Aranguren: dirigir firmas off shore "no constituye delito per se ni viola la ley"
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El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, salió a dar precisiones sobre las notas que lo mencionan en la filtración masiva conocida como Paradise Papers, donde apareció relacionado con compañías offshores.
Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados.
Según Aranguren, "ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell plc es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses".
Agrega, además, que "operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras".
Aranguren explica que las notas y comentarios periodísticos relacionan estas actividades de mi etapa laboral en Shell con las compras de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil, a través de ENARSA y CAMMESA, respectivamente, realizadas durante la actual gestión de gobierno.
"Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de í‰tica en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo", señala, a la vez que agrega que "todas las licitaciones, cualquiera sea el adjudicatario, se adjudican a la oferta más conveniente para el erario".
"Sin embargo, cuando la oferta seleccionada es de Shell me abstengo de intervenir y ordeno el envío de las actuaciones al Ministro de Producción, que me subroga como consecuencia de mi excusación en todo lo relacionado particularmente a mi anterior empleador, conforme lo aprobara el Presidente Macri por el decreto 1006/2016", observa.
Aranguren agrega que "por instrucciones mías, ENARSA ha remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a la SIGEN toda la documentación de las licitaciones adjudicadas a Shell, que es una de las 10 empresas a las que se le han adjudicado licitaciones de GNL durante 2017, incluyendo las ofertas de todos sus competidores, antes de concretar la adjudicación, a fin de que verifiquen la regularidad del procedimiento; más allá de que la SIGEN controla lo actuado por ENARSA a través de la Comisión Fiscalizadora de la empresa".
El funcionario explica que "no he tenido intervención alguna en compras de gasoil importado realizadas por CAMMESA, que fueron consecuencia de licitaciones internacionales llevadas adelante por YPF en virtud de un acuerdo entre ambas empresas, y las que fueron auditadas por SIGEN, verificándose que en todo momento he cumplido con mi deber de abstención".
La mención a las compras de gas licuado viene al caso porque sectores de la oposición advirtieron que, así como De Vido está preso por una causa relacionada a esas operaciones, Aranguren debería también dar explicaciones.
"Para aquellos que aún tengan dudas, los invito a ingresar a las páginas web de ENARSA y CAMMESA donde encontrarán por ejemplo todos los cargamentos de GNL adjudicados, con información de barco, puerto de origen, vendedor, fórmula de precio, precio, cantidad y monto facturado. Antes de la llegada del gobierno de CAMBIEMOS no había información pública sobre estas adjudicaciones", dice el titular de la cartera de Energía y Minería.
Por último recuerda que "en septiembre de 2016 me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo. Dejé constancia de los montos percibidos ante escribano público y en mi última Declaración Jurada correspondiente al año 2016 presentada ante la Oficina Anticorrupción".