El Gobierno analiza descongelar el programa precios máximos: subirán casi 2.000 productos

A partir del próximo 20 de mayo, una gran cantidad de alimentos y bebidas sufrirán aumentos que irán entre el 3% y el 7%, según la categoría y el producto.

La suba no tiene que ver con el traslado de la inflación acumulada durante estos primeros tres meses del año sino con la decisión del Gobierno de permitir un retoque mínimo en los precios de casi 2.000 artículos que se mantienen congelados desde hace ya casi dos meses.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas se analiza por estos días los reclamos presentados por la industria y las cadenas de supermercados de que se les permitan incrementos para recuperar, en parte, el atraso que dicen sufrir frente a los aumentos de costos que se vinieron dando en el mismo período.

Hasta ahora, la política de precios máximos se encuentra vigente. Comenzó a ser aplicada el 20 de marzo pasado a un listado de 2.000 productos de 50 categorías de productos de consumo masivo -como alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene- y el 20 de abril pasado fue extendida hasta el próximo 20 de mayo.

Implementada por la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español, la medida dispone que la mayoría de los productos que se venden en los supermercados deben tener los mismos importes con los que se comercializabanel 6 de marzo.

La disposición también corre para los mayoristas -que abastecen comercios de proximidad- y autoservicios.

Hasta ahora, esa política viene siendo respetada tanto por la cadena productiva como por los comercializadores, según manifestó en varias ocasiones el propio ministro Kulfas.

Los únicos casos verificados de incumplimientos se dieron en los mayoristas, algunos de los cuales fueron clausurados más que nada durante las primeras semanas de vigencia del congelamiento de precios porque sus importes estaban por arriba de los máximos.

En estos casos, la Secretaría de Comercio y la AFIP llevaron adelante las inspecciones, junto con los gobernadores e intendentes de todo el país, luego que el gobierno nacional también las incluyó en este mecanismo de control y los facultó a aplicar la Ley de Abastecimiento.

Un lastre para las empresas

El programa se ideó para evitar saltos abruptos en los precios de los alimentos como los que se registraron durante los primeros días de la cuarentena obligatoria.

Pero casi dos meses después, los principales productores y los supermercados advierten sobre la imposibilidad de mantener el congelamiento por otro período, con costos que siguieron aumentando.

Algunos productores estiman estar 14 puntos abajo en sus valores con respecto a los costos y advierten que en marzo el congelamiento que ya se venía dando por la recesión del consumo acumulaba otros 10 puntos.

Por lo tanto, estiman que sus precios se encuentran, como mínimo, en un 25% por debajo de los reales y por ese motivo solicitan algún deslizamiento pero leve de los precios máximos para evitar distorsiones entre canales y el mercado.

La disputa generada la semana pasada entre las cadenas de supermercados del interior y los fabricantes por supuestos retoques en algunos precios fue el detonante de este reclamo generalizado que en el Gobierno parecen haber tomado nota y por eso analizan la fórmula para terminar con el congelamiento de manera gradual.

También el hecho de que en las grandes cadenas de supermercados comienzan a evidenciarse faltantes de varios artículos. Esto no tiene que ver con un supuesto desabastecimiento sino con la decisión de los productores de privilegiar las ventas a los pequeños comercios y almacenes por la posibilidad de aplicar en estos sectores algunos retoques.

El menor volumen de venta a los hipermercados se nota en las limitaciones que existen para la compra de azúcar, leche o aceites, por ejemplo, donde los consumidores no pueden llevarse más de dos unidades por producto.

Teniendo en cuenta este escenario, una posibilidad que barajan las autoridades es la de seguir el mismo camino que con el restablecimiento del IVA que el gobierno anterior había eliminado en los productos de consumo masivo y que se restableció en enero pasado.

Pero en lugar de permitir que se aplicara nuevamente el 21%, Desarrollo Productivo limitó la alícuota a la mitad, con lo cual las empresas y el sector del retail trasladaron a los precios y a las góndolas un 10,5% en promedio.

En el caso de los precios máximos se negocian subas leves con el compromiso de continuar negociando futuros aumentos con ciertas pautas establecidas por el Gobierno que las empresas deberán cumplir.

Otro factor que está generando presión es el congelamiento que también se dio en la canasta de productos que componen el programa de Precios Cuidados.

Si bien se permiten revisiones trimestrales, la que se debía aplicar en abril pasado quedó postergada precisamente porque se solapaba con la política de precios máximos, con lo cual las empresas que participan de este sistema también pretenden que se restablezca el cronograma de subas.

En ambos casos habrá cesiones por parte del Gobierno pero en el marco de un esquema controlado para evitar que las pautas de incrementos generen problemas inflacionarios o disparen el precio de los productos de consumo masivo en el marco de una generalizada crisis económica como la que está viviendo la Argentina.