El Congreso de Uruguay debate la legalización de la marihuana

La Cámara de Diputados de Uruguay debe votar este miércoles un proyecto de ley para legalizar la marihuana, que de aprobarse convertirá al país vecino en el primer Estado en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis.

Si el proyecto -lanzado en junio de 2012 en el marco de una serie de medidas para combatir el aumento de la violencia- obtiene mayoría de votos, pasará a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.

"La regulación no es para promover el consumo, el consumo ya existe", aseguró el diputado oficialista Sebastián Sabini, informante de la iniciativa impulsada por el presidente José Mujica. "Lo que estamos haciendo es regular una actividad lícita en nuestro país".

Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.

Mientras el recinto se iba llenando con miembros de ONG defensoras de la legalización, el legislador enfatizó que el negocio del narcotráfico "financia el crimen organizado" y aseguró que "el consumo de cannabis se ha duplicado en los últimos diez años" en el país.

Se prevé un largo debate en la Cámara baja, donde la coalición oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) tiene una ajustada mayoría y donde persisten dudas sobre el voto positivo de algunos senadores.

La norma es rechazada por todos los partidos de la oposición, que cuestionaron el miércoles la iniciativa.

Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, enumeró los efectos del consumo de marihuana sobre la salud y consideró que con el proyecto se está "jugando con fuego".

"¿Estamos dispuestos a enterrar una generación y después darnos cuenta que nos equivocamos, que no vamos a terminar con el mercado negro (...) y que va a haber un aumento del consumo?", cuestionó.

El colorado Richard Sander, en tanto, mostró un video con testimonios de exadictos a la droga, contrarios a la legalización, al tiempo que consideró que el plan gubernamental hace gala de "improvisación".

Un modelo propio

El proyecto de ley prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados.

Tras registrarse, los usuarios podrían comprar un máximo de 40 gramos mensuales de cannabis en las farmacias, pero también se permitirá el autocultivo y el cultivo en clubes de membresía.

Según la última encuesta de la Junta Nacional de Drogas (JND), en Uruguay, un país de 3,2 millones de habitantes, hay unos 20.000 consumidores.

Se estima que en ese país se comercializan unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre u$s30 M y u$s40 M de dólares.

El Gobierno se basó en experiencias de otros países, para elaborar "un modelo propio", informó a la AFP Julio Calzada, secretario general de la JND.

"Es un modelo posible para Uruguay, en las condiciones que Uruguay tiene, de 3 millones y medio de habitantes, de una geografía muy controlable, de una experiencia de producción agrícola y floral muy importante", sostuvo, indicando que el país no quiere "marcarle el camino a nadie".

Respaldos y cuestionamientos

"Es el cambio que estábamos esperando, soluciona toda una hipocresía que tenía la ley anteriormente",sostuvo Juan Vaz, vocero de la Asociación de Estudios del Cannabis, que estima que las cifras oficiales sobre consumo no son reales y que hay unos 200.000 consumidores habituales.

El debate parlamentario ocurre un año después de lanzada la idea por el Gobierno, que en los últimos meses promovió discusiones públicas y una campaña en los medios sobre la iniciativa.

"Hemos abierto un debate que era impensable previamente. Hoy sobre este tema se discute con total normalidad en el conjunto de la sociedad", aseguró Calzada.

De todas formas, según una encuesta de Cifra difundida esta semana, el 63% de la población está en contra del plan del Gobierno.

El hecho de que el cannabis vaya a ser vendido en las farmacias también despertó la resistencia de los químicos farmacéuticos.

"No estamos de acuerdo con la venta de una droga de abuso en una farmacia, que es considerada un centro de salud", indicó Virginia Olmos, presidenta de la Asociación de química y farmacia del Uruguay.

La Asociación aceptaría venderla "si se establecen sus propiedades farmacológicas y se dispensa como un medicamento, bajo prescripción médica", añadió y explicó que si no es así los químicos farmacéuticos evaluarán plantear su objeción de conciencia ante la medida.