Ahora, el juicio: quiénes son y de qué se acusa a los empresarios de la causa de los cuadernos

Tras haber dado por terminada la etapa de instrucción, el juez Claudio Bonadío elevó a juicio oral la llamada "causa de los cuadernos" en la que se acusa a la ex presidenta Cristina Kirchner de liderar una "asociación ilícita" organizada para recaudar "fondos ilegales" provenientes de sobornos y pagos de coimas en el marco de la obra pública.

Junto con la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, en la causa figuran una gran cantidad de ex funcionarios de a su anterior gestión así como alrededor de 40 empresarios y hombres de negocios investigados en lo para el magistrado fue una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

Sin embargo, no todos correrán la misma suerte en el proceso judicial que se abre a partir de la decisión de Bonadío para que ahora la causa sea sorteada y se designe el tribunal que tendrá a su cargo la próxima etapa procesal.

En su escrito, de 152 páginas, algunos empresarios terminaron siendo acusados del delito de asociación ilícita a otros les imputa cohecho activo o pasivo y a varios más los acusa de ambos delitos:

Ángel Jorge Antonio Calcaterra: dueño de la constructora IECSA, en orden al delito de cohecho activo -16 hechos-, en calidad de autor.

Aldo Benito Roggio: dueño del Grupo Roggio, en orden al delito de cohecho activo -tres hechos-, en calidad de autor.

Enrique Menotti Pescarmona: ex dueño del grupo IMPSA, en orden al delito de cohecho activo -13 hechos-, en calidad de autor.

Luís María Cayetano Betnaza: Grupo Techint, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Benjamín Gabriel Romero: Grupo Emepa, en orden al delito de cohecho activo, dos hechos, en calidad de coautor.

Carlos Guillermo Enrique Wagner: ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en orden a los delitos de delito de asociación ilícita, en carácter de organizador, y cohecho activo -siete hechos-, en calidad de autor.

Juan Carlos Lascurain: ex presidente de la Unión industrial Argentina (UIA), orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Gerardo Luis Ferreyra: fundador de Electroingeniería, en orden a los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, y cohecho activo -20 hechos-, en calidad de coautor.

Osvaldo Antenor Acosta: fundador de Electroingeniería, en orden al delito de cohecho activo -20 hechos-, en calidad de coautor.

Alejandro Pedro Ivanissevich: empresario energético, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Rudy Fernando Ulloa Igor: empresario de medios, en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas, con tres hechos, en calidad de autor.

Ernesto Clarens: financista y operador de bolsa, en orden al delito de asociación ilícita, en calidad de organizador.

Carlos José Mundin: ejecutivo de BTU, en orden al delito de cohecho activo -dos hechos-, en calidad de autor.

Claudio Javier Glazman: titular de Sociedad Latinoamericana de Inversiones, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Juan Carlos De Goycoechea: ex presidente de Isolux-Corsan, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Raúl Héctor Vertua: ex gerente del Grupo 7, en orden al delito de cohecho activo –un hecho-, en calidad de autor.

Héctor Javier Sánchez Caballero: ex CEO de IECSA, en orden al delito de cohecho activo -16 hechos-, en calidad de partícipe necesario.

Armando Roberto Loson: presidente del Grupo Albanesi, en orden al delito de cohecho activo -10 hechos-, en calidad de autor

Néstor Emilio Otero:, dueño de Terminal de Buenos Aires (TEBA), en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil -dos hechos-, ambos en calidad de autor.

Alberto Tasselli: fundador del Grupo Tasselli, en orden al delito de cohecho activo –cinco hechos-, en calidad de autor

Jorge Juan Mauricio Balán: presidente de Industrias Juan F. Secco, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Hugo Alberto Dragonetti: ejecutivo de Panedile, en orden al delito de cohecho activo -cinco hechos-, en calidad de autor.

Eduardo Hugo Antranik Eurnekian: Corporación América, en orden al delito de cohecho activo -cuatro hechos-, en calidad de autor.

Rodolfo Armando Poblete: grupo Emepa, en orden al delito de cohecho activo -dos hechos-, en calidad de partícipe necesario.

Francisco Rubén Valenti: ex director de IMPSA, en orden al delito de cohecho activo -13 hechos-, en calidad de partícipe necesario.

Jorge Guillermo Neira: ejecutivo de Electroingeniería, en orden al delito de cohecho activo -20 hechos-, en calidad de partícipe necesario.

Rubén David Aranda: dueño de la constructora Chimen Aike, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de autor.

Miguel Ángel Marconi: dueño de Supercemento, en orden al delito de cohecho activo -tres hechos-, en calidad de partícipe necesario.

Manuel Santos Uribelarrea: ejecutivo del grupo MSU, en orden al delito de cohecho activo –tres hechos-, en calidad de autor.c

César Arturo De Goycoechea: del holding Isolux-Corsan, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de partícipe necesario.

Mario José Maxit: de Isolux-Corsan, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de partícipe necesario.

Alberto Ángel Padoan: presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, en orden al delito de dación de dádivas -doshechos-, en calidad de autor.

Héctor Alberto Zabaleta: Grupo Techint, en orden al delito de cohecho activo -un hecho-, en calidad de partícipe necesario.

En otro de los párrafos del fallo de Bonadío se describe el entramado de pagos que realizaron estos empresarios a los ex funcionarios kirchneristas también implicados, procesados y camino al juicio oral en la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Bajo el subtítulo de "Quiénes Pagaban", el magistrado describe los hechos a partir de los elementos de prueba colectados y los distintos descargos efectuados en las actuaciones.

"Es posible afirmar que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de u$s100 millones, en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015 lo que permit acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita", asegura Bonadío.

Entre estos empresarios y hasta el momento se determinó la participación de Carlos Guillermo Enrique Wagner, con pagos por ESUCO S.A., por u$s1,5 millones en varias oportunidades, recibidos por Roberto Baratta.

También Armando Loson, con coimas de Albanesi por u$4,5 millones, en varias oportunidades; Héctor Javier Sánchez Caballero, que aportó pagos por ODS y IECSA, por orden de Calcaterra por algo más de u$s10 millones.

En el caso de Pescarmona, su ex empresa IMPSA fue representada en los pagos de coimas por Francisco Valenti y el propio Enrique Pescarmona, quienes colaboraron con u$s1,385 millones.

En tanto que los dueños de Electroingeniería, siempre según la causa de Bonadío, aportaron casi la mayor parte de las supuestas coimas, con u$s31,5 millones.

Por su parte, Néstor Otero, se le comprobaron pagos por u$s25.000, en tanto que el Grupo Roggio contribuyó con u$s1,3 millones. Mientras que Manuel Santos Uribelarrea se le comprobaron pagos por u$s1,25 millones, al tiempo que la empresa Supercemento lo hizo con u$s2 millones.