Se endurece la negociación entre Milei y las universidades: de qué depende el acuerdo

Con la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, la masiva marcha de este miércoles se volvió imposible de desactivar para el Gobierno, pero las conversaciones sobre el reclamo de actualización de partidas siguen en marcha, aunque por el momento no se ve un acuerdo a la vista.

El documento oficial de la marcha, que fue leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández Piccoli, subrayó que "la situación hoy es más crítica que a comienzos de año", cuando se llevó a cabo la primera movilización. Hizo hincapié en los escasos recursos para afrontar los "gastos de funcionamiento", la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente y el "desfinanciamiento" de la ciencia.

En ese marco, reclamaron a Javier Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición. "No compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI", remarcaron. El documento cerró con la consigna "no al veto", en un doble mensaje: al Presidente, que anunció esa medida, y al Congreso, que deberá definir si la deja en pie o no.

Hasta el momento que terminó la marcha universitaria, el Gobierno no había ninguna señal de rever la decisión de vetar. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que "se armó una cuestión política" con la movilización. Pero el sector universitario dejó en claro que sostendrán el reclamo, por lo que el veto no desactivará el conflicto y, por si fuera poco, el oficialismo no tiene asegurados los votos para sostener el veto a la ley de Financiamiento en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, tanto de un lado como del otro entienden que la negociación debe continuar y que, de alguna manera, el Gobierno tendrá que encontrar un acuerdo con las universidades. Entre los diputados de la oposición, incluidos varios del PRO, creen que de no ocurrir eso podrían encaminarse a un conflicto más grave como el que se vio el año pasado en Chile.

¿Cómo sigue la negociación entre Javier Milei y las universidades después de la marcha?

El último lunes el secretario general de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, se sumó a la reunión que tuvieron Francos y Santiago Caputo, con la cúpula de la CGT. Allí, reiteró el reclamo por el financiamiento y la preocupación por el veto anunciado por Milei; sin embargo, no tuvo una respuesta concreta.

"Ellos dijeron que no podían dar marcha atrás con el veto y Ricci que no se podía desactivar una marcha ya convocada, así que quedaron en seguir hablando después de la movilización", reveló a iProfesional una fuente vinculada a la organización de la protesta universitaria.

A través del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el Gobierno ofreció a los docentes una recomposición del 6,8%, igual al de los empleados de la Administración Pública Nacional, pero fue rechazado.

"Si además del 6,8% hubiesen propuesto seguir charlando sobre otra recomposición para dentro de un mes o dos meses, los docentes cerraban", aseguró a este medio una diputada de la UCR que mantuvo contacto permanente los últimos días con los rectores de las universidades.

Los dirigentes que conocen el ambiente universitario aseguran que "las universidades no quieren el conflicto y a los docentes tampoco les conviene porque la dinámica universitaria no es como la de las escuelas primarias o secundarias; todo esto genera problemas para las cátedras que nadie quiere". Sin embargo, remarcan que no ven "voluntad" por parte del Gobierno.

La oferta rígida del Gobierno y una vía de negociación alternativa

En la Casa Rosada no dejan de señalar que la marcha tiene una motivación política. La presencia de figuras como el presidente de la UCR, Martín Lousteau, el ex candidato presidencial Sergio Massa, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió -además de sindicalistas como el camionero Pablo Moyano- les facilita ese argumento.

No obstante, prestan atención a la negociación de fondo por el financiamiento, aunque dan poco margen para un acuerdo. En el marco de la obsesión de Javier Milei por el "equilibrio fiscal" y por rechazar cualquier gasto que se salga de sus planes, deslizan que, por el momento, no ofrecerán más que el 6,8% para los salarios.

En paralelo, toda la tropa libertaria seguirá el "guión" que armó el equipo de comunicación comandado por Santiago Caputo: que el Gobierno no está en contra del financiamiento de la universidad pública sino de que el Congreso apruebe una ley como esa "sin explicar de dónde saldrá el dinero". A la vez, insistirán en la cuestión de las auditorías sobre los gastos de las casas de altos estudios, que afirman que eso ya lo hace la Auditoría General de la Nación (AGN).  

Sobre esa línea, fuentes del oficialismo deslizaron a iProfesional que en las últimas horas la Casa Rosada abrió otra vía de negociación para el corto plazo, que no involucra directamente a los sindicatos sino a los diputados que respaldan el reclamo: discutir el financiamiento de las universidades dentro del debate sobre el Presupuesto 2025, que empezará el próximo martes en las comisiones.

El Presupuesto 2025, en la mira de las universidades

Todo esto supone más de un inconveniente para la negociación. Por un lado, el documento que se leyó en la marcha señaló que "el Gobierno busca desmantelar la paritaria nacional docente" y una de las formas de hacerlo es equiparar "esa paritaria a la de la Administración Pública Nacional". Esto implica un rechazo llano al 6,8% que el Ejecutivo no estaría dispuesto a superar.

Por otro lado, el conflicto pone una presión adicional sobre el debate del Presupuesto 2025 porque el sector universitario ya lo puso en la mira. Durante el acto frente al Congreso, el referente de la CGT, Sergio Romero, aseguró que en el proyecto "hay un desfinanciamieto muy marcado para el sistema educativo" y el documento oficial de la marcha también pidió que el Gobierno "reconsidere" los cálculos que figuran allí.

"Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de Presupuesto para 2025 no se modifica, la situación de las universidades y del sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso", leyó Fernández Piccoli.

Esa referencia al Presupuesto 2025 y la ventana que abrió la Casa Rosada para discutir el financiamiento universitario en ese marco sugiere una posibilidad de que el acuerdo se logre durante ese debate al que se encamina el Congreso, pero por el momento no hay garantías para ello.

Qué planteó el documento oficial de la marcha universitaria

El documento que elaboró la FUA fue muy crítico del Gobierno, a la vez que contundente en el reclamo. En primer lugar, afirmó que las respuestas que recibieron después de la primera movilización en abril "prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver estructuralmente los problemas".

La comunidad universitaria señaló que hay una "campaña que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para justificar la desjerarquización" de los profesionales del área y acusaron al Gobierno de tener "frivolidad, destrato y crueldad".

Tras asegurar que la pérdida del poder adquisitivo es "de una gravedad inusitada", con muchos "docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia", el documento advirtió que "esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento".

Entre críticas a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y advertencias sobre la crisis "más profunda" y casi "terminal" que "atraviesa el sistema científico", las universidades remarcaron que "lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina".

"La comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación y el país que toda la sociedad anhela", advirtió el documento, en una confirmación de que el conflicto por el financiamiento universitario se profundizará si el gobierno de Javier Milei no encuentra un punto de acuerdo en la negociación con un sector que es central y estratégico en muchos aspectos. Uno es la educación y otro es la política.