalera Sarandí para así poder determinar si su actual situación patrimonial guarda relación con los ingresos percibidos y declarados".
En el caso de Castagneto, los legisladores ponen "en resalto que por omisión de los deberes a su cargo o por haber sido parte activa del esquema delictual, podría tener directa responsabilidad penal con los múltiples delitos presuntamente cometidos e investigados por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí".
Deuda multimillonaria
Los diputados Campagnoli y López también recuerdan otra nota periodística en la cual se asegura que en el 2021, los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que la compañía no demostró un perjuicio concreto y que una norma del Poder Legislativo no puede suspenderse con una medida cautelar, dos semanas después volvieron a dejar sin efecto una serie de cautelares dictadas a favor de Tabacalera Sarandí S.A."
Lo cierto es que aun así no se abonó la deuda, según los diputados nacionales.
La nota sostiene que "los jueces sostuvieron que ‘corresponde la suspensión del incidente de ejecución de sentencia si los argumentos planteados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, y sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, involucrar cuestiones susceptibles de examen en la instancia del artículo 14 de la ley 48".
Queda claro, dicen los legisladores, que si esa sentencia era revocada, Tabacalera Sarandí, no sólo tendrá que pagar de ahora en adelante, sino que podría ser ejecutada por todo lo que no pagó desde hace años, una cifra multimillonaria".
Como el máximo tribunal decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia ordenada por la Cámara en lo Contencioso, ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí, un monto que rondaría los $400.000 millones.
Denuncias acumuladas
De acuerdo a varias informaciones periodísticas, Tabacalera Sarandí resulta ser objeto de múltiples denuncias penales por diversos delitos. En la más reciente, se investiga el uso de estampillas apócrifas de la AFIP hecho que llevó a la justicia a allanar las oficinas de la compañía debido a una investigación sobre estampillas falsas. Es en el marco de dicha investigación, a pedido del juez, la Casa de la Moneda -responsable de imprimir los sellos fiscales-, realizó una pericia sobre un muestreo del material secuestrado.
Las conclusiones sostienen que en atados de cigarrillos Red Point -la marca insignia de Sarandí- las estampillas eran falsas, acusación rechazada por la Tabacalera que usó su propio perito de parte quien argumentó que la empresa no vende productos con estampillas falsas y que al ser una de las marcas de mayor distribución "hay quienes falsifican el producto, y supuestamente también esos sellos oficiales de la AFIP."
La nota especifica la existencia de una causa por contrabando de tabaco que se tramita en el fuero penal económico se ya que se encontró un camión lleno de cigarrillos sin la documentación legal de importación, a una cuadra de las instalaciones de Tabacalera en Sarandí.
También en el Juzgado Federal 1 de La Plata, se abrió la causa 1998/2005, en cuyo marco se allanó la sede de Tabacalera Sarandí y se investigó -una vez más- la utilización de estampillas de AFIP de origen dudoso.
El listado de causas en contra de Tabacalera Sarandí concluye con una recientemente denuncia anónima en Comodoro Py sobre el supuesto pago de sobornos por parte de la compañía en el marco de la discusión de la ley Ómnibus en el Congreso que fue ratificada ante el fiscal Carlos Rívolo pero por el momento no se tomó ninguna decisión sobre el caso.
Falta de seriedad
En la actualidad y pese a la reiteración de maniobras delictivas, las deudas impositivas (que no habrían sido reclamadas por los titulares de AFIP), los rumores de posibles dadivas a funcionarios públicos y, un claro y desproporcionado aumento patrimonial que claramente podría provenir de un sinfín de ilícitos precedentes de lavado de activos, los diputados nacionales de la Coalición Cívica advierten que "no existen procesos judiciales en los cuales se hayan realizado investigaciones serias para dar fin a este raid de delitos de cuello blanco".
Medidas propuestas
A partir de este cúmulo de supuestos delitos, los diputados Campagnoli y López le reclaman a la justicia que disponga la producción de las siguientes medidas de prueba:
- Se los cite a ratificar la presente denuncia
- Se certifiquen las notas periodísticas citadas y se cite a prestar declaración testimonial a los periodistas.
- Se ordene la intercepción y posterior cruzamiento de mails, comunicaciones telefónicas y de mensajería y reuniones programadas entre las máximas autoridades de la AFIP y los representantes de Tabacalera Sarandí.
- Se soliciten las declaraciones juradas patrimoniales de todos aquellos que han tomado participación en los procesos de fiscalización sobre Pablo Otero y su empresa y se solicite a la UIF colaboración en los términos del art.13 de la Ley 25.246 -previo levantamiento del secreto contemplado en el art.22 de la misma Ley para así poder determinar si su actual situación patrimonial guarda relación con los ingresos percibidos y declarados.
- Se certifiquen todos los procesos judiciales iniciados contra Tabacalera Sarandí S.A. y/o Pablo Otero.
- Se solicite a la AFIP la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo contra la empresa y su dueño.
- Se cite a prestar declaración testimonial a Rosana Nudel, Pablo Guahnom, Gerardo Bellovich y Jeremías Gola, quienes habrían conformado el equipo técnico que habría elaborado el informe con las irregularidades de Tabacalera Sarandí y Pablo Otero.