La Corte Suprema de Justicia avaló el cierre de supermercados todos los domingos del año
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló una ordenanza municipal de la ciudad cordobesa de Arroyito que prohíbe a los supermercados abrir todos los domingos del año.
La ordenanza 1.660, sancionada en agosto de 2014 bajo el título de "Descanso dominical del trabajador", prohibió a los supermercados con 100 o más metros cuadrados abrir los domingos y estableció multas progresivas para quienes la incumplieran que, incluso, llegan a la clausura definitiva del comercio.
En respuesta, el comerciante local de origen chino Jinchui Shi interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Municipalidad y llegó a obtener un fallo favorable en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
El supermercadista argumentó que la norma local "los obliga a cerrar sus puertas al público los domingos, en forma discriminatoria, con lo que se lesionan sus derechos adquiridos de ejercer el comercio y de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional) sin que la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito tenga competencia para ello, por ser materia de derecho común, que está delegada al gobierno federal y que, por ser poder delegado, no puede volver a ser ejercido por las provincias, siguiendo igual limitación la autonomía municipal".
La Municipalidad respondió que la medida rige desde el 3 de octubre de 2003, cuando se firmó un acta acuerdo con todos propietarios de supermercados de Arroyito, el Agregado Parroquial y el Sindicato de Empleados de Comercio, para otorgar el beneficio a los trabajadores, y que ese acuerdo fue ratificado el 6 de junio de 2014 con una segunda acta. Pero remarcó que Jinchui Shi no cumplió los pactos y esa decisión generó "malestar" en sus competidores, por lo que el intendente se vio obligado a enviar la ordenanza a la Legislatura local, que luego el comerciante recurrió judicialmente.
El caso llegó al Tribunal Superior de Córdoba, quien consideró que la ordenanza era inconstitucional y citó que la legislación en materia de descanso semanal está contemplada por un plexo normativo que tiene como base el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el régimen reglado de manera uniforme para toda la Nación por la ley 18.204.
Así, los jueces supremos cordobeses consideraron que "la restricción resulta inconstitucional porque el municipio no tiene competencia para regular la materia abordada y, al hacerlo, ha invadido la esfera de atribuciones de otros órdenes de gobierno".
Sin embargo, el Municipio apeló la decisión al considerar que solo busca "proteger a pequeños y medianos comerciantes y a los trabajadores en relación de dependencia", y el caso terminó llegando a la Corte Suprema que, como en casos controversiales, realizó a una audiencia pública para escuchar a las partes y a los "amigos del tribunal" (amicus curiae) que ofrezcan elementos de juicio para fundar una decisión. De la audiencia participaron empresarios y hasta representantes de la Iglesia.
El fallo
Luego de la audiencia, el máximo tribunal emitió un nuevo fallo y avaló la ordenanza con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, quien presentó un voto concurrente y coincidente con los puntos del 1 al 6 del voto de los otros dos jueces.
Los magistrados consideraron que la ordenanza fue dictada con "fines constitucionalmente válidos y de competencia material del Municipio (tales como el fortalecimiento del vínculo familiar, la protección de pequeños y medianos comerciantes sin afectar negativamente los márgenes de ganancias de los supermercados, los intereses de los consumidores) y guarda proporcionalidad con tales fines, sin que se encuentre afectado el contenido esencial de la libertad de comercio, pues habilita su ejercicio pleno en los restantes horarios disponibles".
Los jueces entendieron que los municipios son "independientes" de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten, y en particular, tras la reforma de 1987 de la Constitución de Córdoba. Esa reforma reconoce a los municipios facultades propias de legislar en las materias que define y que le son exclusivas ‘en la búsqueda de un municipio ampliamente participativo y eficaz’.
Con la reforma, los constituyentes provinciales atribuyeron además "la posibilidad a los municipios del ejercicio de cualquier función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado".
Por ese motivo, los tres jueces de la Corte aseguraron que la ordenanza no incurre en una "reglamentación irrazonable o desproporcionada" y que posee fines "constitucionalmente válidos" y de competencia material del Municipio, tales como el fortalecimiento del vínculo familiar y la protección de pequeños y medianos comerciantes, pero sin afectar negativamente los márgenes de ganancia de los supermercados y los intereses de los consumidores.
Asimismo, determinaron que la sentencia de la Corte provincial "ha invadido la esfera de competencia reservada" al Congreso, y lesionando el artículo 75 inciso 12 de la Constitución, lo que resulta "irrazonable" y, por lo tanto, debe ser "descalificada".
El voto de la minoría
Otra mirada tuvieron Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. El presidente de la Corte y la jueza expusieron en su voto negativo (por la minoría) que "si bien no se desconocen las facultades que el Municipio tiene en ejercicio del poder de policía, como es la fijación de los horarios de apertura y cierre, el ejercicio de dichas facultades, sin embargo, no puede desnaturalizar los aspectos del contrato de trabajo regulados por el derecho común, como lo es el relativo al descanso dominical".
Sin embargo, la Corte avaló por mayoría la "legitimidad democrática" de la decisión de la comunidad vecinal de Arroyito de cerrar los domingos adoptada en las actas, tras las dos asambleas públicas separadas por diez años en el tiempo (2003 y 2014), y recalcó que la medida "tiene como objeto proteger un estilo de vida comunitario asumido por los vecinos y decidido por un amplio consenso".