Moratorias previsionales: situación actual, impacto y alternativas legislativas en debate

Las moratorias previsionales en Argentina surgieron en 2005 como un mecanismo para incluir en el sistema jubilatorio a personas que, al llegar a la edad de retiro, no habían acumulado los 30 años de aportes requeridos por ley. Este instrumento permitió simular años de trabajo autónomo no registrados, generando una deuda con el sistema previsional que podía cancelarse en cuotas descontadas del haber jubilatorio. Con el tiempo, el mecanismo se consolidó como una herramienta de acceso a la jubilación para amplios sectores, a pesar de haber sido ideado originalmente como una medida transitoria.

Durante las últimas dos décadas, la vigencia de las moratorias se prorrogó en varias oportunidades: 2014, 2016, 2019 y 2022. Esto facilitó que el porcentaje de cobertura previsional nacional se elevara por encima del 90%. Actualmente, de los aproximadamente 6,7 millones de personas en edad jubilatoria en el país, 4,3 millones accedieron al sistema mediante moratorias, lo que representa una proporción significativa del universo previsional.

El principal argumento que justificó la implementación de las moratorias fue el deterioro del mercado laboral, caracterizado por altos niveles de informalidad y baja participación, especialmente entre las mujeres. Este contexto impedía que una parte significativa de la población alcanzara los años de aporte requeridos por el régimen jubilatorio.

Sin embargo, según un informe pubicado por  el IERAL, la masificación de jubilaciones sin aportes suficientes generó un incremento en el gasto previsional. En 2005, antes de la aplicación de la primera moratoria, Argentina destinaba entre 4% y 6% del PBI al gasto previsional, un nivel similar al de otros países con estructuras demográficas comparables. Para 2017, ese gasto había aumentado al 9,5% del PBI, situación que comenzó a ser considerada financieramente insostenible.

De las moratorias al ordenamiento integral del sistema previsional

La aceleración inflacionaria posterior a 2017 y los cambios sucesivos en la fórmula de movilidad jubilatoria provocaron una caída real del 35% en la jubilación media entre 2017 y 2024. Este ajuste redujo el gasto previsional, que volvió a alinearse con los niveles internacionales. No obstante, este proceso generó consecuencias: quienes accedieron a la jubilación cumpliendo con los 30 años de aportes vieron deteriorarse sus ingresos en mayor proporción que aquellos que ingresaron por moratoria y que, en muchos casos, recibieron bonos compensatorios.

Actualmente, el haber mínimo previsional cuenta con un refuerzo mensual de $70.000, destinado principalmente a quienes perciben jubilaciones a través de moratorias. Esta medida, implementada en 2021 y formalizada en 2022, generó una distribución del ajuste que afectó en mayor medida a los jubilados con aportes completos. Entre 2017 y 2024, los beneficiarios del bono perdieron un 29% de su poder adquisitivo, mientras que quienes no lo reciben vieron una caída del 47%.

Esta situación ha derivado en un conjunto de efectos que impactan negativamente sobre el sistema: aumento de litigios previsionales, desincentivo a la formalización laboral y percepción extendida entre trabajadores activos de que aportar no incide en el haber futuro. A estos efectos se suman las dificultades administrativas que implica gestionar las moratorias y las distorsiones que introducen en la lógica contributiva del sistema.

Con el vencimiento de la última moratoria en marzo de 2024, el Congreso recibió 10 proyectos de ley que proponen diferentes caminos a seguir. Estas iniciativas pueden agruparse en cuatro enfoques principales:

1. Renovación de la moratoria: seis proyectos proponen extender nuevamente el régimen actual.

2. Modificación de la PUAM: un proyecto busca ajustar el monto de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) según los aportes realizados durante la vida laboral.

3. Nuevo esquema proporcional: dos propuestas plantean la creación de un nuevo beneficio jubilatorio que reconozca aportes parciales, es decir, un haber proporcional a los años efectivamente registrados.

4. Transición y reforma estructural: un proyecto contempla una etapa de transición que elimina el requisito de los 30 años para jubilarse y establece como base la PUAM, ajustada según aportes. A largo plazo, propone un ordenamiento integral del sistema con la intervención de una comisión de expertos.

Como alternativa no oficializada, el vencimiento de la moratoria sin la sanción de una nueva norma implicaría que los trabajadores sin aportes suficientes sólo podrían acceder a la PUAM. Este beneficio, actualmente de menor monto que la jubilación mínima, no incluye derecho a pensión por fallecimiento y exige tener 65 años cumplidos. Además, impide trabajar formalmente una vez otorgado, lo que representa una limitación que no aplica a las jubilaciones contributivas.

En términos distributivos, la PUAM presenta otras limitaciones. Ofrece el mismo haber a personas que nunca aportaron y a quienes lo hicieron durante más de 25 años sin llegar al mínimo. Según estimaciones, entre quienes no alcanzan los 30 años exigidos, el 20% tiene más de 25 años de aportes, un 30% entre 10 y 25 años, y el 50% restante menos de 10. Esta homogeneidad en el tratamiento genera críticas por su escasa equidad y sus posibles efectos negativos sobre la formalización laboral.

Frente a estas debilidades, los proyectos que proponen reemplazar las moratorias contemplan mecanismos de proporcionalidad en los haberes, reconociendo los años de aportes en forma parcial. Uno de ellos, impulsado por los legisladores Domingo y Torres, además de establecer un haber escalonado en función del tiempo aportado, propone eliminar la prohibición de trabajar formalmente para los beneficiarios. Asimismo, incluye reformas al cálculo del haber inicial en las jubilaciones contributivas y plantea criterios de sostenibilidad financiera a mediano plazo.

En este contexto, el debate legislativo no se limita a la continuidad o no de la moratoria, sino que abarca cuestiones estructurales del sistema previsional argentino. El desafío consiste en equilibrar inclusión previsional, sostenibilidad financiera y equidad entre quienes realizaron aportes y quienes no pudieron hacerlo, en un escenario donde las condiciones laborales actuales anticipan que sólo uno de cada cuatro trabajadores alcanzará los 30 años de aportes al momento del retiro.

Cualquier decisión legislativa deberá considerar este contexto estructural y evitar soluciones parciales que mantengan los problemas acumulados. La definición del rumbo previsional dependerá, en última instancia, de la voluntad política de avanzar hacia un rediseño del sistema que combine criterios de cobertura, proporcionalidad y sostenibilidad.