Seis impuestos asfixiantes: cuáles son y cómo mejorar el sistema tributario

En los últimos dos años la actividad privada se vio obligada a realizar un traspaso de dinero al sector público, a través de mayores impuestos. El objetivo del aumento de los tributos, fue exclusivamente recaudatorio. Incluso en plena pandemia y cuarentena interminable, los contribuyentes fueron asfixiados por una mayor Presión Fiscal, aún cuando se imponía más bien un "respirador" para ayudarlos en plena crisis económica.

Desde el incremento exponencial, y en algunos casos confiscatorios, de impuestos patrimoniales (Bienes Personales y Aporte Solidario), la suspensión del Pacto Fiscal que disponía la baja de los impuestos locales (Sellos, Ingresos Brutos y Tasas Municipales), la creación del Impuesto País, el aumento de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de las empresas, la suba de Impuestos Internos para productos tecnológicos, la suba gradual de las retenciones a las exportaciones y una larga lista de más aumentos.

 Ante la necesidad de recomponer la relación económica Fisco/Contribuyente se propone las siguientes medidas urgentes:

Impuesto a las ganancias

- Aumento de las deducciones personales (mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia), con actualización semestral de las deducciones y escalas por I.P.C..

- Equiparación del tratamiento de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores en relación de dependencia (Respecto de las Deducciones Personales).

- Derogación de privilegios para funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales por conceptos no remunerativos (vales de combustibles, vivienda, viajes, pago de gastos de educación, etc.

- Eliminación de topes para la deducción de donaciones destinadas a la adquisición de equipamiento hospitalario, instalación de espacios de atención sanitaria, comedores escolares, etc.

- Eliminación de restricciones para el cómputo del "Ajuste por inflación impositivo" en el ejercicio fiscal que se genera.

- Incentivar y promover el desarrollo de determinadas actividades económicas o regiones geográficas mediante la obtención de beneficios fiscales: Amortizaciones aceleradas por nuevas inversiones en bienes de uso y deducción especial por inversiones en construcción de inmuebles, forestación, tecnología, etc.

- Disminuir la alícuota para las empresas al 25% y al 7% para los dividendos.

- Cómputo de quebrantos acumulados sin límite de tiempo con actualización IPC desde su origen.

En los últimos dos años la actividad privada se vio obligada a realizar un traspaso de dinero al sector público

Impuesto al Valor Agregado

- Establecer la libre disponibilidad de los saldos a favor técnicos, permitiendo la devolución, transferencia o compensación.

- Eximición del impuesto para todas aquellas adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por exportadores puros (es decir los que realizan la totalidad de sus ventas en el mercado externo)

Impuesto sobre los bienes personales

- Incorporar el cómputo de pasivos, con una alícuota única del 1% y Mínimo no Imponible de $ 20.000.000 actualizable anualmente por IPC.

Impuesto sobre los ingresos brutos

- Reducción de alícuotas, hasta su eliminación.

- Reformulación de regímenes de retenciones, percepciones y pagos a cuenta, para evitar la generación de saldos a favor.

- Devolución inmediata de los saldos a favor.

Impuesto sobre los débitos y créditos

- Derogación.

Retenciones a las exportaciones

- Derogación.

Los contribuyentes fueron asfixiados por una mayor Presión Fiscal, aún en plena crisis económica

El desafío

En la Argentina, existe Federalismo Fiscal, esto significa que Nación, Provincias y Municipios tienen potestades para establecer tributos (más de 170), con un dato relevante; sólo 11 tributos aportan el 90% de la recaudación, con lo cual están sobrando mas de un centenar. Para reducir la complejidad actual de administrar, recaudar y liquidar esta desmedida cantidad de gravámenes vigentes, es indispensable modificar el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a los efectos de responder un doble objetivo: en primer lugar, cumplir la manda constitucional que estableció un plazo máximo de reformulación de la ley que lleva 25 años en mora; y en segundo lugar, la modificación debe establecer un reparto adecuado de fondos entre jurisdicciones a los efectos de simplificar la cantidad y complejidad de los gravámenes existentes.

Este sería el puntapié inicial para debatir un Sistema Tributario que garantice la estabilidad fiscal, incentive la competitividad, la inversión, las exportaciones y la creación de empleo genuino.

La pregunta que subyace es como financiamos la baja de recaudación.

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La respuesta es que resulta insoslayable debatir políticas bien concretas de austeridad en el gasto público, que adelgace las erogaciones improductivas, no esenciales, evite el despilfarro del esfuerzo y sacrificio de los contribuyentes.