Pelea por la energía: por qué el oficialismo presiona para estatizar casi 20 concesiones hidroeléctricas

Situados ya en el año en el que comenzará a vencer un paquete copioso de concesiones hidroeléctricas, el oficialismo renovó sus intenciones de avanzar con una administración estatal vía Enarsa de las centrales que operan en Río Negro, Chubut y Neuquén. La punta de lanza de esa ofensiva es Oscar Parrilli, senador neuquino por el Frente de Todos, quien tras presentar un proyecto en ese tono acaba de elevar una nota ante la Secretaría de Energía para insistir con la opción del manejo de las usinas por parte de Nación.

Parrilli apunta a blindar el control estatal de 17 concesiones que vencerán a partir de agosto de este año. En el transcurso de los próximos dos años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento masivo de las concesiones otorgadas durante el período menemista. Hoy por hoy, se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20 por ciento del total del Mercado Eléctrico Mayorista.

En concreto, el legislador afirma que las empresas que han controlado este negocio "no han reinvertido un solo peso en la generación de energía hidráulica en la provincia de Neuquén", además de remarcar que las firmas se alzaron con "ganancias supermillonarias que han sido transferidas al exterior".

El senador oficialista también sostuvo que, además de un negocio, el control de las hidroeléctricas "debe beneficiar a las provincias de las cuales se está utilizando un recurso tan importante como es el agua, en nuevas reinversiones o en tarifas que tengan que ver con que somos los que generamos la energía eléctrica".

"Pedimos que se cumpla lo que dicen los contratos, que se revierta lo asignado a las concesionarias. Y que la Secretaría de Energía adjudique, otorgue, a Enarsa, la estatal de energía que está construyendo las represas sobre el río Santa Cruz y además administra otras centrales generadoras de energía, juntamente con las provincias, la administración, explotación y el gerenciamiento y mantenimiento de las represas", declaró.

Hidroeléctricas: oficialismo versus concesionarias

"A lo largo de estos 30 años de concesiones, las empresas privadas no han reinvertido un solo peso para generar más energía hidráulica en Neuquén", remarcó. "Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de rentabilidades", acotó Parrilli respecto de las ganancias obtenidas por las concesionarias, firmas a las que el funcionario acusa de no haber efectuado reinversiones.

Según el oficialismo, las energéticas no efectuaron reinversiones para elevar la generación.

"En el informe que hizo el Banco Central de fuga de divisas entre 2016 y 2019, que generó la deuda terrible que tenemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), (se expone que) las empresas generadoras de energía han sido las que más fugaron dinero al exterior", aseguró, en declaraciones a medios rionegrinos.

En noviembre pasado, el oficialismo presentó un proyecto que propone que el 51 por ciento del dominio de cada central quede, justamente, bajo potestad de la empresa estatal Enarsa.

"ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan", se detalla en la propuesta, aunque en otro apartado se señala la posibilidad de "incorporar la participación del capital privado".

"La experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual", puntualizó Parrilli entre los argumentos del proyecto.

El reclamo de las provincias

Según datos oficiales a los que accedió iProfesional, entre agosto y diciembre de 2023 vencerán las concesiones de las centrales Alicurá, hoy en manos de AES Alicurá SA, El Chocón y Arroyito, bajo control de la ya mencionada Enel, Planicie Banderita, operada por Orazul Energy, y Piedra del Águila, concesionada a Central Puerto SA.

Río Negro y Neuquén pretenden asumir el control directo de estas instalaciones -o sea, sin intervención de Nación- con vistas a acceder a un negocio de explotación estimado en 800 millones de dólares anuales. 

Cronograma de vencimientos:

 

Ante esta postura, en mayo de 2022 las gobernaciones de los dos territorios también movieron las fichas y definieron una comisión con el objetivo de exponer sus competencias para la operación de las centrales.

Ambas provincias mantienen un diálogo tenso con el Gobierno por la baja recaudación que vienen percibiendo del negocio hidroeléctrico establecido en sus respectivos territorios y la nula participación en los procesos que se están "cocinando" ante la finalización de las concesiones.

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Desde hace meses, Río Negro reclama a la Secretaría de Energía casi 900 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que se le deben 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.