Inversiones en Argentina, forzadas a adoptar un particular modelo: compras oportunistas y negocios con el Estado
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Una sensación ambigua se percibe en el mercado en estos días: por un lado, una fuerte recuperación en algunos sectores, como quedó evidenciado en el último informe sobre la recuperación de la industria, que ya funciona a niveles superiores a la fase pre-pandemia. Pero, al mismo tiempo, la sospecha de que ese crecimiento no sea duradero, al no estar basado en nuevas inversiones sino en aprovechar la capacidad ociosa del aparato industrial.
Claro, en comparación con el fondo del pozo -a mediados del año pasado las industrias tenían un pavoroso 58% de su estructura inutilizada-, el 43% que el Indec acaba de medir para el arranque del año no luce como un mal número.
Pero lo cierto es que el Gobierno sigue preocupado por el bajo dinamismo de muchos rubros de la economía, incluyendo el consumo. Por eso, una de sus prioridades a nivel de comunicación es convencer de que la recuperación argentina no se limita apenas al célebre "rebote del gato muerto", que es como se llama en la jerga de los analistas a la mejora que experimenta toda economía luego de una recesión profunda, más por un efecto estadístico que por una retomada real del crecimiento.
Para colmo, en los sectores donde se está verificando un mayor crecimiento empiezan a evidenciarse cuellos de botella. De manera que el lado B del crecimiento es la nueva presión inflacionaria, como quedó en evidencia con el último dato del índice de precios mayoristas.
El 6,1% registrado en febrero -la cifra más alta en un año y medio- pone de manifiesto esa situación, así como el reacomodamiento de precios relativos, dado que productos que habían quedado baratos por un efecto cambiario fueron objeto de una repentina demanda. Es algo que se ve con claridad en la construcción, donde el ajuste de los precios registró un preocupante incremento de 5%.
Y la perspectiva no es positiva, porque entre los precios que más subieron figuran insumos importados, que tuvieron un incremento de 7,4%. Es una mala señal por la posibilidad de contagio al resto de los precios y que, de alguna forma, explica la decisión oficial de "anestesiar" al dólar oficial.
Es en ese contexto que el Gobierno ha levantado la apuesta, con la reciente afirmación de Guzmán de que la economía crecerá al 7%, por encima de la previsión original de 5,5%.
Y para llegar a ese objetivo sin que la presión inflacionaria se transforme en un obstáculo, ha salido a pedirles a los empresarios que incrementen sus niveles de inversión. Por ejemplo, Alberto Fernández realizó una videoconferencia, con 18 grandes fondos de inversión de diversas procedencias -había empresarios rusos, chinos, estadounidenses, indios y hasta de países que habitualmente no aparecen ligados a Argentina, como Kuwait, Azerbaiján, Tailandia y Omán-.
Se volvió a hablar de Vaca Muerta y las tradicionales áreas donde el país tiene un alto potencial y a todos los inversores se les explicó que el país ofrece grandes oportunidades en proyectos de infraestructura y que no serían tratados de manera diferente que los empresarios locales.
Temporada de ofertas
Pero hay un problema: para que la economía crezca, se necesita una suba fuerte de la tasa de inversión, el secreto detrás de los países que crecen a "tasas chinas". En sus mejores momentos -cuando la economía arrancó tras la caída de 2002- Argentina llevó esa tasa al 24%, pero en los últimos años bajó a niveles inferiores al 20 y con una tendencia a la caída.
El nivel de inversión sobre el PBI alcanzó el año pasado un mínimo histórico de 9,5%. Las estimaciones de los economistas indican que, medido en plata, hubo un desplome del 25% en las inversiones hechas por el sector privado. Ante esa situación, el Gobierno se planteó un incremento en torno al 18%.
Aun así, pocos creen que, medido en términos de tasa de inversión sobre el PBI, eso implique un número muy impactante. Por caso, el economista Pablo Besmedrisnik, director de Invenómica, que se dedica a analizar los factores que inciden sobre la tasa de inversión, estima que se podría llegar a un 12%, una tasa mediocre comparada incluso con el resto de la región e incluso con los mejores años de la última década argentina, en que se llegó a 19%.
Desde su punto de vista, la inversión que se verá este año será la "oportunista", típica de cuando, tras una crisis, hay activos que quedaron muy depreciados.
Y lo cierto es que tanto los funcionarios como los empresarios vienen advirtiendo que muchas empresas argentinas están quedando a precios de ganga y sujetos a compras oportunistas. Como medida de comparación, las acciones de las principales empresas argentinas según el índice Merval, tienen hoy una valorización bursátil de apenas un 18% de lo que habían alcanzado tres años atrás.
Y esa percepción parece confirmarse por las afirmaciones de inversores globales como Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura (hedge fund) del mundo, uno de los que estuvo presente en la videoconferencia con Alberto Fernández.
Su prédica es que "el dinero cash es basura" y alienta a todos los inversores a comprar activos reales. Poco después de escuchar al Presidente argentino, escribió: "La economía de la inversión en bonos (y en la mayoría de los activos financieros) se ha vuelto estúpida. En lugar de cobrar menos que la inflación, ¿por qué no comprar en su lugar cosas -cualquier cosa- que la iguale o la supere?", preguntaba.
¿Es inviable invertir sin el socio estatal?
Lo cierto es que la falta de inversión es la piedra en el zapato. Y como destacó el ex ministro Hernán Lacunza, una prueba de ello es que la recuperación del mercado laboral se está dando sobre todo en el segmento informal y entre cuentapropistas, pero no a nivel de nuevos empleados en blanco en el sector empresarial formal.
Una situación que Lacunza atribuye a la creciente presión tributaria, como la reciente recategorización de Ganancias que lleva a que una pyme que gane $108.000 mensuales deba tributar el impuesto.
Lo cierto es que, pese a la recuperación económica, nadie espera una explosión productiva. Y en la encuesta REM que realiza el Banco Central, los economistas pronostican que el desempleo abierto seguirá alta, con un pico de 11,7% a mediados de año.
Además, la falta de inversión se evidencia también en la situación de desajuste de precios relativos está llevando a conflictos intrasectoriales, en los que las diferentes partes de la cadena productiva se culpan mutuamente por los incrementos de precios o por los faltantes de insumos. Por caso, sectores como la carne -uno de los que más preocupa al Gobierno por su tendencia a la suba de precios- muestra una caída en la inversión, que se manifiesta en la tendencia a la disminución del stock vacuno.
Pero la advertencia de los empresarios es que las medidas intervencionistas del Gobierno -las trabas al comercio exterior, los controles sobre precios y stocks- lejos de corregir la situación, llevan a que haya una menor disposición a invertir.
El propio Presidente admitió tácitamente las dificultades en ese sentido, al afirmar: "La posibilidad de que Argentina se convierta en un productor de alimentos del mundo es muy cierta, pero lo que falta son inversiones que monten esas industrias para elaborar la producción primaria local".
En ese contexto de escepticismo, la idea que empieza a instalarse entre los analistas es que el principal tipo de inversión que cuenta con chances de concreción es de tipo "filo estatal". Es decir, en sectores donde haya una negociación previa con el Estado que asegure determinados parámetros que no son posibles en el sector privado.
Esa percepción se intensifica en la medida en que aumenta la presión impositiva. Fue algo que puso en claro un documento del Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a más de 60 cámaras, había hecho una advertencia pública al respecto.
"Queremos seguir invirtiendo, crear empleo, generar riqueza… Es nuestra vocación y voluntad, y estamos convencidos de que de ese modo haremos una gran contribución para eliminar la pobreza, pero precisamos condiciones al menos similares a las de nuestros competidores en América Latina", afirmaba el comunicado. Y, además de las consabidas críticas a la inflación, ponía el foco en que la presión impositiva resulta el doble que en el promedio de la región, mientras el costo de capital es cuatro veces más caro.
Ese tono escéptico de está haciendo sentir tanto entre los analistas como en los propios inversores.
"Un país con un impuesto a la riqueza que parte de una tasa del 2% sobre el total de los activos, impuesto a las ganancias del 40%, bienes personales con un piso del 0,75% (una probable suba de alícuotas para el año 2021), más una inflación proyectada del 45% anual con balances que no se pueden actualizar por inflación, hacen de Argentina un país inviable para la inversión extranjera", criticó el consultor Salvador Di Stefano, en alusión a la invitación hecha por el Presidente a los fondos extranjeros.
En tanto, el economista Gustavo Lazzari, uno que viene llevando una fuerte prédica contra la presión impositiva, pronostica que la única inversión que resultará viable en el actual contexto es alguna en la cual el Estado tenga injerencia como socio.
"Las empresas argentinas están muy a la defensiva, porque su horizonte de visibilidad para hacer negocios es nulo. Hoy Argentina es hostil a que la gente invierta. Si te va medianamente mal te suben Ganancias. Si te va un poco mejor, te sacan toda la utilidad del flujo, el excedente con el impuesto a la riqueza, y además te ponen una prohibición de importar", afirma.
Su argumento es que la única inversión real que hunda capital será aquella en la cual el Estado aparezca como asociado o garante de ganancias, en determinados sectores definidos como estratégicos.
Los nuevos formatos de negocios en la "economía vudú"
En esa misma línea, el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, en un artículo en el que califica a la política oficial como "economía vudú", destaca que el mismo Gobierno es consciente de cuándo el exceso regulatorio le juega en contra del nivel de actividad.
Recordó que, en el caso de los combustibles, se justificaron los incrementos de precios para no entorpecer la generación de caja a YPF, sin lo cual no podría cumplir su plan de inversiones.
"En alguna medida esto es consecuencia del elevado riesgo país y de la decisión del BCRA de forzar a las empresas a renegociar el 60% de sus vencimientos de deuda externa para poder seguir accediendo al mercado oficial de cambios para pagar el 40% restante. Con poco o nulo acceso al crédito internacional y con un mercado de capitales chico, las inversiones se deben financiar con flujo interno de fondos", agregó Artana.
Y pronosticó que una situación similar deberá ocurrir en algún momento en el rubro del gas: "Si no hay un precio que cubra los costos, la inversión se para y ello impacta en la producción en uno o dos años. La magia del vudú se corta rápido cuando pesan menos las inversiones hundidas que se pueden ‘expropiar’ sutilmente vía congelamientos de precios".
Por lo pronto, el Gobierno está teniendo respuesta en esa área. Un caso que causó conmoción a comienzos de año fue el cambio de manos de Edenor, que dejó de estar en manos de Marcelo Mindlin, un "experto en mercados regulados" que se resignó a vender en u$s100 millones el 51% de las acciones de Edenor que controlaba el grupo Pampa.
Bajo su nuevo formato y la bendición de Sergio Massa, los nuevos accionistas se comprometieron a invertir en infraestructura sin poner como condición una suba desmesurada de las tarifas. Ante lo cual surgió la sospecha de que el grupo controlante podrá recibir beneficios compensatorios en otras actividades, dado que son proveedores exclusivos de cloro para Aysa.
En tanto, el Gobierno sigue promocionando la inversión en los sectores de shale gas, en el litio y en la agroindustria. De momento, hubo quienes recogieron el guante. Por ejemplo, el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, que administra u$s5 billones, dijo que los socios del fondo "han manifestado interés en utilizar su potencial y experiencia para proyectos en conjunto con Argentina".
Por lo pronto, el Gobierno aspira a que, gracias a un nuevo gasoducto que costaría u$s2.300 millones, se pueda dejar de importar gas licuado, con lo cual se liberaría de sacrificar reservas de u$s1.100 millones por año.
Por esa senda parece ir la búsqueda de la mejora en la tasa de inversión argentina. Y todos presumen que no será gratis.